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- Activistas ambientales denuncian que el proceso de destrucción de la institucionalidad ambiental es totalmente deliberado y que el acuerdo de Escazú no está en la mira del Estado venezolano
La organización no gubernamental (ONG) Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que el régimen de Nicolás Maduro no ha suscrito el acuerdo de Escazú para proteger los derechos ambientales del país.
En un foro regional denominado “Acuerdo de Escazú ya”, realizado el 22 de abril, varios defensores de los derechos humanos y ambientales describieron el impacto de este acuerdo y la importancia de que el Estado venezolano se adhiera.
“En Venezuela la crisis ambiental ha ido escalando. La minería está produciendo grandes impactos ambientales en la amazonia. Hay un daño en todos los ríos de la zona que se están contaminando con mercurio”, indicó Alejandro Álvarez, activista ambiental y miembro de Clima 21.
Detalló que en los últimos 10 años han monitoreado la situación ambiental del país y encontraron que hay un deterioro en el ambiente cada vez más grande.
“El primer problema, que afecta entre el 82 % y el 96 % de la población de Venezuela, es que no se recibe agua de forma regular y su calidad no es la adecuada para el consumo. Esta crisis inició en el año 2014, cuando el gobierno hablaba de una seguía”, explicó.
Comentó que otro de los problemas que se vive en la amazonia es la deforestación, que aunque la tasa no es la más alta, sí es la que más rápido avanza.
¿Qué es el acuerdo de Escazú?
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mayormente conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer convenio regional ambiental de Latinoamérica y el Caribe en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. nnAunque el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscrito solo por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018.nnDe acuerdo con Unicef, el acuerdo es una herramienta para la protección del medio ambiente y los derechos humanos. nnEl Acuerdo de Escazú establece objetivos para que las personas puedan tener acceso a la información ambiental y ser consultadas en los procesos de toma de decisiones ambientales. n
Problemas que afectan el medio ambiente
Álvarez señaló que en el país hay constantes derrames petroleros a manos de Petróleos de Venezuela (PDVSA). “Los ecosistemas marinos están siendo afectados, en diciembre se cumplen 100 años del primer gran derrame.
Durante los últimos años, el monitoreo que realizaron en Clima 21 reveló que las empresas petroleras ocultan información y el incremento continuo de este tipo de desastre ambiental.
Además, sostuvo que otra grave afectación es el daño y destrucción de la diversidad biológica por la incorporación de las redes criminales de tráfico de fauna.
“Todas estas causas se están potenciando por una política gubernamental de opacidad y ocultamiento continuo”, afirmó el biólogo y activista de derechos humanos.
El hostigamiento y la violencia contra activistas tiene un efecto muy grave sobre el tema ambiental en el país. “Muchos defensores de derechos ambientales viven periodos de hostigamientos y se han registrado asesinatos de líderes indígenas”, agregó.
A su juicio, el proceso de destrucción de la institucionalidad ambiental es totalmente deliberado y el acuerdo de Escazú no está en la mira del Estado venezolano.
Importancia del acuerdo para Venezuela
Jorge Padrón, coordinador de la Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai, indicó que el Acuerdo de Escazú es un instrumento vital para los derechos ambientales, debido a que 26 artículos son un camino claro para la materia administrativa y judicial en cuanto al tema ambiental.
“El acuerdo una vez cumplido todo los protocolos para el ingreso de las partes, del cual Venezuela no ha cumplido ni el primer paso, se convierte en un mecanismo de alta estandarización en esta materia”, detalló.
Añadió que hay un capítulo en el acuerdo dedicado al derecho de los defensores ambientales, lo que considera importante porque anteriormente no existía.
Padrón señaló que son principios que se deben tener en cuenta porque ayudaría a resolver muchas situaciones que se están viviendo en el país en cuanto a daños ambientales.
Urgen el acuerdo para proteger los derechos ambientales
Morelia Morillo, periodista, activista ambiental y fundadora del grupo Guardianes del Bosque, contó que desde hace tres años de la fundación de la asociación civil han realizado diferentes actividades para cuidar la zona que habitan en la amazonía venezolana.
Entre las acciones realizadas por Guardianes del Bosque, conformado por vecinos, familiares y aliados de las comunidades indígenas de Santa Elena de Uairén, está la recolección de basura y el patrullaje para sacar del bosque a taladores y parar invasiones.
“Considero urgente la accesión y reafirmación por parte de Venezuela al acuerdo de Escazú. Los ciudadanos latinoamericanos habitantes de las regiones donde la naturaleza se encuentra viva requerimos tener acceso claro a la información de carácter ambiental y participar en la toma de decisiones
Además, precisó que los indígenas también deben tener acceso previo, pleno y en su idioma, a las propuestas de utilización de los recursos que se encuentran en su territorio.
“Me enteré del Arco Minero por televisión, viviendo en la Amazonía venezolana. Ese día sabía que cambiaría lo que era nuestra cotidianidad”, relató durante el foro.
Morillo aseveró que aunque la Gran Sabana no se encuentra formalmente en la área a explotar de las actividades del Arco Minero del Orinoco, la actividad se extendió hasta la zona.
A su juicio, sus modos de vida están en juego, por lo que Escazú es una esperanza.
Violencia contra activista en otro país de la región
Mar Pérez, activista y miembro de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), una red de 78 organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos en Perú, indicó que en la nación existe una situación de riesgo que se agrava todos los días para las personas que defienden el medio ambiente.
Denunció que en el país unos 10 activistas de derechos ambientales han sido asesinados en la amazonia peruana, donde operan economías ilegales, grupos armados y terroristas.
“Estos actores se van posicionando sobre los territorios de los pueblos indígenas y no solamente han estado deteriorando y destruyendo la amazonía, sino que también están generando una situación de violencia contra los líderes indígenas”, aseveró durante su intervención en el foro.
Además, mencionó que la violencia también se da en otras zonas del país como la andina, en donde operan grandes empresas mineras.
“Todo el mundo conoce Cuzco pero poco se habla de la pobreza y los problemas en los lugares aledaños en donde están las actividades mineras”, indicó. Sostuvo que en estos lugares se criminaliza el trabajo de los defensores de los derechos humanos.
Pérez explicó que han tenido muchos problemas con este y el anterior Congreso, el cual tiene grupos antiderechos y vinculados a diferentes lobbys empresariales, debido a que para las empresas este acuerdo es una amenaza porque busca fortalecer el derecho ambiental.
En este sentido, la sociedad civil de Perú exige que se ratifique el acuerdo de Escazú, debido a que el nivel de “impunidad es atroz”.
“A pesar de las fuerzas retrógradas que están posicionadas en el Congreso de Perú, el acuerdo de Escazú ha llegado para quedarse”, ratificó.
