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- Los gremios consultados por El Diario aseguran que la instrucción del Ejecutivo representa una violación directa a los derechos laborales de todos los trabajadores sin excepción
La Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) es el órgano rector del sistema presupuestario público y entre sus atribuciones está la de participar en la elaboración del plan operativo anual de Venezuela. También se encarga de preparar el presupuesto de la administración pública, convirtiéndose en el principal actor de las políticas del Ejecutivo a través del Ministerio de Planificación y Finanzas.
Específicamente desde el año 2018, con motivo de la reconversión monetaria de ese mismo año, se emitió un instructivo desde la Onapre con el que se reguló lo relativo a las escalas salariales por profesionalización, primas y demás beneficios que gozaban los trabajadores de la administración pública.
Desde ese momento, el instructivo se ha convertido -según los gremios consultados- en un “aplanador” de las reivindicaciones de los trabajadores activos y jubilados.
Carmen Alicia* es licenciada en Enfermería, con 18 años de experiencia profesional. Actualmente trabaja en dos instituciones públicas -una de ellas es la Fundación Negra Hipólita-. Es madre de tres hijos y bajo su responsabilidad está el sostén económico de su hogar.
Alicia asegura que su salario base ronda los 250 bolívares o 45,3 dólares (en cada uno de sus trabajos), y por concepto de primas recibe aproximadamente 130 bolívares adicionales (23,6 dólares). Son montos que no cubren ni siquiera el valor de la canasta alimentaria, que según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) en el mes de mayo fue de 2.468,76 bolívares o 477,52 dólares a tasa oficial.
“Aproximadamente mi ingreso es de 760 bolívares mensuales (unos 138 dólares de acuerdo con el BCV) un salario que no es suficiente ni siquiera para comer dignamente y cubrir todos los gastos del hogar. Solo la mitad de mi sueldo lo gasto en pasajes para trasladarme todos los días a los hospitales donde trabajo. El bono de transporte dispuesto por la Onapre es solo de 23 bolívares”, dijo Alicia.
La situación ha llevado a la licenciada a ofrecer sus servicios para el cuidado de adultos mayores, aplicación de tratamientos, curas de heridas, toma de tensión dentro de su residencia, cursos de primeros auxilios y cualquier otra actividad que le genere alguna ganancia extra.
“No puedo parar de trabajar porque tengo hijos que dependen de mí. Yo amo mi trabajo, es lo que me gusta hacer, y seguiré levantándome todos los días a buscar una forma de subsistencia. No estoy conforme con lo que me paga el Estado venezolano pero no puedo sentarme a lamentarme y esperar que las cosas cambien”, explica.
No hay dinero ni para la prima de uniformes
La realidad de Carmen Alicia es compartida por la mayoría de los empleados asistenciales que han visto caer la capacidad de compra de sus remuneraciones.
Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, explicó para El Diario que el gremio de enfermería en su escalafón de mayor rango (y por ende con mayor antigüedad) tenía el beneficio de una prima con 80 % del salario base, el cual fue aplanado.
“De manera abusiva se disminuyó ese porcentaje a un 50 %. Se disminuyó la prima de profesionalización haciendo que una licenciada en Enfermería que devengaba un 30 % de su salario base como prima de profesionalización haya sido rebajado a un 25 %. Las que teníamos título como doctoras en Enfermería y que gozábamos de una prima del 60 %, la llevaron a un 40 %”.
De acuerdo con la medición hecha por el Colegio de Enfermeras de Caracas, la disminución de las remuneraciones de los trabajadores fue de un 47 %. Desde marzo de 2022, una enfermera asistencial tiene un salario base mensual de 245 bolívares (aproximadamente 44,5 dólares), pero por otro lado disminuyeron sus beneficios, dijo Contreras.
Si se toma como referencia el mismo salario base mensual actual del personal de enfermería (245 bolívares), y se le aplica la prima de profesionalización por doctorado (que antes era de 60 % de su salario) el pago sería de 169,05 bolívares. Ahora, con la reducción de la prima a 40 % se reciben 98 bolívares. Esta situación se repite con otros beneficios como el escalafón correspondiente a los años de servicio así como el de antigüedad.
Otros pagos contemplados, como el bono del Día del Niño, el bono especial navideño, ayuda por nacimiento, ayuda para niños y niñas con discapacidad, contribución para trabajadores con discapacidad y ayuda por matrimonio, se cancelan de acuerdo a la Onapre a 12,50 bolívares cada bonificación, equivalente a 2,2 dólares.
Los contratos colectivos del gremio establecen que para el mes de mayo se debía cancelar una prima, por concepto de uniformes a todos los trabajadores asistenciales, equivalente a cinco salarios mínimos, es decir Bs. 650, que aún no han sido cancelados por falta de recursos.
