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- La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia señaló que los funcionarios detenidos por razones políticas suelen ser víctimas de torturas, desapariciones forzadas y violaciones del debido proceso. Igualmente, y a pesar de las últimas reformas judiciales, persiste el procesamiento de civiles en tribunales militares
En su último informe sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia indicó este viernes 1° de abril de 2022 que 57,2 % de los casos documentados corresponde a militares. Es decir, que en las celdas actualmente existen más funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detenidos por motivos políticos que civiles.
La vocera de la organización, Ana Leonor Acosta, indicó que el informe ofrece un balance de la situación de la justicia militar venezolana durante el último semestre de 2021, cuando se registraron 194 oficiales detenidos. Acotó que en diciembre ocurrió una excarcelación, por lo que la cifra actual es de 193. “Los números de presos políticos son dinámicos, ya que hay liberaciones, pero también nuevas aprehensiones”, precisó.
Estas cifras resultan mayores a las manejadas por el Foro Penal en su último reporte del 28 de marzo de 2022. Allí indicaba que había un total de 239 presos políticos, de los cuales 109 son civiles, frente a 130 militares. A pesar de esta discrepancia, se mantiene como una realidad que el foco de disidencia más perseguido por el régimen de Nicolás Maduro está en la FANB.
Rangos medios
Acosta consideró que el año 2017 fue un punto de quiebre para la represión por parte del Estado. Desde ese momento hasta entonces más de 500 oficiales han estado en algún momento tras las rejas. “No fueron necesariamente enjuiciados, pero sí detenidos”, aclaró. En ese año también comenzaron irregularidades como juzgar en instancias militares a ciudadanos ordinarios detenidos en el marco de las protestas. Un patrón que se repitió con mayor intensidad en 2019.
La abogada señaló que en al menos 95 % de los arrestos, tanto de civiles como de militares, se repitieron los mismos cargos imputados. A la mayoría de les acusó de traición a la patria, rebelión e instigación a la rebelión. “Se pretende procesar a estas personas por ir en contra del sistema establecido y esto es lo que nos da la connotación de presos políticos militares”, dijo.
En el informe el total de militares presos quedó desglosado en 186 hombres y 7 mujeres. La Guardia Nacional es el componente de las FANB más reprimido, con 105 oficiales. Le sigue el Ejército con 63, la Armada con 14 y la Aviación con 12. Igualmente, aunque Acosta afirmó que hay detenidos de casi todos los rangos, la mayor parte son tropas profesionales y oficiales de jerarquía media. Específicamente reporta 70 sargentos, 20 capitales y 15 tenientes. También mencionó a seis generales detenidos.
Fuera de jurisdicción
Uno de los mayores problemas que preocupa a la Coalición por los Derechos Humanos es la aplicación de la justicia militar contra civiles. Una práctica que comenzó en el marco de las protestas de 2017, bajo el argumento de procesar a manifestantes involucrados en ataques contra funcionarios o instalaciones militares. El informe acotó que al menos 250 civiles han pasado por este tipo de tribunales.
Acosta aseguró que esto representa una arbitrariedad, ya que los delitos imputados existen dentro del Código Penal y pueden ser procesados bajo instancias ordinarias. Indicó que, por su naturaleza cerrada, el uso de cortes marciales por parte del régimen de Maduro favorece la opacidad e irregularidades del proceso, al ser un órgano subordinado a las directrices del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial.
“La justicia militar tiene un problema estructural ya que se encuentra dirigida por el presidente de la República y el ministro de la Defensa. Quiere decir que se encuentra sometida al Poder Ejecutivo, y esto le impide la imparcialidad e independencia que debe tener el Poder Judicial. Incluso los jueces de la Corte Marcial (equivalente al Tribunal Supremo de Justicia) son designados por el Ejecutivo de entre las sugerencias que da el ministro de Defensa”, explicó.
En septiembre de 2021, la Asamblea Nacional afín al oficialismo aprobó una reforma del Código Orgánico de Justicia Militar. Esta nueva ley prohibió explícitamente juzgar a civiles en tribunales castrenses. También implementó que cuando un funcionario cometa un delito contemplado por la justicia estándar, o esté involucrado en un hecho junto a civiles, será procesado en instancias ordinarias. Acosta agregó que a pesar de esto, muchos civiles siguen sus juicios. Otros han migrado sus expedientes al Ministerio Público, lo cual tiene sus investigaciones paralizadas y ha dado pie a atropellos cometidos por los nuevos fiscales.
