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- Agrupaciones de la sociedad civil y líderes políticos de la oposición aseguraron que el nuevo Tribunal Supremo de Justicia nombrado por la Asamblea Nacional oficialista garantiza la continuidad del apoyo de este poder al régimen de Nicolás Maduro
Que solo el régimen de Nicolás Maduro celebre la conformación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombrado por la Asamblea Nacional (AN) chavista, dice mucho sobre el futuro que cabría esperar del Poder Judicial en Venezuela. Con la mayoría de magistrados reciclados (12 de los 20 repiten en sus cargos en el máximo tribunal) y con pasado en el oficialismo (18 de los 20 estuvieron en las filas del chavismo), agrupaciones de la sociedad civil y partidos opositores han rechazado en pleno al nuevo TSJ por considerar que no es independiente y, en el caso de quienes esperaban mayor imparcialidad, que cierra la puerta a lograr avances en la reinstitucionalización del país.
Las críticas, que ya eran contundentes tras la aprobación y juramentación de los magistrados en la AN en la tarde del martes 26 de abril, arreciaron el miércoles con el nombramiento de Gladys Gutiérrez como presidenta del TSJ. Gutiérrez es una de las viejas conocidas del órgano judicial: ya fue presidenta entre 2013 y 2017. En su último año al frente del máximo tribunal fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos por ser considerada como responsable del socavamiento del Estado de derecho en Venezuela.
Además de la parcialidad política de los magistrados, la ratificación de los que repiten viola la Constitución, que en su artículo 264 establece que: “Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único periodo de doce años”.
De espaldas a la sociedad civil
Ante este panorama favorable al oficialismo, la ONG Acceso a la Justicia denunció en Twitter que el nuevo TSJ garantiza la continuidad del apoyo de este poder al régimen de Maduro, “tanto por sus integrantes como por la forma en la que fueron distribuidos los magistrados en cada una de las salas claves”.
La ONG mencionó que la Sala Constitucional, que pasó de tener seis a cinco magistrados, tiene cuatro magistrados del anterior TSJ, incluyendo a Gladys Gutiérrez. La otra vez presidenta del tribunal, recordó la agrupación de la sociedad civil, estaba en comisión de servicio como embajadora en La Haya y, aún así, mantenía su cargo como magistrada.
Por su parte, la ONG Coalición por los Derechos Humanos afirmó en un comunicado de prensa que esta elección se llevó “prácticamente a puerta cerrada” y no se pudo conocer los baremos que estableció el Comité de Postulaciones Judiciales de la AN para evaluar los requisitos.
La Coalición subrayó que su mayor preocupación es la “militarización” de las salas del TSJ. “Nos preocupan las credenciales de dos generales que fueron designados como magistrados, uno de ellos viene de ser presidente de la Corte Marcial y otro viene de ser fiscal general militar”, dijeron.
Agregó que este es un “patrón” que se repite en otras instancias gubernamentales y “personal militar que, si bien están en situación de retiro, formaron parte del estamento militar y además ocupando importantes cargos”.
Gladys Gutiérrez y la investigación de la CPI
La reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se produce en medio de la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano y del memorando de entendimiento que el organismo firmó con el régimen de Nicolás Maduro.nnEn ese sentido, el nombramiento de Gladys Gutiérrez guarda relación con la investigación de la CPI, ya que viene de ser embajadora ante ese organismo. No obstante, de acuerdo con el abogado en derecho internacional y diplomacia, Mariano de Alba, su nombramiento hace aún más evidente la falta de independencia del Poder Judicial venezolano de cara a la CPI.nn“Que ahora el TSJ esté presidido por quien hace días detentaba el cargo de embajadora y recibía instrucciones del Ejecutivo, reforzará la apariencia y evidencia de que existe interferencia política en el Poder Judicial, afectando seriamente la posibilidad de que se haga justicia”, comentó en Twitter el abogado.nnDe Alba explicó que aunque para la CPI lo crucial es que se produzcan avances tangibles en investigaciones y juicios por presuntos crímenes de lesa humanidad, también es relevante determinar qué tan genuinos son esos avances. En ese sentido, argumentó que el régimen de Maduro tiene tres problemas que atentan contra esa autenticidad en las investigaciones y juicios que también considera la CPI: uno, que no incluyen a altos responsables; dos, que hay un retraso procesal irracional; y tres, que la justicia en Venezuela está politizada.
La oposición sin fisuras
Paradójicamente, la conformación del nuevo TSJ logró algo que, al menos en los últimos meses, no ha sido frecuente: la unión de la oposición. Aunque con distintos matices y enfoques, los partidos políticos opositores rechazaron la elección de los magistrados.
