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- Con apenas siete meses en la presidencia, el mandatario peruano enfrenta su segundo proceso de destitución. A su incapacidad para mantener un gabinete ministerial estable se han sumado fuertes protestas ciudadanas y una nueva moción de vacancia que esta vez sí podría apartarlo del poder. Foto principal: EFE
Para Pedro Castillo ser presidente de Perú no ha sido nada fácil. Él mismo lo reconoció en una entrevista a CNN en el mes de enero. “Nunca pasé por una luna de miel como se ha dado en los demás gobiernos y quién sabe esta forma de aprender en el mismo proceso”, dijo. Ahora, con siete meses al frente del país, parece todavía no superar la lección, y el Congreso intenta destituirlo por segunda vez a través de una moción de vacancia.
El Parlamento acordó el 14 de marzo de 2022 iniciar el debate para el juicio político contra el presidente. La votación se programó para el próximo 28 de marzo, fecha en la que Castillo cumplirá ocho meses de su juramentación. Aunque tendrá derecho a presentarse ante la Cámara para su defensa, esta vez posee todos los factores en contra, quedando latente la posibilidad de que su mandato finalice de manera prematura en caso de que la moción resulte aprobada.
Las razones de la rápida caída en la popularidad de Castillo trascienden a su propio gobierno. Antes de su elección como presidente, el exsindicalista no poseía experiencia previa en la administración pública, lo cual se evidenció en una gestión marcada por la improvisación y la polémica. Sin embargo, también refleja las costuras de un sistema político frágil, precedido por la crisis desatada con la destitución del entonces presidente Martín Vizcarra en 2020, y de la cual Perú no se ha logrado recuperar del todo.
Gobierno volátil
Si por algo se han caracterizado los siete meses de Pedro Castillo en la Casa de Pizarro, ha sido por su inestabilidad. En este lapso de tiempo ya ha pasado por cuatro equipos de gobierno, debido a las constantes renuncias de sus ministros. La incapacidad para establecer alianzas duraderas con otros partidos, la injerencia de su propia tolda, Perú Libre, además de la inexperiencia y desventuras de sus funcionarios han obligado a renovar con frecuencia cada despacho.
La primera crisis ocurrió apenas con unas horas en la presidencia. El 29 de julio de 2021, Castillo nombró a su Consejo de Ministros, presidido por el congresista de Perú Libre, Guido Bellido. Su elección resultó polémica debido a la postura de ultraizquierda del nuevo primer ministro, así como por sus comentarios homofóbicos y apología al grupo terrorista Sendero Luminoso.
Esto causó indignación entre las figuras más moderadas, como Pedro Francke, quien inicialmente rechazó el Ministerio de Economía y Finanzas, aunque terminó aceptando para calmar el pánico en los mercados. Como consecuencia, la juramentación de los ministros en el Gran Teatro Nacional debió postergarse casi hasta la madrugada, mientras Castillo buscaba sustitutos y enfrentaba la salida de otras fichas de su equipo, como los asesores Julio Arbizu y Ronald Gamarra.
Al final, con sus parches de último minuto, el gabinete Bellido logró recibir la aprobación del Congreso, aunque no duró mucho. El 17 de agosto de 2021, el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, renunció tras hacer una polémica declaración sobre la Marina peruana que causó malestar en el seno militar. El propio Bellido también entregó su cargo el 6 de octubre, por recomendación de Castillo, debido a las investigaciones en su contra por lavado de dinero. De acuerdo con las leyes peruanas, al renunciar el premier, se disuelve automáticamente el Consejo de Ministros, por lo que Castillo debió reestructurar todo su gobierno.
El presidente intentó entonces formar un nuevo gabinete mucho más moderado y alejado de la influencia de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Ante las críticas anteriores por la poca equidad de género, nombró ese mismo día como primera ministra a la abogada y activista Mirtha Vásquez, y elevó de dos a cinco el número de mujeres al frente de ministerios. Sin embargo, el nuevo gobierno también tuvo fuertes polémicas, como la renuncia a pocos días de su juramentación del ministro del Interior, Luis Barranzuela, por organizar una fiesta en plena cuarentena por la pandemia de covid-19, siendo reemplazado por Avelino Guillén. En los meses siguientes, por diferentes razones, también renunciaron sus ministros de Defensa, Educación (interpelado por el Congreso) y el propio Guillén en enero de 2022, tras denunciar la intervención del presidente en los ascensos de la Policía Nacional.
