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- Antes de Rusia, el único antecedente que existía era el de Libia, durante su guerra civil de 2011. Los estatutos de la ONU también abren la posibilidad de una suspensión de la Asamblea General, aunque para ello se necesita la recomendación del Consejo de Seguridad
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) acordó este 7 de abril de 2022 suspender a Rusia de su Consejo de Derechos Humanos. Con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, es la acción más significativa que ha tomado el ente contra el gobierno de Vladímir Putin, en el marco de su invasión a Ucrania.
“Rusia no solo está cometiendo violaciones de los derechos humanos, sino que está sacudiendo los cimientos de la paz y seguridad internacionales”, dijo antes de la votación el embajador ucraniano ante Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsya. Curiosamente, Ucrania también integra el Consejo para el mismo periodo.
La medida no solo se toma en respuesta a la ofensiva militar rusa contra Kiev, sino que atiende además a las sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas en el proceso. Las autoridades ucranianas han dejado evidencias del asesinato de civiles por bombardeos contra zonas residenciales, orfanatos y hospitales. También ataques hacia los ciudadanos que intentan escapar por los corredores humanitarios, y múltiples denuncias de torturas, violaciones y ejecuciones en las ciudades ocupadas. Una muestra de ello es la reciente masacre de Bucha, la cual todavía está bajo investigación por la ONU.
De acuerdo con sus estatutos, cualquier país miembro que cometa violaciones sistemáticas de derechos humanos puede ser suspendido del ente con el voto de las dos terceras partes de la Asamblea General. Un punto incluso lógico, pero que en los 16 años de existencia del Consejo de Derechos Humanos, solo se había aplicado una vez: con la Libia de Muammar Gaddafi, en 2011.
La suspensión de Libia
Al igual que en el caso de Rusia, Libia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos bajo el contexto de una guerra. La diferencia recibió en que el conflicto libio fue de carácter interno, con abusos reiterados contra sus propios ciudadanos. Un año antes, en 2010, estalló la Primavera Árabe, una serie de protestas ciudadanas que llevaron a la caída de regímenes en países como Túnez, Egipto y Yemen. El pueblo libio formó parte de este movimiento para oponerse a la continuidad de Gaddafi, quien desde 1969 tenía control absoluto del poder.
Sin embargo, a diferencia de Egipto o Túnez, donde el cambio político fue relativamente pacífico, el caso de Libia terminó siendo más parecido al de Siria. Las manifestaciones fueron brutalmente reprimidas, con el asesinato de 173 personas entre el 17 y 20 de febrero de 2011. Organizaciones como Amnistía Internacional reportaron que además del uso de fuerza letal por parte de las autoridades, también se cometieron violaciones de derehos humanos contra los detenidos, incluidas torturas, abuso sexual y ejecuciones que llegaron a ser transmitidas en redes sociales. En la medida que la rebelión civil fue escalando a una insurrección, se reportó incluso bombardeos de la Fuerza Aérea libia en ciudades como Trípoli y Bengansi.
El 26 de febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU lanzó un ultimátum al régimen de Gaddafi, advirtiendo que sus acciones represivas constituían crímenes de lesa humanidad, a la vez que aprobaba un paquete de sanciones económicas. El 1° de marzo, la Asamblea General se reunió y acordó la suspensión de Libia del Consejo de Derechos Humanos, al cual había entrado en 2010. Posteriormente, el 17 de marzo, el Consejo de Seguridad aprobaría la Resolución 1973, que estableció una zona de exclusión aérea sobre el territorio de Libia.
Con el paso de las semanas, la violencia siguió escalando hasta convertirse en una guerra civil. El conflicto dejó un estimado de 9.400 muertos y 4.000 desaparecidos, cobrando incluso la vida del propio Gaddafi, quien fue capturado y ejecutado el 20 de octubre de 2011. La ONU ya reconocía al Consejo Nacional de Transición como el gobierno legítimo de Libia desde el 16 de septiembre; sin embargo, solo tras la muerte del caudillo la situación política se estabilizó. La Asamblea Nacional aprobó el 18 de noviembre su readmisión de Libia en el Consejo de Derechos Humanos, con sus nuevos representantes. La medida contó con 123 votos a favor, 6 abstenciones y 4 en contra. Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela fueron los países que se opusieron.
¿Puede Rusia ser expulsada de la ONU?
