• La jueza Yoyreli Mata Granados dictó un fallo a favor de Steven García y lo absolvió de los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía o por motivos fútiles o innobles, asociación para delinquir y obstrucción a vías públicas

El preso político Steven Ricardo García Sanz fue puesto en libertad este sábado 2 de abril luego de haber estado preso durante seis años. El joven fue detenido de forma arbitraria en 2016 tras haber sido señalado por Diosdado Cabello de ser el responsable del asesinato de una maestra chilena en Mérida.

La liberación de García se produce luego de que la jueza Yoyreli Mata Granados dictara un fallo a su favor al absolverlo de los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía o por motivos fútiles o innobles, asociación para delinquir y obstrucción a vías públicas.

La noticia sobre su liberación fue publicada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH ULA)en la ciudad de Mérida, quienes se encargaron de la defensa de García.

Tiempo en prisión. Steven Ricardo García Sanz permaneció tras las rejas por seis años.

“La jueza provisoria del caso, Yoyreli Mata Granados, dictaminó libertad plena por no existir ninguna prueba que lo incrimine en el asesinato de Gisella Rubilar, cometido en Mérida en marzo de 2014, en el marco de las protestas sociales realizadas ese año”, indicó la organización.

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Caso sin evidencias

Liberaron a Steven García, preso político que estuvo privado de libertad desde 2016

Desde ODH ULA indicaron que pese a que no existían pruebas incriminatorias en contra de su representado, los responsables de la Fiscalía solicitaron de manera reiterativa que el preso político fuera condenado por los delitos que se le imputaban. 

Agregaron que durante todo el proceso judicial los responsables de la Fiscalía fueron incapaces de presentar una sola evidencia o testigo que inculpara a García.

Por estos motivos, así como por otras irregularidades en el caso, exigieron que los fiscales Dayana González y Franklin Rangel sean sometidos a un proceso disciplinario y destituidos por mal ejercicio de sus funciones y por violar los estándares nacionales e internacionales referidos a su debida actuación.

“La jueza Yoyreli Mata Granados manifestó en su sentencia absolutoria que el juez de control cometió un error en la audiencia preliminar de este caso, al no ejercer control sobre los elementos que avalaban la acusación de la Fiscalía, ya que la misma carecía de pruebas para ser llevaba a un juicio”, indicaron desde el ODH ULA.

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Añaden que la detención arbitraria de García es una clara demostración de como actúa el Estado en contra de los jóvenes venezolanos que participaron en las protestas antigubernamentales registradas durante los años 2014 y 2017.

“Los casos similares de Erickvaldo Márquez, Daniel Parra, Marller González y Walter Mayorga, llamados por los propios funcionarios judiciales como ‘casos guarimba’, son muestra de ello. El ODH-ULA exige que estos dos últimos presos políticos, cuyos juicios también han sido dilatados injustificadamente, sean puestos en libertad plena cuanto antes”, señalaron.

Acotaron que debido a que se demostró su inocencia, el Estado venezolano se encuentra en la obligación de repararlo e indemnizarlo, por todos los daños ocasionados a él y a su familia luego de seis años de cárcel.

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