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- Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) detallaron en un reciente informe que la región registró casi el 30 % de las muertes por el virus en el mundo. Foto principal: EFE
Un nuevo informe de Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) señaló que con solo el 8,4 % de la población mundial, América Latina y el Caribe han padecido el 28 % (1,6 millones) del total mundial de muertes a causa del covid-19. Esto como consecuencia de las desigualdades ya existentes en la región.
“La pandemia del covid-19 ha sido devastadora para el derecho a la vida, a la salud y a una vida digna de millones de personas en América Latina y el Caribe”, indicaron los organismos en el documento.
El informe, denominado Desigual y letal: Cinco claves para recuperarse de la crisis de derechos humanos que desató la pandemia en América Latina y el Caribe, expuso que los países con mayor desigualdad y menos gasto público en salud y protección social fueron los que más sufrieron durante la pandemia.
Resaltó que los efectos más devastadores recayeron en los grupos históricamente marginados. Desde el comienzo de la pandemia, el número de personas que viven en la pobreza extrema en América Latina y el Caribe ha aumentado en 16 millones.
Aunque varios de la región adoptaron medidas orientadas por las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de sus personas expertas en epidemiología, el informe destacó que estas no han sido suficientes para frenar el avance de la pandemia.
Impacto económico social y económico del covid-19 en América Latina y el Caribe
Las organizaciones precisaron que la pandemia ha tenido también impactos devastadores en derechos económicos y sociales. Esto se debe a que la región fue la que sufrió la peor contracción económica y la caída más drástica del empleo en 2020.
Explicaron que la persistencia de la pobreza se debe a la crisis en el mercado laboral desencadenada por la pandemia. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2020 salieron del mercado de trabajo 30 millones de personas en la región.
Además, el estudio subrayó que la brecha de género en la participación del mercado laboral podría incrementarse, ya que se estima que en 2021 la tasa de participación de las mujeres apenas regresaría a niveles similares a 2016, año en el que una de cada dos mujeres no participó en el mercado laboral.
Según el documento, el desempleo femenino alcanzó el 11,8 % en 2021, mientras que el masculino fue menor, 8,1 %.
La recuperación económica no ha sido suficiente
El análisis que realizaron en 17 países de la región arrojó que, a pesar de la incipiente recuperación económica en 2021, “no ha sido incluyente ni suficiente para que millones de hogares puedan recuperar sus niveles de vida previos a la pandemia”.
En este sentido, puntualizó que las personas más pobres y con mayores barreras sociales y económicas son las que más dificultades han atravesado para una recuperación, por lo que estiman que la desigualdad en la región podría crecer.
De acuerdo con estimaciones recientes de Cepal, en 2020 el número de personas en pobreza y pobreza extrema con respecto a 2019 se incrementó en 17 y 11 millones, respectivamente.
“Aunque la pobreza disminuyó moderadamente en 2021 en comparación con 2020 debido a la recuperación económica y laboral, los niveles de pobreza siguen siendo mayores a lo observado antes de la pandemia”, agregó.
La Cepal estima que, a raíz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estarían experimentando un proceso de movilidad social descendente. De esa cifra, al menos 25 millones habrían pasado a los estratos bajos y 3 millones habrían caído por debajo de la línea de pobreza.
La educación resultó más afectada en Latinoamérica
En materia de educación, el informe reseñó que casi el 60 % de los niños y niñas que perdieron un año escolar entero están en Latinoamérica y el Caribe. Esto se debe a que entre marzo de 2020 y diciembre de 2021, la región tuvo cierres de escuelas por un periodo de 158 días, muy por encima de la media mundial que fue de 95 días.nnDe acuerdo con las organización, incluso en los países donde se implementó la educación remota, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha documentado evidencia de que la brecha digital afecta el aprendizaje de largo plazo de niños y niñas.nn“La salud mental de aproximadamente el 60 % de niños, niñas y adolescentes de la región fue afectada por un contexto adverso y de aislamiento derivado del aprendizaje virtual”, agregaron.n
Acciones previas pudieron haber evitado la crisis
Amnistía Internacional y el CESR señalan que a pesar de los niveles alarmantes de desigualdad y pobreza en la región, en los últimos 10 años los gobiernos no han recaudado suficientes ingresos por impuestos ni lo han hecho de una manera que permita combatir la desigualdad.
