• Con una reducción de su pleno, el nuevo tribunal supremo resalta por tener nombres viejos y repetidos. Figuras como Gladys Gutiérrez vuelven al cargo, mientras otras como Tania D’ Amelio pasan directamente del Poder Electoral al Judicial. La mayoría tiene en común sus nexos con partidos políticos, principalmente del chavismo. Foto: AFP / Archivo

La Asamblea Nacional afín al régimen de Nicolás Maduro juramentó el martes 26 de abril de 2022 a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Un proceso que estuvo lleno de postergaciones sin explicación, y en el que se reciclaron los nombres de varios jueces que ya estaban en la magistratura anterior.

De hecho, de los 20 magistrados a los que se redujo el pleno, la mitad son reelegidos. También hubo tres que pasaron de ser principales en sus respectivas salas, a convertirse en suplentes. La lista no generó sorpresas, manteniendo nombres clave como el de su presidente, Maikel Moreno, quien fue el promotor de la reforma judicial aprobada por el Parlamento oficialista. Igualmente, llama la atención el regreso de Gladys Gutiérrez, quien dirigió el ente durante cinco años y es considerada por expertos como una fuerte candidata a retomar su antiguo puesto.

Organizaciones como Acceso a la Justicia y Transparencia Venezuela reclamaron esta falta de nombres nuevos en el TSJ. De hecho, 30 de los 32 magistrados salientes se postularon para la reelección, siendo escogidos finalmente 13 de ellos. También cuestionaron que muchos no cumplen con los requisitos legales para ocupar el cargo, teniendo la mayoría vínculos directos con el régimen de Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Algunos como diputados, viceministros, e incluso rectores en el Poder Electoral.

El Diario presenta algunos de los magistrados más notables que ocuparán las seis salas del TSJ a partir del 27 de abril.

Gladys Gutiérrez

¿Quiénes son los magistrados del TSJ nombrados por la Asamblea Nacional oficialista?
Foto: FEDERICO PARRA / AFP

Fue la presidenta del TSJ entre los años 2013 y 2017, siendo la antecesora de Maikel Moreno. Antes de eso, fue parte, junto a Cilia Flores y otros abogados, de la defensa de Hugo Chávez tras el intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez en 1992. Después de ser candidata sin éxito a la Gobernación de Nueva Esparta en 1999, ejerció cargos diplomáticos hasta 2006, cuando Chávez la nombró procuradora general de la República. La Asamblea Nacional la eligió como magistrada de la Sala Constitucional en 2010. 

La oposición siempre criticó su nombramiento al no cumplir con los requisitos legales, además de cuestionar su parcialidad política, la cual quedó en evidencia en múltiples fallos, como la declaración de desacato a la Asamblea Nacional en 2016. Tras entregar la presidencia del tribunal a Moreno, continuó en la Sala Constitucional hasta 2020, cuando el propio TSJ la nombró como rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) ad hoc junto a la magistrada Indira Alfonzo. Allí se encargó de organizar las elecciones parlamentarias de noviembre de ese año, de las que surgió el actual Parlamento que la regresó a su antiguo cargo. En 2019 fue sancionada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que congeló sus bienes y cuentas bancarias en los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Lourdes Suárez Anderson

Foto: Cortesía

Hermana del difunto fiscal Danilo Anderson, es la actual vicepresidenta del TSJ. Hizo carrera en la Defensa Pública en la unidad regional del Área Metropolitana de Caracas. Intentó sin éxito ser magistrada del TSJ en 2010 y 2014, aunque en 2015 logró entrar a la Sala Constitucional, de la cual es presidenta. 

Allí destacó por emitir la sentencia 343, la cual bloqueó la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a los Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, aprobada por la Asamblea Nacional opositora. También dictó medidas contra medios de comunicación como La Patilla y Caraota Digital por publicar videos de linchamientos a delincuentes en 2016. Está sancionada por el gobierno de Panamá desde 2018, al ser considerada de alto riesgo por presunto blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Calixto Ortega Ríos

Foto: Cortesía Poderopedia

Su relación con el chavismo se remonta a finales de los años noveta, como militante del Movimiento Quinta República (MVR). Con ese partido fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999, y luego diputado entre el 2000 y 2013.  Al igual que Suárez Anderson, está sancionado por el gobierno panameño.

