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- Las organizaciones de la sociedad civil esperan que la oficina cuente con el presupuesto y el personal calificado para realizar las labores de investigación
Al menos 17 organizaciones de derechos humanos se pronunciaron respecto al establecimiento de la oficina descentralizada de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas, que trabajará de forma conjunta con aliados internacionales. En un comunicado, las ONG exhortan al organismo a que precise el alcance, funcionamiento y las garantías de seguridad de esta entidad.
Las organizaciones expresaron su preocupación sobre la forma en que la Fiscalía de la CPI vislumbra su trabajo con el actual sistema judicial venezolano.
“De acuerdo a lo expresado en sus comunicados, parece asumir que el actual sistema judicial venezolano podrá llevar a cabo, de modo independiente, y con voluntad genuina, investigaciones en torno a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos”, precisaron.
Recordaron que el actual sistema judicial del país está severamente cuestionado debido a que no cumple con los estándares mínimos de imparcialidad e independencia. También destacaron que ha sido una pieza clave en la política de represión e impunidad, lo que ha evidenciado la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Escasas garantías de investigación por parte del sistema de justicia
Las ONG señalaron que valoran las referencias realizadas por la Fiscalía de la CPI en el Memorando de Entendimiento celebrado con el régimen de Nicolás Maduro en torno a reconocer las reformas al sistema judicial que se realicen en Venezuela. Sin embargo, consideran importante que la Fiscalía incluya medidas de complementariedad con el fin de fortalecer la capacidad de investigación de crímenes.
“Nos preocupan las escasas garantías existentes en el actual sistema de justicia para poder investigar de modo genuino, efectivo e independiente”, aseveraron.
En este sentido, consideraron que a pesar de las actuales reformas iniciadas por el Estado, el sistema judicial venezolano carece de la capacidad y voluntad de llevar a cabo procesos independientes frente a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones de la sociedad civil
El comunicado lo firman las siguientes organizaciones:nn-Acceso a la Justician-Alerta Venezuelan-Amnistía Internacionaln-Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)n-Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)n-Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC)n-Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)n-Fundación para el Debido Proceso (DPLF)n-Justicia, Encuentro y Perdón (JEP)n-Justicia y Proceso Venezuela (Juyproven)n-Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)n-Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)n-Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)n-Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)n-Robert F. Kennedy Human Rightsn-Vicaria de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracasn-Women´s Link Worldwiden
Aspectos que la oficina debe cumplir
Las organizaciones expresaron una serie de puntos que consideran que la oficina de la CPI debería tomar en cuenta. Entre ellos, destacaron la necesidad de contar con un espacio que pueda cumplir con su mandato a cabalidad.
Además, esperan que la oficina esté debidamente representada por un personal de alto nivel, con la experticia y el conocimiento de la situación sobre el terreno.
Aunque reconocen los anuncios expresados en torno a asegurar la cooperación por parte de las autoridades nacionales para la instalación de dicha oficina, precisaron que han notado el reducido presupuesto y personal de otros despachos descentralizados de la CPI en el pasado.
“Alertamos sobre tales riesgos y pedimos se hagan todos los esfuerzos para asegurar una oficina que pueda trabajar de modo oportuno, seguro, efectivo, e independiente”, agregaron.
También expresaron que la oficina debería trabajar con todos los actores clave; no solo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, sino también con la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos que ha documentado los crímenes de lesa humanidad y el estado actual del Poder Judicial.
“La oficina debe constituir un espacio de diálogo con víctimas”
En el documento, las ONG mencionaron la necesidad de que la oficina pueda constituir un espacio de diálogo genuino y seguro con víctimas, sus familiares, sus representantes, así como con la sociedad civil.
“La interacción de la Fiscalía con la sociedad civil venezolana, pero, sobre todo, con las víctimas, sobrevivientes, sus familiares, y sus representantes, es un asunto de enorme relevancia”, enfatizaron.
En ese sentido, manifestaron su preocupación por los pocos espacios de interacción con la sociedad civil que se han suscitado por parte de la gestión del fiscal de la CPI, Karim Khan, en el marco de sus dos visitas a Venezuela.
Hicieron un llamado a que la oficina de la Fiscalía pueda generar espacios seguros y transparentes de diálogo con las víctimas y la sociedad civil en el país, con las garantías ofrecidas por parte del régimen de que no se ejercerán represalias en contra de quienes se acerquen y cooperen con dicha oficina.
Preocupaciones sobre el rumbo de la investigación
Las organización indicaron que les preocupa la falta de claridad del rumbo de la investigación en Venezuela, incluyendo los potenciales casos y presuntos responsables a ser investigados por la Fiscalía de la CPI.
“Es muy inquietante la falta de claridad sobre una idea fundamental: que la investigación en la CPI va a continuar”, aseveraron.
A su juicio, el lenguaje utilizado en el referido comunicado del Fiscal Khan en torno a que la investigación no es una vía “unidireccional”, requiere mayor precisión, por lo que consideran importante que se hagan públicas las conclusiones y los parámetros de la Fiscalía que motivaron la apertura de una investigación.
Además, instaron a la Fiscalía de la CPI a que, a lo largo de su investigación, adopte un enfoque de género necesario no solo al momento del análisis de los crímenes realizados, sino también en su interacción con víctimas, familiares y representantes.
Las ONG añadieron que desde el seguimiento de varios organismos internacionales se ha evidenciado que las víctimas siguen enfrentándose a obstáculos jurídicos para acceder a una justicia eficaz, en especial las mujeres.