Resaltan que la situación ha dado lugar a un escaso gasto en servicios de atención de la salud y protección social, incluidos desempleo, pensiones y apoyo a la infancia, que son indispensables para una vida digna.
“Los gobiernos tienen la obligación de movilizar proactivamente los recursos necesarios para proteger a sus respectivas poblaciones de los peores efectos de la discriminación, la enfermedad y el desastre económico. Si los países latinoamericanos hubieran actuado de este modo en los decenios previos a la pandemia, la región podría haber evitado tanto dolor y pérdida de vidas”, afirmó Kate Donald, directora ejecutiva en funciones del CESR.
En este sentido, reiteró que los gobiernos ahora tienen la oportunidad de prevenir el próximo desastre generado por la desigualdad y de cambiar a una economía basada en los derechos.
El informe indicó que países como México, Brasil y Perú, donde el 1 % más rico de la población acapara más del 30 % de la riqueza nacional, han registrado las cifras más elevadas de muertes por covid-19 en la región en proporción a su población.
Bajos gastos en servicios de salud
Aunque la Organización Panamericana de la Salud establece que un mínimo del 6 % del producto interno bruto (PIB) debe dedicarse a la salud si se pretende garantizar la cobertura universal, casi todos los países de la región gastan mucho menos en servicios de salud pública.
Los bajos montos dedicados a la salud pública se traducen en la insuficiencia de camas de hospital y la falta de profesionales médicos o de enfermería para tratar de forma efectiva el covid-19 y otras crisis de salud.
“Dos años después del comienzo de la pandemia, los gobiernos de América Latina siguen sin entender la urgencia de implementar un enfoque basado en los derechos humanos destinado a recuperarse de la pandemia y afrontar la desigualdad”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El informe subrayó que aunque muchos países de Latinoamérica efectuaron transferencias monetarias durante la pandemia, ninguno de ellos amplió el seguro médico ni tomó suficientes medidas para implementar mecanismos de seguridad social universal, con el fin de garantizar que las personas más desfavorecidas estuvieran atendidas.
Recomendaciones
Las organizaciones puntualizan que una de las principales causas del bajo gasto en salud es la baja recaudación tributaria. En 2019, la región únicamente recaudó en promedio el 22 % de su PIB en impuestos, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En el documento describen que en muchos países de la región los sistemas tributarios son regresivos, con impuestos que no exigen lo suficiente a quienes pueden pagar más, por lo que no cuentan con herramientas para reducir la desigualdad y redistribuir la riqueza.
En este sentido, en el informe expusieron cinco recomendaciones para que los gobiernos de los países de la región se aboquen a la problemática. Estas son:
-Combatir la desigual y la discriminación empleando politicas fiscales, sociales y laborales para lograr una igualdad sustantiva.
-Combatir la inequidad en los determinando sociales de la salud, por que sugieren analizar a profundidad y hacerle frente al impacto que han tenido las políticas de respuesta a la crisis en el acceso a los derechos de alimentación, vivienda, trabajo y servicios básicos.
-Ampliar la protección social garantizando que todas las personas tengan acceso a la atención médica.
-Aumentar el gasto público en salud, al nivel de por lo menos el 6 % del PIB.
-Asegurar políticas fiscales justas priorizando reformas tributarias progresivas que contribuyan a cerrar las brechas de ingresos y de género.
“Si no afrontan con audacia la necesidad de gravar más y mejor, los países de América Latina seguirán viéndose arrastrados por un malestar de desigualdad socioeconómica que favorecerá a una élite rica mientras perjudica a la sociedad en su conjunto”, expresó Kate Donald.
