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Es falso. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia publicó en su cuenta de Twitter que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) supuestamente instaló su oficina en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas. Sin embargo, voceros de otras organizaciones no gubernamentales (ONG) alertaron que esta información no es cierta.
El tuit fue publicado el jueves 7 de abril en horas de la noche. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia indicó que la instalación fue de manera provisional. Aunque no respaldaron dicha información con declaraciones de algún vocero de la CPI o del TSJ.
Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, presidente y vicepresidente del Foro Penal Venezolano respectivamente, alertaron en dos tuits publicados el viernes 8 de abril que es falso que la CPI abrió una oficina en las instalaciones del Poder Judicial.
Romero comentó que los abogados de Foro Penal le están haciendo seguimiento a la próxima instalación del equipo de la CPI en la capital. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón también desmintió la información.
Nos informan que es FALSO el rumor de q la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional haya abierto su oficina en el TSJ de Venezuela. Igualmente hacemos seguimiento y verificación de cualquier posibilidad de que dicha Fiscalía abra su oficina en Venezuela y atienda a las víctimas
— Alfredo Romero (@alfredoromero) April 8, 2022
Ambas organizaciones pidieron cautela con el manejo de esta información. Expresaron que este tipo de anuncios generan falsas expectativas en las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias.
Lo verdadero
Es cierto que la CPI instalará una oficina en Caracas. El anuncio lo hizo Karim Khan, fiscal general del organismo internacional, el 31 de marzo, luego de reunirse con Nicolás Maduro.
La más reciente visita de Khan a Venezuela no fue comunicada a los medios venezolanos. Debido a estos la mayoría de la población se enteró cuando el fiscal compareció en una transmisión de Venezolana de Televisión.
El funcionario habló sobre los avances logrados desde noviembre de 2021, cuando abrió una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
“Las partes han acordado que mi Fiscalía podrá abrir una oficina aquí en Caracas, es un paso muy importante, muy significativo. Es algo concreto que va a permitir cumplir con las responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma”, señaló Khan.
Maduro señaló que con la apertura de la oficina en Venezuela se podrá tener un “nivel de diálogo efectivo, en tiempo real, más eficiente”. Señaló que también buscan un nivel de asistencia técnica que permita que el memorando de entendimiento de noviembre siga su curso.
“Ahora estamos en un proceso de reforma profunda, yo le he llamado la revolución de la justicia, cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, en leyes, en métodos de trabajo, en funcionamiento de las instituciones. Ese proceso se ha dado en Venezuela a partir de un diálogo social, institucional, político y comienza a arrojar importantes resultados”, dijo el dirigente socialista.
Incapacidad del Estado para investigar crímenes de lesa humanidad
Varias organizaciones de la sociedad civil aseguraron que la instalación de una oficina de la CPI en Caracas demuestra la “incapacidad” y “poca voluntad” del Estado venezolano para investigar los crímenes de lesa humanidad.
“La realización de una investigación por parte de la CPI y, además, que tenga que asesorar al gobierno venezolano en la materia, lo que hace es ratificar, una vez más, que dentro de Venezuela el Estado no tiene ni la voluntad ni la capacidad para generar por sí mismo mecanismos de investigación, de justicia y de no repetición de los hechos”, dijo el coordinador de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui.
Por otra parte, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, explicó a la agencia EFE que la apertura de esta oficina, si bien no es nada excepcional, demuestra que “alguien no lo está haciendo bien dentro del sistema de justicia venezolano y que necesita que alguien de afuera le diga qué es lo que tiene que hacer”.
Resaltó la contradicción que muestra el régimen al aceptar una sede de la CPI mientras “vota en contra de investigar crímenes de lesa humanidad”. Esto ocurrió al oponerse a una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que plantea una rendición de cuentas de Nicaragua por la violencia en las protestas de 2018.
