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- Este colectivo debe sortear día a día la carencia de algunos derechos que el resto de ciudadanos dan por sentado
Ser una persona abiertamente LGBTIQ+ en Venezuela significa vivir sin algunos derechos que el resto de ciudadanos dan por sentado. Un hombre homosexual no puede donar sangre o una mujer trans está condenada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa y, así, una larga lista de prohibiciones.
Además de estas restricciones, la Venezuela LGBTIQ+ debe sortear el estigma -en una sociedad que no está libre del machismo, la homofobia y la transfobia-, mientras mira con envidia los avances obtenidos por sus pares en el resto de Latinoamérica y se mantiene estancada en materia de derechos, reseñó EFE.
Entonces, el activismo local libra una lucha gigante desde distintos frentes, cuyos reclamos, más allá del impacto mediático, parecen desoídos por las instancias con poder, que se niegan a conceder hasta las más mínimas conquistas a este colectivo.
La exclusión
Ninguna ley prohíbe a los homosexuales donar sangre en el país. Sin embargo, la exclusión es severa en cualquier centro de salud, en los que alegan, entre otras cosas, que los hombres que tienen relaciones con otros hombres son más proclives a contraer el VIH.
De igual forma, la mayoría de las parejas homosexuales se identifican en público como amigos para evitar la discriminación y, por ejemplo, poder entrar a sitios que en numerosas ocasiones les han negado el acceso como hoteles y escuelas que no admiten la comaternidad o copaternidad.
Además, si uno de los dos miembros de esa pareja enferma y requiere hospitalización, el otro, en algunos casos, deberá sortear el estigma dentro del sistema sanitario y valerse de maniobras para que le permitan ver a su pareja.
Las personas LGBTIQ+ no tienen representación en los espacios de poder político. Venezuela pasó de tener a la primera diputada transexual de América en 2015 a que ningún funcionario nacional alce la voz en nombre del colectivo, si bien al menos cuatro alcaldías, de 335, han aprobado ordenanzas en contra de la discriminación LGBTIQ+.
La causa y el debate al respecto es fácilmente invisibilizado, sobre todo en un país que intenta salir de una profunda crisis económica y que cuenta con adversarios ideológicos, como los grupos religiosos, que se apuntan una victoria cada día que mantienen el tema silenciado.
El argumento legal
La Constitución venezolana protege expresamente “el matrimonio entre un hombre y una mujer”, un artículo que es usado como garrote por quienes se oponen al matrimonio igualitario, entre ellos políticos oficialistas y opositores, bajo la consigna de la defensa de la Carta Magna.
La abogada Richelle Briceño explicó a EFE que la protección establecida en la Constitución no es una prohibición que impida o condene la materialización de otras uniones. Precisó que en derecho lo que no se niega de manera explícita está permitido.
Asimismo, el Código de Justicia Militar, reformado en 2021, establece penas de uno a tres años de cárcel para todo oficial “que cometa actos sexuales contra natura”, un apartado que ha servido para excluir de las Fuerzas Armadas a uniformados abiertamente LGBTIQ+.
La Ley de Registro Civil indica que toda persona podrá cambiar su nombre propio “cuando este sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”.
Ni porque una ley orgánica del país lo establezca desde 2009, las personas trans han podido obtener documentos de identidad acorde con su género. Esto les obliga a vivir con un nombre que les somete al escarnio público y atenta contra su integridad moral.
Además, los venezolanos LGBTIQ+ han sufrido un incremento de violencia los últimos 3 años, una situación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2021, cuando más de una docena de hombres gay y mujeres trans fueron asesinadas de forma abyecta “en un contexto de discriminación y falta de protección” en Venezuela.
La hoja de ruta de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela para 2022
En 2021, en medio de un panorama de restricciones del régimen de Nicolás Maduro, los grupos feministas, los defensores ambientales y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales y queer, alzaron su voz.
En 2022, continúa la labor colectiva de exigir el cumplimiento pleno de los derechos en distintas áreas, impulsados por la intención de reducir la discriminación, la violencia y promover la inclusión y las leyes para la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela.
Activistas por los derechos humanos consultados previamente por el equipo de El Diario concordaron que durante el año 2021 existió mayor visibilidad al tema de la situación LGBTIQ+ en el país. La participación de la población joven del colectivo, la organización, los nuevos grupos y alianzas, motivada por denunciar los casos de discriminación y violencia, y educar al respecto, lo hicieron posible.
Los activistas, Yendri Velásquez, Prissila Solórzano, Ricardo Hung, Diverly Rodríguez y Giovanni Piermattei hicieron un llamado al colectivo a promover la unión y continuar exigiendo el cumplimiento de los derechos.
Quedan pendientes otra serie de demandas y exigencias impuestas ante la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público que datan, al menos desde el año 2014, explicó Piermattei, cuando se llevó al Parlamento un proyecto de ley sobre el matrimonio civil igualitario. En noviembre de 2021 se exigió al Ministerio Público crear una fiscalía especial, similar a la oficina creada por la defensoría, sin respuesta alguna.
El derecho a la identidad, a formar familia, al acceso a la educación, a la no discriminación, la inclusión en distintos estratos de las personas LGBTIQ+ siguen siendo exigencias pendientes ante el Estado venezolano. Y ante la sociedad, también hay exigencias, entre otras, relativas a la educación sobre sexualidad y género y el promover un ambiente de respeto en medio de las diferencias. Mientras la situación no cambie, la comunidad LGBTIQ+ seguirá exigiendo lo que por derecho les corresponde: vivir en paz, con dignidad y seguridad.
Con información de EFE