Podría. De acuerdo con el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, un Estado miembro puede ser expulsado de la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad, si viola frecuentemente los principios de la organización. A pesar de todo el historial de guerras, genocidios y violaciones sistemáticas de derechos humanos que han ocurrido en el mundo durante las últimas décadas, ningún país ha sido expulsado hasta ahora.
Igualmente, el artículo 5 también contempla una sanción más moderada: la suspensión temporal. “Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad, del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad de Miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios podrá ser restituido por el Consejo de Seguridad”, señala el texto.
Un caso en el que prácticamente se aplicó esta suspensión fue en 1992, tras la disolución de Yugoslavia. Ese año se proclamó la República Federal de Yugoslavia, formada por Serbia y Montenegro, y cuyo reconocimiento fue limitado debido a los crímenes cometidos contra la recién independizada Bosnia-Herzegovina en la guerra de los Balcanes. El 22 de septiembre de 1992 se aprobó la Resolución 47/1, que consideraba que la República Federal de Yugoslavia no podía ocupar el puesto como sucesora de la Yugoslavia comunista, y debía ser excluida de la Asamblea General. Al final no se revocó su membresía, pero sí se marginó su participación en las sesiones hasta que hizo su ingreso formal en el año 2000.Posteriormente, en el año 2003, volvería a reconstituirse bajo el nombre de Serbia y Montenegro, esta vez sin problemas.
Lo que sí ocurre con relativa frecuencia es la suspensión del voto por incumplimiento de pagos. Esto pasa cuando los Estados miembros no pagan sus cuotas, por lo que pierden el derecho de tomar decisiones en la Asamblea, aunque aún pueden intervenir en sus sesiones. Desde enero de 2022 Venezuela figura en la lista de ocho países que están suspendidos por esta causa, al deber más de 40 millones de dólares a la ONU.
Una eventual expulsión o suspensión de Rusia es actualmente improbable. Esto debido a que para llevar la propuesta a la Asamblea General, primero debe contar con la aprobación del Consejo de Seguridad. En esa organización Rusia no solo posee la presidencia pro témpore, sino que tiene poder de veto al ser uno de los cinco miembros permanentes. Los otros son Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China. Esta última mantiene una postura tibia respecto a la invasión de Ucrania, prefiriendo abstenerse en las votaciones.
Miembros cuestionables
La suspensión de Rusia ha puesto en debate una constante crítica al sistema con el que opera la ONU al momento de conformar sus comisiones. Aunque suena obvio que un Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos debe velar por su cumplimiento en todo el mundo, en la práctica varios de sus integrantes no han predicado con el ejemplo. De hecho, desde su creación, varios expertos han cuestionado que países con sólidas denuncias de violación sistemática de estos derechos pasaron por sus filas sin ningún reproche.
Un ejemplo es la propia Libia, que ya antes del estallido de su rebelión civil, ya tenía acusaciones de represión y financiación de grupos terroristas. Arabia Saudita ha formado parte dos veces del consejo, a pesar de que organizaciones como Amnistía Internacional y Human Right Watch han documentado la violación de derechos humanos contra la mujer, la cual hasta hace poco no podía siquiera conducir o caminar sin acompañamiento de un hombre. También por su uso indiscriminado de la pena de muerte, incluso contra homosexuales o por adulterio. Bajo esa premisa también se cuestiona la presencia de otros países vecinos como Qatar o Emiratos Árabes Unidos.
La alineación actual del Consejo de Derechos Humanos tampoco está libre de críticas. Actualmente la integran países como Eritrea, régimen sumamente hermético y con casos documentados de ejecuciones extrajudiciales y trabajos forzosos; China, la cual ha cometido sistemáticas violaciones contra la libertad de expresión, represión contra su disidencia política y crímenes de lesa humanidad contra minorías étnicas como los uigures y tibetanos. Otros países cuestionables son Pakistán (por las mismas razones que Arabia Saudita), Somalia, Sudán o Cuba. Venezuela, representada por el régimen de Nicolás Maduro, también es miembro actualmente, aunque su periodo vence este 2022.
En caso de que la invasión a Ucrania perdure por más tiempo, es posible que la suspensión de Rusia continúe hasta culminar su periodo en 2023. Ante hechos como la masacre de Bucha, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski pidió al Consejo de Seguridad llevar a sus responsables ante la justicia, evocando los juicios de Nuremberg, en los que juzgó a criminales de guerra nazis por el genocidio judío. Queda para la historia de la ONU entonces el precedente de un país que, en un año, pasó de ser veedor de los derechos humanos a imputado.