Con la disolución del MVR pasó al PSUV, siendo brevemente encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos en 2013, cuando fue expulsado por el gobierno de Barack Obama. En 2015 fue candidato por el oficialismo nuevamente a la Asamblea Nacional, pero perdió. Ese mismo año, el Parlamento saliente presidido por Diosdado Cabello lo nombró magistrado, en una decisión fuertemente criticada por la oposición. Su hijo, Calixto Ortega Sánchez, es el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Tania D’ Amelio

¿Quiénes son los magistrados del TSJ nombrados por la Asamblea Nacional oficialista?
Foto: EFE

En su trayectoria política, ha pasado ya por tres de los cinco poderes públicos de Venezuela. Inició en el Poder Legislativo, cuando fue electa diputada por el MVR para el periodo 2000-2005. Uno de sus roles más importantes fue durante el referendo revocatorio de 2004, cuando fue jefa de patrullas para el comando de campaña del No. En 2006 fue reelecta para la AN, aunque se separó del cargo en 2010 cuando ese mismo ente la nombró rectora del CNE.

Su llegada al Poder Electoral fue polémica, ya que violaba el artículo 296 de la Constitución, sobre el principio de no militancia política. Aun así, con 12 años en el cargo, ha sido una de las rectoras con más tiempo de ejercicio, solo superada por Tibisay Lucena y Sandra Oblitas (15 años). De hecho, fue la única rectora ratificada por el TSJ cuando asumió irregularmente la renovación del organismo en 2020; y un año después, volvió a figurar en la directiva nombrada por la Asamblea Nacional oficialista. Desde febrero de 2021 está sancionada por la Unión Europea.

Maikel Moreno

Foto: Cortesía

El actual presidente del TSJ repite en la Sala de Casación Penal, que ocupa desde 2014. Ha sido una pieza clave para el régimen de Maduro, siendo fuertemente criticado por diversas organizaciones y dirigentes políticos por su subordinación a las directrices del Palacio de Miraflores. Entre las medidas más polémicas tomadas durante su gestión está la injerencia contra la Asamblea Nacional electa en 2015, de la cual ha usurpado funciones en varias oportunidades, como la designación del CNE en 2020. También, a través de la Sala Constitucional, aprobó la intervención de las tarjetas y símbolos de partidos políticos opositores, los cuales entregó a juntas directivas ad hoc.

Antes de su carrera jurídica, fue funcionario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), además de escolta del presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato. Fue detenido dos veces por presunto homicidio, en 1987 y 1990. En ambas oportunidades salió con beneficios procesales tras un breve periodo en prisión. Luego de graduarse como abogado e ingresar al sistema judicial, se estrenó como juez de control en 2001. Allí ganó relevancia tras los hechos del 11 de abril de 2002, donde llevó el juicio contra el comisario Iván Simonovis, al  mismo tiempo que ejercía como abogado defensor de los pistoleros de Puente Llaguno. Posteriormente fue juez con competencias en terrorismo, ocupándose de otro caso famoso: el asesinato de Danilo Anderson en 2004.

Ascendió hasta ser titular de la Corte de Apelaciones, aunque en 2007 lo destituyeron junto a otros dos jueces. Esto por contradecir una sentencia del TSJ y ordenar la liberación de los implicados en el asesinato de la abogada Consuelo Ramírez Brandt. No volvió al Poder Judicial hasta 2014, cuando contra todo pronóstico, la AN presidida por Cabello lo designó magistrado. De acuerdo con la organización Suprema Justicia, esto ocurrió a pesar de las objeciones por parte del Consejo Moral Republicano y el descontento de algunos magistrados de la Sala Constitucional. No obstante, a las pocas semanas se consolidó como primer vicepresidente del TSJ, tras ratificar las medidas de cárcel contra el líder opositor Leopoldo López.

