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- La ONG International Rescue Committee (IRC) alertó que al menos 2.000 niños venezolanos están fuera del sistema educativo en ese territorio por falta de cupos. Foto: EFE
Pedir limosna o descuidar su salud, esa es la disyuntiva para miles de migrantes venezolanos en la región peruana de Tumbes, frontera con Ecuador, donde el acceso a la salud y a la educación es limitado para quienes viven irregularmente en una localidad desatendida.
En Puerto Pizarro, el venezolano Eliot García encontró en el turismo no solo un sustento económico, sino también la solidaridad de quienes lo salvaron hace cuatro años de un infarto.
Su historia no es una excepción. En este punto fronterizo, donde a diario entran y salen entre 300 y 1.500 migrantes venezolanos, según cifras de las agencias internacionales, invocar a la solidaridad es muchas veces la única vía para sortear los obstáculos a la salud.
La venezolana Escarlet Johana asegura que, a quien recurren en un grito de auxilio, es a muchos compatriotas suyos establecidos en la zona.
Relató que recientemente una vecina sufrió depresión posparto: “Tuvimos que salir a pedir colaboración para pagar la hospitalización y los remedios”.
Deficiencias en salud
Sobre el papel, el sistema de salud peruano presume de atender de forma gratuita a todos los menores de 5 años de edad, pacientes de VIH y mujeres embarazadas, incluyendo las que han dado luz hasta los primeros 41 días, independientemente de su condición migratoria.
Pero no siempre es así. Prueba de ello es que la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) estima que solo el 3,6 % de los niños venezolanos menores de 5 años de edad recibieron atención médica en Perú durante 2020 y la primera mitad de 2021.
En esos casos, a la xenofobia y las deficiencias estructurales del sistema sanitario peruano se suma la crisis causada por el covid-19.
“Desafortunadamente, los procesos administrativos y las consecuencias de la pandemia han puesto en posición delicada las estructuras del sistema de salud peruano”, comentó Jean Hereu, coordinador general de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Perú.
Por eso, en los principales puntos de tránsito de la frontera peruana con Ecuador, MSF y otras organizaciones establecieron puestos donde ofrecen orientación y atención primaria a los desplazados.
Hereu detalló que un 30 % de los pacientes que atienden son mujeres gestantes y otro 24 %, menores de 5 años de edad.
Barreras a la educación
Una fotografía dispar presenta el gerente regional de Desarrollo Social de Tumbes, Luís Alfonso Cerna, quien aseguró a EFE que “ni la educación ni la salud se niegan porque, más allá de la condición migratoria, prima la vida”.
“Venimos atendiendo a toda la población migrante”, insistió.
El funcionario, por otro lado, puntualizó que, actualmente, 2.050 niños y adolescentes están matriculados en escuelas de Tumbes.
Esta cifra representa, de acuerdo con la ONG International Rescue Committee (IRC), el 50 % del total de menores venezolanos de edad viviendo en la región, por lo que otros 2.000 quedaron fuera del sistema educativo por falta de cupos.
Rodrigo Valderrama, jefe de la oficina en Tumbes de la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), también advierte que a este problema se suma la incorporación de la presencialidad.
“Cuando era virtual, había niños que vivían en Puerto Pizarro, pero estaban matriculados en el colegio de Tumbes, no tenían problema. Pero ahora les toca pagar el pasaje y esto se convierte en una bola de nieve que está generando un nivel de desescolarización”, alertó.
Ante este escenario, IRC lanzó en febrero pasado, junto con Acnur y el gobierno local, el “Parque Infantil La Igualdad”, un espacio que promueve el fortalecimiento de las habilidades blandas de los menores de Puerto Pizarro, mientras busca frenar el trabajo infantil.
Una frontera desatendida
Luís Alfonso Cerna, gerente regional de Desarrollo Social de Tumbes, señaló que existen trabas en salud y educación por el nulo presupuesto que recibe el gobierno de Perú para atender las necesidades de la población migrante.
“No existe una partida para este tema, no hay nada y no podemos hacer uso de recursos públicos para eso, por eso en la cooperación internacional es donde hacemos alianzas estratégicas”, mencionó.
Para 2020, la ONU calculó que, en esta frontera, la cooperación internacional necesitaba 149 millones de dólares para cubrir las necesidades básicas de la población migrante, pero solo se logró un 44 % de esta cantidad.
Y el año pasado, la plataforma había estimado un presupuesto de 274 millones y se alcanzó apenas el 34 %, lo que ratifica la enorme brecha que azota esta frontera, desatendida ante una migración venezolana que no cesa.
Con información de EFE