Un día después de la renuncia de Guillén, el 31 de enero de 2022, Vásquez también presentó su dimisión, alegando la imposibilidad de lograr consensos y al rechazo que generaba en las filas de Perú Libre. Nuevamente, Castillo debió renovar el Consejo de Ministros, apelando esta vez al congresista Héctor Valer. Su elección volvió a encender alarmas en la oposición, debido a su historial de declaraciones misóginas y acusaciones por maltrato a su esposa. Ante la ola de críticas contra el nuevo premier, Castillo anunció su cuarta reestructuración del gobierno, y Valer renunció el 8 de febrero sin siquiera haber recibido el voto de confianza del Congreso. Fue sustituido por Aníbal Torres, a quien ya le renunció el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, luego de conocer la solicitud de moción de vacancia contra Castillo.
Popularidad en baja
Los constantes cambios en el tren ministerial de Castillo le han impedido mantener una política coherente durante estos meses, limitándose a atender la vacunación contra el covid-19. Hasta ahora, su gobierno solo ha presentado como medidas importantes la regulación de los precios del gas licuado y la propuesta para la segunda reforma agraria. Esto por supuesto ha hecho que sus índices de popularidad vayan en picada.
Una encuesta encargada por el periódico El Comercio a la firma Datum mostró que si bien la aprobación de Castillo creció ligeramente entre agosto y septiembre de 2021 de 39 % a 42 %, tras la disolución de su primer gabinete bajó a 40 %, manteniéndose así hasta diciembre, cuando cayó a 32 %. Ahora, en febrero de 2022, llegó a su mínimo histórico con 24 %. Ese mismo estudio arrojó que 81 % de los peruanos considera que el presidente no sabe elegir bien a sus funcionarios. Por su parte, la encuestadora Ipsos coincide al darle 25 % de aprobación, siendo la más baja de un mandatario en su primer semestre, desde el 27 % de Alejandro Toledo en febrero de 2002.
Esta situación se ha reflejado en las calles. Ya en agosto, Lima fue testigo de las primeras marchas multitudinarias contra el gobierno Castillo. Ahora, ante las puertas de la vacancia, se han incrementado las protestas a favor de destituir al presidente. El 14 de marzo de 2022, al acudir al Palacio Legislativo para dar un discurso ante el Congreso, fue recibido por una multitud que, lejos de apoyarlo, exigían su renuncia, lo que hizo desplegar los grupos antimotines alrededor del recinto. También han habido marchas de simpatizantes de Castillo, quienes se han concentrado incluso frente a la casa de la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva.
Acusaciones e investigaciones
Las polémicas salpican también al propio Castillo, quien ya ha recibido varias acusaciones por corrupción y tráfico de influencias. Por ejemplo, en noviembre de 2021, los comandantes del Ejército y la Aviación, Luis Alberto Vizcarra y Jorge Luis Chaparro, denunciaron que fueron retirados de sus cargos por negarse a aceptar la promoción de un grupo de oficiales recomendados por el presidente, pero que no cumplían con las calificaciones necesarias. La forma irregular en que se manejaron los ascensos llevó a la renuncia días después del ministro de Defensa, Walter Ayala.
Este escándalo llevó al Ministerio Público a abrir una investigación por presunto tráfico de influencias, en la que Castillo fue llamado a declarar. El 19 de noviembre de 2021, la Fiscalía realizó un inédito allanamiento en el palacio de gobierno. En el operativo, se encontraron 20.000 dólares en efectivo en el baño de la oficina del secretario presidencial, Bruno Pacheco. Aunque aseguró que había sido obtenido legalmente, el funcionario no se salvó de las acusaciones por ser el responsable de las presiones contra los comandantes en los ascensos. También fue señalado de extorsionar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) para favorecer a empresarios aliados de Castillo en contrataciones públicas. El 24 de noviembre, Pacheco renunció a su cargo.