El gobierno interino de Juan Guaidó condenó el proceso y señaló a través de un comunicado que la nueva composición del TSJ era reflejo de la ausencia de democracia en Venezuela.
“Este hecho es la muestra más reciente de la ausencia de democracia en nuestro país, marcada por un proceso de repartición de cuotas entre los distintos grupos de poder de la dictadura y sus cómplices que aleja la posibilidad de encontrar justicia, verdad y reparación para miles de venezolanos”, se lee en el texto del interinato. Y añadieron: “Lo sucedido hace inviable que en Venezuela se pueda aplicar cualquier tipo de ‘principio de complementariedad’ entre las investigaciones nacionales e internacionales en curso, ya que los tribunales no garantizan que se pueda impartir justicia verdadera”.
Por su parte, el partido Voluntad Popular calificó de “imposición” el nombramiento de los magistrados.
Un comunicado similar publicó Primero Justicia (PJ), para el que el proceso de designación de magistrados del TSJ fue una “pugna interna” del PSUV. No obstante, como suele pasar en PJ, la contundencia de los mensajes varía de acuerdo con el dirigente.
Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la AN electa en 2015, aseveró que el nuevo TSJ es una “cachetada contra las víctimas que exigen justicia y una prueba para la CPI de que el régimen de Maduro solo quiere asegurar su impunidad”. Y añadió: “Nuestra lucha es para sacar a la dictadura, no para darle a Maduro el barniz institucional que tanto busca para evadir a la CPI y a la justicia”.
A 5 años de las masivas violaciones de DDHH de 2017, donde la dictadura masacró a un pueblo que salió a pedir libertad, esto es una cachetada contra las víctimas que exigen justicia y una prueba para la CPI de que el régimen de Maduro solo quiere asegurar su impunidad.
— Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) April 26, 2022
Henrique Capriles, en cambio, fue más cauteloso y aseguró que se perdió una oportunidad para elegir a un TSJ conforme a lo establecido en la Constitución: “Y saldar así una deuda que hay con los venezolanos y cambiar el desastroso sistema de administración de justicia”.
Cuotas de poder dentro del chavismo
Aunque dentro de la narrativa del chavismo por ahora no ha habido fisuras en el respaldo al TSJ, y de que la votación en la AN fue unánime, la conformación del TSJ sugiere que hubo grupos dentro del régimen que perdieron cuotas de poder.
Uno de ellos podría ser Pedro Carreño. Con la repetición de la mayoría de los magistrados en sus cargos, el oficialismo parece haber ignorado por completo la petición de nuevos magistrados que hizo Carreño. De esta forma, se mantienen los mismos a los que había denunciado por corrupción.
“Yo vi por televisión la instalación del año judicial y escuché con detenimiento los discursos y allí no observé ninguna rectificación, ninguna revisión, ningún llamado a enmendar. Eso era el Titanic. El barco hundiéndose y puro aplauso, puros logros, puras conquistas. ¡Y la corrupción que pulula allí, todo lo que está pasando dentro del sistema de justicia! ¿Dios mío, no van a hacer una rectificación? Ni la magistrada ni el presidente (Maickel Moreno). Eso era puro logro. El Titanic hundiéndose y la orquesta sonando”, reprochó el 31 de marzo en su programa televisivo Desenlaces.
#ÚLTIMAHORA Fuerte crítica de Pedro Carreño a Maikel Moreno y Marjorie Calderón por sus discursos en la inauguración del año judicial del TSJ: "El Titanic hundiéndose y la orquesta sonando" https://t.co/3jsqUqACzr pic.twitter.com/Wy7JYBfW2b
— Monitoreamos (@monitoreamos) March 31, 2022
Aunque salió de la presidencia del TSJ, Maickel Moreno pasará a la Sala Plena.
El nombramiento de Gladys Requena como inspectora de tribunales también puede ocasionar fricciones dentro del PSUV. Requena, a quien Maduro ha nombrado como ministra, constituyente y diputada, tuvo importantes desencuentros públicos con el exgobernador del estado Vargas, el fallecido José Luis García Carneiro.
“Llegó el momento de decirle la verdad, usted se ha pasado de la raya amenazando a la gobernación de corruptos y maléficos”, le dijo Carneiro a Requena en un audio que trascendió en junio de 2020. “Usted es una traidora completa”, le reprochó el entonces gobernador.
Por otro lado, el ala militar parece haber salido reforzada con el nombramiento de Henry Timaure, expresidente de la Corte Marcial, en la Sala de Casación Civil; y de Juan Carlos Hidalgo, antiguo fiscal general militar, en la Sala Político-Administrativa.
