Email
- La compañía de arbitraje electoral le exigió al régimen de Maduro una indemnización por 1,5 millardos de dólares. Foto: EFE
La empresa británica SGO Corporation Limited, dueña de Smartmatic, presentó una demanda en contra del Estado venezolano por fraude y expropiación de activos durante y después de las elecciones de la asamblea nacional constituyente (ANC) en el año 2017.
Esta compañía está integrada por grupos empresariales que brindan servicios a gobiernos en todo el mundo con sistemas como el de voto electrónico que ofrece Smartmatic. De acuerdo con una publicación del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), SGO Corporation Limited le está exigiendo al régimen de Nicolás Maduro una compensación por aproximadamente 1,5 millardos de dólares.
La demanda señala que en julio de 2017 las autoridades venezolanas decidieron no utilizar varias medidas de seguridad que habían sido implementadas en procesos electorales anteriores. Agregaron que al final de los comicios el Consejo Nacional Electoral reportó resultados y niveles de participación distintos a los que reflejaba el sistema de Smartmatic.
Smartmatic emitió un comunicado en el año 2020, en el que aclaró que estaba en un proceso de querella contra el régimen de Nicolás Maduro por el fraude de reporte cometido en la elección a la ANC de 2017.
Detalles de la demanda
La demanda de la empresa surgió como respuesta a las represalias tomadas por el régimen de Maduro en contra de la compañía, luego de que esta se negara a guardar silencio sobre las irregularidades en el proceso electoral. SGO aseguró que el Estado venezolano emprendió una campaña de persecución en contra de la compañía.
Entre las represalias detallaron el hostigamiento y amenazas en contra de la seguridad, integridad física y vida de sus empleados. También habrían amenazado con dañar sus bienes. Estas medidas, dice la demanda, fueron utilizadas para forzar a Smartmatic a avalar y certificar resultados electorales falsos.
La empresa indicó que las autoridades venezolanas incumplieron de forma “deliberada y arbitraria” una serie de pagos contractuales que hasta el momento todavía deben a Smartmatic por servicios que fueron prestados durante las elecciones. Estas acciones fueron catalogadas por SGO como intentos de extorsión, asedio y retaliación.
Asimismo, denunciaron la expropiación indirecta de la inversión de Smartmatic en Venezuela, al obligarla a realizar actos de disposición de sus propios activos para beneficiar a otra empresa extranjera que se lucra a sus expensas.
Elección de la asamblea constituyente
El 30 de julio de 2017 se celebraron las elecciones de una asamblea nacional constituyente, cuyo proceso fue convocado por la Administración de Maduro. Ningún dirigente consolidado de la oposición se postuló para un puesto en dicho organismo, lo que generó desconfianza en una parte de la población.
La elección de la constituyente se convirtió en otro de los múltiples obstáculos impuestos por el Ejecutivo y el Poder Judicial a la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora.
El CNE anunció que hubo la participación de más del 40 % del censo electoral, lo que Smartmatic negó tiempo después. En agosto de ese año, la compañía de voto electrónico denunció “manipulación” de los resultados.
Pese a que la constituyente fue convocada para la redacción de una nueva Constitución, el 18 de diciembre de 2020 este organismo fue disuelto bajo el argumento de haber cumplido sus objetivos. Ese día se aprobó una ley que ampliaba la vigencia de todos los decretos aprobados durante el ejercicio de funciones de la ANC.
