• El equipo legal del fundador de WikiLeaks reconoció que “el tiempo se está agotando” para impedir la extradición de su defendido, tras la orden de entrega remitida el miércoles 20 de abril por un juez del Reino Unido

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, está más cerca de ser extraditado a Estados Unidos después de que un juez británico emitiera el miércoles 20 de abril la orden de entrega, que debe ser considerada ahora por el gobierno del Reino Unido. A pesar de que su equipo legal busca frenar el proceso, el gobierno de Australia –de donde es Assange- ya anunció que no impugnará la extradición.

Aunque el envío de esta instrucción marca un punto de inflexión en este caso, que empezó con la detención inicial del australiano en Londres en 2010, no supone su final, pues quedan opciones de recurso para las partes, al margen de la decisión que tome la ministra del Interior británica, la conservadora Priti Patel.

Al término de la breve vista en la Corte de Magistrados de Westminster, la esposa del periodista, Stella Assange (antes Moris), pidió a la multitud de simpatizantes reunida a las puertas del juzgado “seguir luchando por su liberación”. No obstante, los simpatizantes de Assange ya recibieron el primer revés, por parte del gobierno australiano: “Confiamos en la independencia y la integridad del sistema judicial británico. Nuestra expectativa es que, como siempre, opere de forma correcta, transparente e independiente”, declaró el jueves 21 de abril el ministro de Finanzas del país oceánico, Simon Birminghan.

Estados Unidos reclama a Assange para procesarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal, que, según su equipo legal, pueden acarrear hasta 175 años de cárcel en ese país.

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EFE Assange
Foto: EFE

En manos del Reino Unido

El juez principal de la Corte, Paul Golspring, fue el encargado de emitir la orden en una audiencia de apenas siete minutos a la que asistió por videoconferencia el acusado desde el centro de alta seguridad londinense de Belmarsh, donde continuará en prisión preventiva hasta que termine el proceso.

“En términos sencillos, tengo el deber de enviar su caso a la ministra (de Interior) para que tome una decisión”, dijo el magistrado, que cumplía así una instrucción del Tribunal Supremo.

La ministra Patel tiene ahora un plazo de dos meses prorrogables para decidir si confirma o rechaza la extradición. La defensa del exhacker, en cambio, ya indicó que la rebatirá dentro del periodo de cuatro semanas previsto, que finaliza el 18 de mayo.

Según la ley, la titular de Interior solo puede ejercer su prerrogativa de prohibirla en casos específicos amparados por la Ley de Extradición de 2003 y siempre conforme a los acuerdos con el país demandante, en este caso EE UU.

La eventual decisión de Patel podrá ser recurrida por las partes -la Justicia estadounidense o Assange- pero solo si el Tribunal Superior lo autoriza. Además, la defensa tendría en última instancia la opción de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según dijo a EFE la propia Stella Assange.

El 14 de marzo, el Tribunal Supremo dio luz verde a la entrega del programador informático al rechazar un recurso suyo que buscaba impedirla e instruyó al magistrado de primera instancia a emitir la orden que ahora debe considerar el Ejecutivo.

Ese fallo puso fin a un proceso judicial que arrancó el 21 de enero de 2021, cuando la jueza Vanessa Baraitser de la Corte de Magistrados de Westminster denegó la extradición al concluir que Assange presentaba riesgo de suicidio y que las condiciones penitenciarias en EE UU podían exacerbarlo.

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Assange seguirá luchando

Aunque la magistrada aceptó el argumento de la defensa sobre la salud del acusado, desestimó otros que sus abogados podrían decidir recurrir ahora. Si lo hicieran, en principio el Superior solo lo examinaría una vez se conociera la respuesta de Patel.

Julian Assange EFE
Julian Assange. Foto: EFE.

Si no hubiera ningún recurso, la extradición se produciría en los 28 días siguientes de haber sido autorizada por la ministra, de acuerdo con la página web del gobierno.

“El Reino Unido no está obligado a extraditar a Julian a Estados Unidos. De hecho, sus obligaciones internacionales le requieren impedir esta extradición. (El primer ministro) Boris Johnson y Priti Patel no pueden entregarle a un país que conspiró para asesinarlo”, declaró la esposa de Assange a las puertas del tribunal.

Carlos Poveda, miembro del equipo legal internacional de Assange, reconoció que “el tiempo se está agotando” para impedir la extradición de su defendido a Estados Unidos. “Estamos luchando en todos los países donde tenemos causas de Julian. Si no, estaríamos derrotados”, manifestó el abogado ecuatoriano en una entrevista con EFE. Advirtió que “hay una agilidad (en el proceso legal), no es que sea inusitada, pero se van agotando recursos”.

Un miembro del equipo que encabeza el exmagistrado español Baltasar Garzón, el responsable de su defensa en Ecuador, detalló que la defensa fundamentará una petición a Patel basada en tres líneas fundamentales.

Por un lado, la cuestión de “la afectación psicológica y el riesgo de suicidio” que entraña Assange; por otro la idea de que la interrupción del asilo en 2019 por parte de Ecuador “contrarió los derechos humanos de una persona protegida internacionalmente” y, por último, “que la extradición genera un precedente negativo contra la libertad de expresión”.

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Con respecto al último punto, argumenta que en ese momento su defendido “desconocía formalmente los cargos que se le imputaban y la petición de extradición”, que salieron a la luz tiempo después, lo que según él, reafirma la tesis de una trama organizada entre varios países para entregarlo a Estados Unidos.

Y recordó que, en último recurso, la defensa podría recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pese a que ni Assange ni el Reino Unido son comunitarios.

Esto sería más complicado, pero sería la última instancia y se podría esgrimir que Assange estuvo en situación de asilo, que es de carácter universal, un andamiaje de la justicia universal que ha sido reconocido por el sistema interamericano”, aseveró.

La seguridad del exhacker

Amnistía Internacional señaló que el gobierno británico no puede abdicar de su obligación “de no enviar a nadie a un lugar donde su vida o su seguridad corran peligro”.

Julian Assange EFE
Julian Assange. Foto: EFE

La secretaria general, Agnès Callamard, sostuvo que las garantías ofrecidas por Washington no son suficientes y ponen a Assange “en riesgo de sufrir unas condiciones de reclusión que podrían causar un daño irreversible a su bienestar físico y psicológico”.

Detenido inicialmente a instancias de Suecia por un caso de supuestos delitos sexuales hoy archivado, Julian Assange ha pasado más de una década confinado en Inglaterra sin ser convicto, primero bajo arresto domiciliario y entre 2012 y 2019 refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, para pasar después a Belmarsh tras ser aprehendido de nuevo a petición de Estados Unidos.

Con información de EFE.

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