Katherine Haringhton

Foto: Cortesía

Será magistrada suplente en la Sala de Casación Penal. Durante su paso por la Fiscalía, dirigió varios casos de corte político, llevando a tribunales a diferentes dirigentes opositores y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG). Entre sus imputaciones más famosas figura la del exalcalde metropolitano Antonio Ledezma, la exdirigente estudiantil Gaby Arellano y la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado.

En 2017, el TSJ emitió la sentencia 470, en la que anuló la designación de Rafael González Arias como vicefiscal general de la República. En su lugar nombraron a a Haringhton, aunque la fiscal Luisa Ortega Díaz desconoció la medida y le negó la entrada a la sede del Ministerio Público. Finalmente el mismo TSJ la removió del cargo en 2018. También es de las primeras funcionarias del chavismo a las que Estados Unidos sancionó en 2015, por su vinculación con casos de tortura y persecusión política en las protestas de 2014.

Caras nuevas

No todos los magistrados son repitientes. Al menos la mitad de los designados ejercerán por primera vez en el máximo juzgado venezolano, aunque sus nombres no son ajenos a los tribunales. Algunos provienen de la justicia militar, mientras otros se han desempeñado en la Defensa Pública, e incluso en otras instancias como el CNE. Entre los que poseen una carrera rastreable se encuentran:

Juan Carlos Hidalgo: General de División del Ejército y abogado especialista en Derecho Penal. En su historial figura como comandante del Batallón Caracas y gerente de Recursos Humanos del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). En 2009 fue nombrado como fiscal general militar, cargo que ocupó por algunos años. Formará parte de la Sala Político-Administrativa.

Henry Timaure: General de Brigada del Ejército y presidente de la Corte Marcial entre 2014 y 2018. Durante las protestas contra el régimen de Maduro de 2017, el dirigente político Lester Toledo lo señaló como responsable de la represión y el enjuiciamiento de civiles en instancias militares en el estado Zulia. De acuerdo con TalCual, egresó de la Academia Militar en la promoción Gral. de Bgda. Tomás Montilla de 1987, siendo de la misma cohorte que Diosdado Cabello. Ingresa a la Sala de Casación Civil.

Carmen Marisela Castro: En enero de 2019, la asamblea nacional constituyente (ANC) la nombró defensora pública general, en sustitución de Susana Barrientos. Estará en la Sala de Casación Penal.

José Luis Gutiérrez: Es abogado especialista en Derecho Administrativo y profesor universitario. Entre 2008 y 2020 se desempeñó como director Partidos Políticos del CNE. Fue uno de los rectores ad hoc nombrados por el TSJ para árbitro electoral, siendo miembro de la Junta Nacional Electoral (JNE). Es hermano de Bernabé Gutiérrez, actual presidente de la junta directiva de Acción Democrática intervenida por la Sala Constitucional. Al igual que Timaure, estará en la Sala de Casación Civil.

Elías Bittar Escalona: Exabogado de Radio Caracas Televisión (RCTV). En 2002 fue imputado por el Ministerio Público por su participación en el gobierno provisional de Pedro Carmona Estanga tras los sucesos del 11 de abril. Posteriormente fue indultado por decreto de Hugo Chávez en 2007. Entra a la Sala de Casación Social.

Luis Emilio Rondón González: Será magistrado suplente en la Sala Político-Administrativa. Fue rector del CNE entre 2014 y 2020, considerado como el contrapeso de la oposición dentro de su Junta Directiva. Antes de eso, fue director general de Partidos Políticos y de la Oficina Nacional de Participación Política. Se hizo conocido por cuestionar abiertamente varias decisiones de Tibisay Lucena, llegando incluso a salvar su voto. Es hijo del exdiputado y dirigente de Un Nuevo Tiempo, Luis Emilio Rondón Hernández.

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