Violaciones de Derechos Humanos
El informe también expresa los abusos cometidos contra los oficiales dentro del hermetismo de las cárceles militares. Al respecto, el defensor de los derechos humanos Kelvi Zambrano afirmó que recoger información sobre estos hechos suele tener retrasos, pues los abogados no tienen acceso a las investigaciones durante la fase preliminar de sus juicios. Esto hace que, en muchos casos, no puedan ver y hablar con sus defendidos sino hasta un año después.
Aun así, el abogado indicó que el informe documenta cuatro patrones de violaciones de derechos humanos que figuran en la mayoría de los casos que manejan. Estos suelen ser practicados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), al ser el órgano encargado de las detenciones. Suelen tener similitudes con prácticas realizadas a otros presos políticos en calabozos ordinarios, y que emulan el sistema utilizado por los cuerpos represivos de Cuba. Zambrano resaltó que al menos tres de estas violaciones se consideran crímenes de lesa humanidad por el Estatuto de Roma.
La primera, indicó, es la desaparición forzada de los aprehendidos. Algo que se registró en el 90 % de los casos, y que vulnera no solo el derecho a la libertad personal de la víctima, sino incluso su integridad física. Relacionado con lo anterior, agregó que la segunda es la privación ilegítima de la libertad. Esto debido a que los oficiales son arrestados sin orden judicial ni en medio de ningún delito flagrante. Se suma además la violación del debido proceso, ya que una vez presentados en tribunales, la Fiscalía Militar imputa sin muchas veces tener pruebas o sustento legal, basándose en conjeturas o interpretaciones abstractas.
Torturas
De los cuatro patrones expuestos por Zambrano, la mayor violación del Estatuto de Roma sin dudas es la tortura. Señaló que durante sus desapariciones o en sus celdas, son víctimas de agresiones físicas, abuso sexual, así como de amenazas contra ellos o sus familiares. “Lo más grave es que las personas que fueron víctimas de estas torturas hoy en día padecen fuertes patologías psiquiátricas, psicológicas y biológicas. El Estado además de incumplir con su responsabilidad primaria que es la de investigar, no ha reparado a estas personas”, dijo.
Uno de los casos que los abogados pudieron recoger tardíamente debido a la imposibilidad de entrevistar a los acusados, fue el de los más de 15 militares detenidos por la fallida incursión marítima a Venezuela en 2020, denominada como Operación Gedeón. Sobre ellos. Acosta indicó que en las dos semanas que estuvieron incomunicados tras su captura, fueron víctimas de múltiples torturas. Entre ellas golpes, descargas eléctricas y asfixia con bolsas y bombas lacrimógenas. También los colocaron durante siete días en posiciones incómodas, esposados con las manos hacia atrás y privados de agua y alimento. Incluso recibieron tortura psicológica, donde los custodios amenazaban con asesinar a sus familiares.
La abogado resaltó que durante el juicio, los imputados eran acosados por sus torturadores, quienes estaban presentes en la sala e incluso declararon en calidad de testigos. En noviembre de 2021, el teniente Richard Alemán, uno de los implicados en la Operación Gedeón, rompió el silencio y denunció públicamente las torturas que sufrió. En plena audiencia señaló a los funcionarios responsables, lo cual llevó a la jueza a levantar un acta remitida al Ministerio Pública para investigar estos hechos.
Acosta y Zambrano señalaron que durante años han llevado los casos que han documentado al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, donde nunca obtuvieron respuestas. Por ese motivo, debieron acudir a instancias internacionales. Ahora, con la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional al Estado venezolano, Zambrano apuntó que repentinamente ambas instituciones se han activado para investigar todas estas violaciones. Hasta el momento la CPI investiga 172 expedientes de denuncias, por lo que la Fiscalía del régimen necesitará mayor celeridad, mientras los oficiales en las cárceles todavía esperan el veredicto de sus casos.
