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- Además de la compra de votos, una vieja práctica electoral en Colombia, y de la dificultad de los procedimientos del conteo, recientemente organizaciones expertas han destapado las vulnerabilidades del software empleado por el Estado para procesar la data. Foto principal: La Opinión
Las elecciones presidenciales de Colombia están previstas para el próximo 29 de mayo y ya las sospechas de fraude invaden la opinión pública colombiana. Desde la izquierda hasta la derecha, distintos líderes políticos han puesto en alerta a la población sobre supuestas maniobras para perjudicarlos. El sistema electoral de Colombia tiene importantes vacíos que, aunque durante 50 años de democracia no mermaron la confianza, en un clima de polarización política como el actual, refuerzan la sombra del fraude.
El sistema electoral de Colombia ofrece los resultados de dos maneras. La primera, en la noche de las elecciones, se publica un preconteo que se realiza manualmente y que es sistematizado por teléfono desde las mesas de votación a un centro de contabilización en Bogotá. El segundo se publica días después, ya con los resultados definitivos y que es procesado por un software de la empresa Indra, contratada por el Estado. El encargado de velar por los resultados es la Registraduría Nacional.
Precisamente sobre la Registraduría y el registrador, Alex Vega, recaen las principales denuncias.
Al ya agitado clima político y electoral, se le sumaron los polémicos comicios del 13 de marzo, las primarias partidistas y del Senado, en los que si bien en principio se dio ganador al Pacto Histórico, coalición de Petro, después se conoció que obtuvo 400.000 votos más de los que le había atribuido la Registraduría.
Desde entonces, todos los comandos de campaña de los candidatos presidenciales reforzaron sus equipos de observadores electorales o “cuidadores de votos”.
Las narrativas
Las denuncias de fraude en todo el procedimiento no son una novedad. De hecho, ha sido una línea discursiva recurrente desde el año 2018, principalmente de la izquierda representada por Gustavo Petro. No obstante, una línea de tiempo trazada desde Linterna Verde, una organización independiente que investiga cómo se construye la opinión pública en los entornos digitales, refleja cómo la derecha se ha sumado a esas denuncias de fraude.
La organización sitúa el inicio de la narrativa del fraude en las elecciones presidenciales de 2018, cuando Petro puso en duda los resultados. En ese momento, el candidato izquierdista denunció inconsistencias en los formularios E-14, tres formatos que se llenan de manera manual y que llevan los votos de cada candidato. Un año después, en las elecciones locales de 2019, la izquierda retomó el discurso del fraude, señalan desde Linterna Verde.
En 2022, año de las elecciones presidenciales, el discurso ganó fuerza. A partir de febrero el presunto fraude electoral “ganó tracción” en la derecha, apuntan desde Linterna. El 13 de marzo, el día de las elecciones, liberales e izquierdistas iniciaron los cuestionamientos sobre el proceso, tras detectar irregularidades nuevamente en los formatos E-14. Si las denuncias parecían infundadas, la narrativa pareció ganar en argumentos cuando se verificó que la cantidad de votos del Pacto Histórico había sido mayor de lo informado. No obstante, el sistema que la izquierda acusaba de fraudulento fue el mismo que validó los votos reales.
“Lo que hace el Registrador hoy, ahora sí se llama fraude”, escribió Petro en Twitter cuando el registrador Vega anunció un reconteo de votos, que después no llevó a acabo. “La cadena de custodia de votos terminó el sábado. A esta hora pueden estar llenando las bolsas de votos. Desobedecen la decisión de 5.000 jueces. Estamos ante un verdadero golpe de Estado impulsado por (Álvaro) Uribe”, continuó el izquierdista, favorito en todas las encuestas para ser el próximo presidente de Colombia.
El 19 de marzo, el expresidente Uribe (2002-2010), una de las figuras más influyentes de la política colombiana, acusó a Petro de pretender “robarse” las elecciones.
“Dr. Petro, gánese las elecciones, no pretenda robárselas ni imponerse tramando acusaciones de fraude en contra de quienes pedimos cuentas claras”, escribió en Twitter el exmandatario.
Lo mismo hizo el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), del partido conservador. Aseguró que las cifras oficiales del registrador “apestan a fraude” a favor del Pacto Histórico.
Las cifras oficiales del Registrador apestan a fraude a favor del Pacto Histórico.
— Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) March 18, 2022
El gobierno debe contratar, con visto bueno de los actores de la elección, dos firmas internacionales independientes para el análisis forense de los procesos de la Registraduría el domingo pasado.
Compra de votos
Una de las prácticas que más ha caracterizado a los procesos electorales de Colombia es la compra de votos, a pesar de ser un delito electoral que se castiga hasta con nueve años de prisión.