Calificó como injustificable que la respuesta del Estado sea que no hay dinero y que no haya responsabilidad de los funcionarios que no tomaron en cuenta la previsión presupuestaria para esto.
“El artículo 91 de la Constitución es la regla de oro en lo laboral, donde se establece que el salario mínimo debe fijarse tomando como referencia el costo de la canasta básica. Hoy los venezolanos sabemos que esa medición supera los 1.000 dólares (de acuerdo con los datos de abril del Cendas-FMV) y no podemos entender como aspira Nicolás Maduro que un trabajador pueda subsistir con 130 bolívares”, relató Contreras.
Criticó que los representantes del régimen venezolano provienen de la clase trabajadora y conocen de primera fuente las necesidades existentes, pero no ofrecen soluciones tangibles.
Acuerdos contractuales sin efecto
Ante esa realidad, Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), explicó a El Diario que la acción de la Onapre dejó sin efecto todos los acuerdos contractuales que tenían los distintos gremios, tomando en cuenta que todo se calcula según el dictámen del Ministerio de Planificación.
Alegó que todos los sindicatos y grupos de trabajadores han presentado documentos exponiendo su situación ante todas las instancias del régimen, incluyendo al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Planificación, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo. Incluso elevaron una comunicación a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuando estuvo en una visita oficial en Caracas en junio de 2019.
Asimismo, el 12 de noviembre de 2021 entregaron un escrito con el que no solo instaron a la derogación del instructivo, sino que solicitaron comenzar unas mesas de trabajo, pero dicha petición fue desestimada.
Una de las últimas acciones se dio en el Foro de Diálogo y Acción Social (celebrado en Caracas en abril de 2022), se le pidió a la comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la revisión exhaustiva de la situación de los trabajadores. En la reunión entregaron toda la documentación, incluída una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que no se admitió el recurso de derogar el instructivo.
Suárez explicó que cambiaron al director general de la OIT y se está esperando que se formen las nuevas comisiones para entregar la formalidad de una queja por las violaciones a la contratación colectiva, así como a los beneficios consagrados del personal activo y jubilados.
En la próxima visita de la OIT -planteada para septiembre de 2022- está prevista la revisión de la fijación del salario mínimo, los acuerdos tripartitos, y el tema de la libertad sindical.
“Aquí debe darse un acuerdo político del alto gobierno, con verdadera disposición y voluntad política para poder resolver. Con protestas de 50 personas en las calles no se va a resolver nada. Hemos estado toda la vida en la calle manifestando y no hemos logrado honrar las deudas laborales. La pérdida de nuestro HCM y los seguros funerarios ha sido un duro golpe para el trabajador venezolano”, señaló Suárez.
Pensionados y jubilados: indefensos
Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados y Jubilados, destacó que la decisión de la Onapre también rebajó los beneficios de este sector de la población.
“Por ejemplo, a los jubilados de educación se les redujeron en 50 % las primas de profesionalización. La prima por doctorado que representaba un 60 % de salario base fueron reducidos a un 30 %. En el caso de la prima de frontera, correspondiente a los trabajadores que laboran en zonas fronterizas, también sufrieron reducción del beneficio”, explicó Silva.
Un profesor jubilado -con más de 25 años de servicio- que se haya retirado con la categoría de más alto rango (Docente VI) y que que adicionalmente reciba prima por estudio de maestría o doctorado puede recibir entre 600 a 700 bolívares mensuales (127 dólares a tasa del BCV), pero pierde algunos beneficios exclusivos para el personal activo como el pago del bono de alimentación.
Es por ello que actualmente existe una tendencia en la administración pública en general de no jubilarse o retrasar la decisión de hacerlo. “Estamos en una situación crítica con salarios insuficientes que no le permite a una persona vivir con dignidad, comprar sus alimentos, sus medicinas, y específicamente en el caso de los trabajadores de la administración pública”, agregó Silva.
Reiteró que la orden a la Onapre viola el principio Constitucional que tiene el trabajo como hecho social. Insistió en que las primas eran un beneficio que de alguna forma permitían paliar la “catástrofe humanitaria”, a su juicio “golpea a los hogares venezolanos”.
En las recientes concentraciones que han realizado en Caracas los jubilados y pensionados se han dirigido a la sede de la Onapre. Los funcionarios de esta institución alegan que “están cumpliendo obligaciones que les exige el Estado”.
De acuerdo con Silva, “el Estado acabó con las prestaciones sociales” y los dejó indefensos ante los elevados costos de las medicinas, las enfermedades y la inflación de los alimentos. “En la vejez se necesita el dinero para poder resolver algunos problemas puntuales. Solo para adquirir la canasta alimentaria se requieren más de 400 dólares”.