La investigación de la Fiscalía impulsó el primer intento de moción de vacancia contra Castillo en el Parlamento. La bancada opositora también argumentó su poco apego a la institucionalidad al despachar asuntos de Estado desde su residencia, en lugar del palacio presidencial. Precisamente allí surgieron denuncias de presuntas reuniones secretas del mandatario con empresarios y funcionarios de instancias como la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Además, miembros de Perú Libre han frecuentado su casa, alimentando los rumores de un “gobierno en las sombras”. Ciertamente, varios exministros han insinuado que muchas decisiones se toman fuera del Ejecutivo.
Entre los asistentes de la residencia presidencial estuvo la empresaria Karemlin López. Reconocida como una lobbista de larga trayectoria desde la época del fujimorismo, sus visitas también quedaron registradas en los libros de la Casa de Pizarro, sobre todo en octubre de 2021. El Ministerio Público le abrió una investigación por un caso de irregularidades en la concesión de la obra del puente Tarata a la empresa Provías, y que involucró a Bruno Pacheco. López se ofreció rápidamente como colaboradora ante la justicia, y de acuerdo con El Comercio, ha acusado a Castillo de formar parte de una red de corrupción que opera dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa estatal Petroperú.
Segundo intento
Las declaraciones de Karemlin López y las investigaciones por los casos Provías y Petroperú impulsaron este nuevo intento de destitución por parte del Congreso. El legislador Jorge Montoya, del partido Renovación Popular, lo solicitó el 8 de marzo de 2022 por la “permanente incapacidad moral” del presidente. Contó con el apoyo del fujimorista Fuerza Popular y los conservadores Acción Popular, Avanza País y Podemos Perú.
El primer debate se pautó para el 14 de marzo. Aunque Castillo intentó postergar la sesión solicitando un derecho de palabra para ese día, tras su discurso los parlamentarios emprendieron la votación. Con 76 votos a favor, 41 en contra y 1 abstención, se dio inicio al debate para la moción, que se realizará el 28 de marzo. Teniendo una mayoría parlamentaria opositora, e incluso el apoyo de algunos miembros de Perú Libre, muchos expertos vaticinan que la destitución del presidente podría concretarse en esta oportunidad.
Ya el noviembre de 2021, Avanza País y Renovación Popular habían hecho una solicitud, la cual no pasó de su primera discusión. De los 52 votos necesarios para aprobarse, recibió solo 46, frente 76 en contra y cuatro abstenciones. En ese momento, las facciones más derechistas habían conseguido el apoyo de Fuerza Popular, pero no de los partidos más moderados y tradicionales.
De larga data
La moción de vacancia es una vieja conocida en la política peruana. De acuerdo al artículo 113 de la Constitución de Perú, el Congreso puede declarar la vacancia del presidente por incapacidad moral o física. Solo se necesita el 40 % de votos a favor para ser activada, y se aprueba por mayoría calificada. Durante 117 años, en los siglos XIX y XX, solo se había aplicado en tres oportunidades. Fue la carta que permitió la salida de Alberto Fujimori en el año 2000; y desde entonces, se convirtió en la herramienta preferida del Poder Legislativo para dirimir sus disputas con el Ejecutivo.
Por ejemplo, en diciembre de 2017 se intentó usar contra Pedro Pablo Kuczynski a raíz de las investigaciones a la constructora brasileña Odebrecht. Aunque salió bien librado a la primera, el presidente renunció el 21 de marzo de 2018, un día antes de su segundo pedido de moción. Le tocó entonces a su vicepresidente, Martín Vizcarra, completar su periodo presidencial; sin embargo, también debió enfrentar una crisis institucional que le llevó a disolver el Congreso en 2019. Posteriormente, en septiembre de 2020, el Parlamento intentó destituirlo sin éxito. Solo dos meses después, en noviembre, consiguieron la vacancia de Vizcarra. Esto provocó un conflicto sucesorio, en el que Perú llegó a tener tres presidentes distintos en un lapso de dos semanas.
A las 3:00 pm del 28 de marzo de 2022, el futuro de Perú volverá a quedar a manos de su Congreso. De aprobarse la destitución de Pedro Castillo, el país volverá a la misma incertidumbre de dos años atrás. A ese malestar con las clases políticas que precisamente llevó al dirigente ultraizquierdista a ganar las elecciones, por encima de los demás candidatos convencionales. Solo ese día se sabrá si el presidente llegará a cumplir su primer año en el poder.
