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- El padre Arturo Peraza, rector del colegio ubicado en Puerto Ordaz, aseguró que la institución educativa cumplió con los protocolos establecidos para atender la violencia escolar
El Ministerio Público imputó el viernes 6 de mayo a Sara De Freitas, directora del Colegio Loyola Gumilla, en Puerto Ordaz (estado Bolívar), debido a un caso de acoso escolar que se produjo en la institución y que se hizo viral en las redes sociales.
La defensa de la directora de la institución informó que el tribunal admitió la presunta comisión del delito de lesiones personales intencionales leves, en comisión de omisión. A través de Twitter, Tarek William Saab, fiscal afín al régimen de Nicolás Maduro, solicitó medidas cautelares en contra de De Freitas. Antes el Ministerio Público había imputado al agresor, un adolescente, por delito de agresión personal.
En el video que trascendió en redes sociales, grabado por alumnos de la institución, se observa cómo un estudiante le da dos patadas a otro que está sentado en el piso. No obstante, el audiovisual no muestra el contexto en que se dieron los hechos. De acuerdo con otra versión, el presunto agresor, quien tiene una condición de espectro autista, inicialmente era la víctima.
Defienden a la directora
Personal de las diferentes obras ignacianas como el Colegio Loyola Gumilla, la Universidad Católica Andrés Bello, Fe y Alegría y la Asociación Venezolana de Educación Católica, acudieron el viernes 6 de mayo a las afueras del Palacio de Justicia, en Puerto Ordaz, para respaldar a la directora.
Desde el Colegio Loyola Gumilla defienden que no fueron negligentes ante el caso de violencia escolar.
“El colegio reaccionó como tenía que funcionar. Hay un protocolo de funcionamiento de cómo se reacciona ante ese tipo de situaciones, el mismo día se atendió la situación por parte de la coordinadora, al día siguiente se citaron a los padres y representantes, se convocó a los órganos del Ministerio de Educación e instancias que tienen que actuar en este tipo de circunstancias”, explicó el padre Arturo Peraza, rector del colegio.
#Atención: El Colegio Loyola-Gumilla está comprometido con la misión de educar y respaldamos la gestión de nuestra directora Sara De Freitas. Haz clic aquí ➡️https://t.co/UfAaa78Yfz ⬅️ para conocer quiénes refrendamos este comunicado pic.twitter.com/lkaRl8W25E
— Colegio Loyola-Gumilla (@colegioloyola) May 6, 2022
Asimismo, explicó que el grupo de estudiantes que se vieron involucrados en la situación habían recibido una formación sobre acoso y violencia para evitar ese tipo de hechos.
Exposición de los menores
Además del debate sobre la responsabilidad de la directora en el caso de acoso, la forma en la que el Ministerio Público ha llevado el caso ha generado críticas por la exposición que se hace de los jóvenes, tanto del agredido como del agresor.
“Lo que ha hecho el fiscal de la República es un atropello, porque saca de quicio algo educativo y lo pone en un proceso de criminalización. Además, expone al escarnio público la imagen de los dos menores, y ahí hay violación del artículo 65 de la Lopnna. Después pone el nombre y apellido de uno de los menores y eso supone un agravante”, explicó Peraza a El Pitazo.
La ONG Cecodap explicó que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente garantiza en el artículo 65 el derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad. Por lo tanto, la ley prohíbe expresamente exponer o divulgar, a través de cualquier medio, datos, información o imágenes que identifiquen, directa o indirectamente, a los niños, niñas o adolescentes que hayan sido sujeto activo o pasivo de hechos punibles.
“Estos comportamientos constituyen una infracción y por tanto son sancionables. Es inadmisible que el fiscal general de la República o cualquier otra autoridad del Estado sea quien vulnere el honor, reputación y propia imagen de un adolescente, a través del uso de una plataforma pública para exponerlo”, argumentó la organización.
Tarek William Saab ha violado la normativa en al menos dos ocasiones más recientemente.
El 4 de mayo anunció que se designó a la Fiscalía 31° con competencia en Responsabilidad Penal Adolescente para sancionar a estudiantes del Colegio Los Angelitos, en Maracaibo, estado Zulia. Posteriormente, hizo público un caso en el Colegio Teresiano de El Paraíso, en Caracas e informó sobre la designación de la Fiscalía 117 de Sistema Penal de Responsabilidad de los adolescentes para investigar y sancionar las acciones y a los involucrados.