Detrás de esta práctica hay toda una estructura logística que les permite a las organizaciones políticas saber de antemano la información de los votantes y los puestos donde sufragan, así como movilizar ingentes cantidades de dinero en efectivo para pagar a los electores..
El caso de la prófuga excongresista barranquillera Aida Merlano, refugiada en Venezuela y desde donde ha lanzado acusaciones de corrupción electoral contra una gran cantidad de políticos colombianos que habrían sido sus cómplices en la compra de votos, es el más emblemático de esta práctica. A Merlano la condenaron a 11 años por corrupción electoral en los comicios de 2018.
Generalmente los votantes comprados suelen ir a los centros de votación acompañados por un líder que verifica si la persona cumple con la cita electoral. Posteriormente, los líderes reportan a coordinadores y los “mochileros”, como llaman a quienes llevan el dinero en bolsos, hacen el pago al votante comprado. Pero con el tiempo la compra de votos se ha vuelto más sofisticada.
El presidente ejecutivo de la ONG Corcaribe, Dany Oviedo Marino, explicó que este tipo de prácticas repercutirá en las elecciones presidenciales del 29 de mayo y podrían llegar a afectar de manera definitiva los resultados electorales. Los comicios del 13 de marzo fueron un indicio de que podría suceder: dos días antes de las elecciones, la MOE había recibido 79 denuncias de compra de votos.
La impunidad en estos casos es otro de los factores que influye en la reiteración de este delito. Entre 2014 y 2021 la Fiscalía emitió 31 sentencias relacionadas con el delito de “corrupción al sufragante”. Esto es solo el 2 % del total de noticias que recibieron, de acuerdo con un estudio de la Corporación Transparencia por Colombia.
Los E-14 en la mira
Los formularios E-14 tienen una concepción que de por sí facilita las confusiones. Son tres formularios diferentes que deben llenar a mano y que deben tener resultados idénticos.
De acuerdo con la Registraduría, el primer formulario es para los delegados que publica la Registraduría Nacional en su página web; el segundo es diligenciado por un funcionario de la autoridad electoral, para la transmisión de datos al público y medios de comunicación; y el tercero es el que tendrá la comisión escrutadora, el único que tiene valor jurídico y sobre el cual se basan las autoridades electorales para realizar el escrutinio.
El pasado 13 de marzo, la MOE revisó miles de formularios E-14. La veeduría explicó en un pronunciamiento oficial que las anomalías:
Si bien en su pronunciamiento la MOE reconoció que durante la elección muchos de los formularios se fueron corrigiendo, advirtieron cuatro factores que determinaron las inconsistencias: el primero, que deben ser llenados a mano tres veces y deben ser copias aunque no son formularios idénticos; el segundo, la falta de acceso a la información frente al proceso de selección y designación de los jurados de votación; el tercero, las deficiencias de la capacitación de los jurados, a cargo de la Registraduría; y por último, un error en el diseño de los E-14.
Antes de las elecciones del 13 de marzo, la MOE había advertido que el diseño de las E-14 podría generar confusión. A través de un sorteo, el Pacto Histórico, de Gustavo Petro, quedó en el último lugar del formulario. Esto ocasionó que su coalición quedara como si fuera un pie de página, poco visible entre el resto de agrupaciones políticas y candidatos.
Dudas con la tecnología
Pero además de la vieja maña de la compra de votos y de los ya conocidos vericuetos de los E-14, recientemente también han surgido dudas sobre la tecnología que se emplea para las elecciones.
Una de las organizaciones encargadas de hacer la veeduría sobre el software es Karisma, una fundación experta en seguridad digital y derechos sociales. Sobre los hallazgos que han hecho, Pilar Sáenz, coordinadora del Laboratorio de Seguridad digital y privacidad K+LAB de Fundación Karisma, explicó a El País: “Nuestra conclusión es que el software es vulnerable, que no ha sido diseñado para ser controlado, que no se ha hecho nunca una auditoría independiente al sistema de escrutinio”.
Y concluyeron en su informe preliminar: “Y dado que no todas las personas cuentan con la preparación y conocimientos necesarios para auditar un software, entonces, no cualquiera puede supervisar y controlar que el escrutinio funcione bien”.
La MOE y otras organizaciones expertas en observación electoral han denunciado que no pueden conocer si todas las fases del software funcionan bien, debido a que no tienen acceso al código fuente.
Desde la Registraduría esgrimen que la restricción obedece a que es una empresa privada que alquila el programa al Estado. No obstante, que sea secreto o vulnerable, no quiere decir que necesariamente haya fraude.
La MOE, por ejemplo, identificó que resolvieron los errores técnicos. “Es innegable que todos estos problemas quebrantan la confianza en el proceso electoral. Aún así, en un sistema tan complejo como este, que se presta a malos entendidos, el llamado a fraude es irresponsable”, dijo a El País Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE.
