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- El presidente había anunciado el levantamiento de la medida que autoriza la expulsión inmediata de migrantes, y niega su asilo. Sin embargo, un juez federal impidió su ejecución, a pesar de ya se superó la emergencia sanitaria por el covid-19
A principios de abril de 2022, la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el levantamiento de la medida sanitaria conocida como Título 42. De acuerdo con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la polémica ley antimigración quedaría derogada el 23 de mayo. Sin embargo, llegada ya la fecha, los miles de migrantes en la frontera mexicana seguirán teniendo las mismas restricciones debido a la orden de un juez federal.
El 20 de mayo de 2022, tres días antes de cumplirse el plazo, el juez Robert Summerhays, del Tribunal del Distrito Oeste de Louisiana, emitió un fallo en el que ordena mantener vigente el Título 42. Esto por solicitud de las autoridades de estados como Arizona, Missouri y la propia Louisiana, además de otros estados tradicionalmente conservadores, algunos de ellos lejanos a la frontera.
De acuerdo con el portal CNN, Summerhays argumentó su decisión en que el gobierno en Washington no cumplió los procedimientos adecuados para eliminar la ley. Dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) no le dieron la oportunidad a los estados demandantes de hacer sus comentarios y observaciones a la rescisión. Tampoco notificaron a tiempo de la medida, en un proceso que puede durar meses.
“En pocas palabras, los CDC no han explicado cómo las circunstancias actuales impidieron que los CDC emitieran la orden de rescisión a través del proceso de notificación y comentarios requerido”, escribió.
¿Qué es el Título 42?
Esta política implementada por el Departamento de Seguridad Nacional restringe la entrada a Estados Unidos que presente el riesgo de introducir una enfermedad a su territorio. De igual forma, permite expulsar a migrantes o negarles el asilo por motivos de bioseguridad. Aunque su existencia se remonta a la Ley de Salud Pública de 1944, su aplicación cobró relevancia durante la Administración de Donald Trump (2017-2021), debido a la pandemia de covid-19.
Desde su entrada en vigor, el 20 de marzo de 2020, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), contó con luz verde para deportar inmigrantes en caliente; es decir, regresarlos al país de su último tránsito (la mayoría de las veces México) inmediatamente después de su captura, sin trámites ni estadía en centros de detención. Se estima que bajo está política más de 1,7 millones han sido expulsadas.
Esta medida se complementa con otras aplicadas por Trump como el programa “Permanecer en México”, aprobado en 2018, que establece que todos los migrantes indocumentados que soliciten asilo en Estados Unidos deberán esperar la resolución de sus trámites en México. Una política ampliamente criticada ya que impide al solicitante hacer sus gestiones presencialmente en un sistema tildado como burocrático. Tras el cierre fronterizo por el covid-19, todos esos aspirantes quedaron desamparados, ante la congelación de sus procesos de asilo.
Batalla judicial
Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, cambió el enfoque tanto en el manejo de la pandemia, como de la migración. El 1° de abril de 2022, los CDC emitieron un comunicado en el que informaban la próxima derogación del Título 42. Señalaron que ya la situación del coronavirus en Estados Unidos estaba bajo control, por lo que la entrada de migrantes no suponía una amenaza sanitaria.
Si en su momento la orden fue necesaria en un Estados Unidos que llegó a encabezar las cifras de contagios mundiales, la situación ahora es distinta. El gobierno de Biden declaró que opta por un plan de vacunación masiva de los migrantes. Una postura aplaudida por activistas y organizaciones que se oponían a la restricción del derecho al asilo. También por el ala progresista del Partido Demócrata, que denunció en varias ocasiones el carácter racista y xenófobo con el que se implementaba el Título 42 en el contexto del discurso antimigración de Trump.
Por su parte, la derogación encontró resistencia en el seno del Partido Republicano. Sus detractores aseguran que levantar las restricciones supone un error dada la enorme cantidad de migrantes que actualmente se congregan en la frontera esperando la luz verde para entrar. Aseguran que Washington no cuenta con un plan para atender la ola de solicitudes de asilo que llegará una vez se restablezca el paso. Tampoco con capacidad en sus centros para recibir a los indocumentados en plena primavera, temporada en la que se registran más caravanas en la frontera.
¿Qué ocurrirá ahora?
El status quo en la frontera se mantiene. Los principales afectados son los migrantes que esperan en refugios de las ciudades fronterizas de México, y que tenían sus esperanzas en el levantamiento de la medida. “No nos queda más que esperar”, comentó al portal Independent Melinda Castro, una hondureña que, junto a sus dos hijos, es una de las 63 personas que viven en el albergue Buen Samaritano de Ciudad Juárez. Su familia fue deportada por la patrulla fronteriza con el Título 42, y al igual que el resto de refugiados, intenta mantener sus expectativas bajas para evitar ilusionarse.
Como ella, miles de migrantes se ven en problemas económicos tras dos años en refugios. Muchos tienen dificultades para conseguir trabajo y aún sostienen deudas por el viaje, lo que los hace blancos fáciles de las redes de narcotráfico y trata de personas. Organizaciones como Human Rights First han registrado más de 10.000 casos de secuestro, tortura, violación contra los migrantes que esperan en la frontera. La situación también ha llevado a muchos a prescindir de los canales regulares e intentar ingresar al país de forma ilegal, arriesgando sus vidas. Solo en febrero de 2022 se practicaron 158.000 detenciones por parte de la patrulla fronteriza en el sur del país.
Lee Gelernt, uno de los abogados que lleva la causa contra el Título 42, declaró a CNN que la Administración de Biden debe apelar en los próximos días el fallo del juez Summerhays. “La demanda es el colmo de la hipocresía. Los estados que la presentaron solo parecen querer restricciones de covid-19 cuando se trata de solicitantes de asilou0022, alegó. Esto en referencia al rechazo que precisamente hay en esos estados hacia otras medidas sanitarias como el uso de tapabocas en espacios cerrados o la vacunación obligatoria.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional declaró que sí cuentan con un plan de acción para atender la potencial ola de migrantes. Mayorkas anunció a mediados de mayo que esperan atender a más de 18.000 personas diarias una vez se revoque la ley. Para esto, anunció la creación del Centro de Coordinación de la Frontera Suroeste, que articulará a las diferentes agencias migratorias. Igualmente, se destinará un presupuesto de 1.450 millones de dólares, que ya fueron aprobados en la Ley de Asignaciones del año fiscal 2022.