El ajuste salarial de marzo de 2022 fue de 130 bolívares mensuales y a ese monto fueron ajustadas las pensiones, que representaba en esa oportunidad 30 dólares de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Para julio 2022 el monto representa alrededor de 23,5 dólares, estando el ingreso diario por debajo de un dólar.
El comité envió un informe completo sobre de la situación de los pensionados ante la OIT, en el que se planteó la violación a numerosos convenios que tienen que ver con la seguridad social.
Además, se tiene previsto a través de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) una serie de reuniones bilaterales entre el gobierno y los trabajadores con motivo a la próxima visita de la OIT para dejar evidencia sobre el tema de los pensionados y jubilados.
“Me quedo siempre con los bolsillos vacíos”
Jesús Vásquez* se desempeña como profesor de Castellano y Literatura. Está jubilado, y con 60 años se ha visto obligado a retomar su labor docente en instituciones privadas para poder cubrir sus gastos.
“Yo utilizo lo que me paga el Ministerio de Educación para comprar algunas de mis medicinas de la tensión ocular y arterial. Aunque no lo creas, un colirio dura 15 días y cuesta el equivalente a 15 dólares el más económico. Con las clases en el colegio privado (150 dólares al mes) puedo hacer un mercado reducido, pagar el condominio y los servicios pero la verdad es que me quedo siempre con los bolsillos vacíos”, explicó Vásquez.
Relató que durante su juventud con su trabajo pudo acceder a la Ley de Política Habitacional y comprar su apartamento, también pudo viajar gracias a los créditos que ofrecía el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme), y hasta compró un carro de agencia con un crédito avalado por el ministerio, beneficios que también se perdieron en el tiempo.
Vásquez tiene dos hijos fuera del país y se apoya con las remesas que le pueden enviar para que no le falte nada en su casa.
“Yo intento no pedirle dinero a mis hijos, pero solo cuando me veo en extrema necesidad lo hago. Yo entiendo que afuera nada es sencillo y en ocasiones todo resulta muy costoso. Sé que el país ya no es el mismo de antes pero no pierdo la fe de que se logre algún cambio que mejore el ingreso de los adultos mayores”, insistió.
El magisterio ha perdido el 85 % de sus beneficios contractuales
Raquel Figueroa, dirigente sindical de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela y coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo, aseguró que estas medidas de aplanamiento del salario y de beneficios no es algo nuevo.
Calidad de vida perdida
Mariela Velázquez* es profesora titular de Biología en educación básica y diversificada. Su salario mensual en la categoría de Docente III es de 479 bolívares (aproximadamente 86,5 dólares de acuerdo a la tasa del BCV), remuneración que no le permite cubrir todas sus necesidades.
“Además que mi sueldo es poco, la Onapre rebajó beneficios como el de la contribución asistencial y del hogar que era de 43,33 bolívares y ahora es de 17,50 bolívares. Nunca las primas han sido significativas, pero la sumatoria de los beneficios hacían la diferencia. Este retroceso es una pérdida para nuestra calidad de vida, algo que parece no importarle mucho al Estado”, dijo Velázquez.
Velázquez tiene un niño en edad escolar y logra llegar hasta final de mes con el apoyo de su esposo, quien se encarga de cubrir la mayoría de los gastos.
Por su parte, la dirigente sindical de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela, indicó que el magisterio con esta medida ha perdido en más del 85 % de sus beneficios contractuales, pese a que se han realizado dos aumentos salariales. Actualmente se mantiene paralizada la discusión y firma de la tercera convención Colectiva Única y Unitaria con el Ministerio de Educación.
“Esto atenta directamente contra la profesión y el sentido pedagógico de la educación. Esto ha ocasionado abandono, renuncias de docentes que se han visto totalmente perjudicados y les ha tocado emigrar a otras actividades laborales -incluso independientes- que les da mayores recursos para poder subsistir ellos y sus familias”, añadió Figueroa.
Cinco millones de profesores jubilados desamparados
El Colegio de Profesores insiste en que se debe someter a evaluación el tema de las pensiones porque continúan por debajo de sus necesidades y que mantiene en vilo a cinco millones de beneficiarios.
La situación de todos los gremios radica en la precariedad de sus remuneraciones contractuales, bajo la imposición de un cálculo de primas que deja a un lado los acuerdos alcanzados a través de sus contrataciones colectivas (que permanecen vencidas y sin fecha próxima a ser retomadas), una realidad que se contrasta con salarios que no les permiten siquiera lograr acceder a una vida digna sobre la base de su experiencia y méritos académicos alcanzados.
(*) Los nombres de los entrevistados fueron cambiados para proteger su identidad.
