• La decisión de reiniciar las averiguaciones en contra de Pedro Castillo la anunció la fiscal de la Nación, Patricia Benavides

El presidente de Perú, Pedro Castillo, será investigado por la justicia de su país por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. El mandatario deberá comparecer ante la justicia el próximo 4 de agosto como parte del caso que la Fiscalía adelanta en su contra.

La decisión de dar inicio a las investigaciones la tomó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La orden de la funcionaria dejó sin efecto una decisión previa de la anterior fiscal general, Zoraida Ávalos, que suspendía las pesquisas en contra de Castillo.

La anterior fiscal argumentó en su momento que las indagaciones no podían continuar porque un presidente no debía ser investigado por esta clase de delitos mientras aún se encontrara en el cargo. Dicha postura es compartida por los abogados del mandatario peruano, quienes además de presentar múltiples recursos para frenar la investigación, afirman que este goza de inmunidad por la importancia de su investidura presidencial.

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De acuerdo con la Fiscalía, Castillo participó en presuntas reuniones con empresarios, las cuales tenían como objetivo la concesión de beneficios al margen de la ley. Asimismo, también se investiga supuestas irregularidades en el ascenso de militares del alto mando peruano.

La Fiscalía informó que la investigación preliminar estará centrada en la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, en calidad de autor y del delito contra la administración pública. En paralelo, al mandatario lo investigan por su presunta participación en una trama de corrupción a lo interno del poder Ejecutivo peruano, cargos que este rechaza firmemente.

Junto al presidente Pedro Castillo tendrán que declarar, al menos, dos empresarios más están acusados de corrupción; el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco, quién actualmente está evadido de la justicia; y seis oficiales del Ejército cuyos nombres no trascendieron a la prensa.

Contratos públicos

Los supuestos delitos de tráfico de influencias que se le imputan al presidente peruano tienen su origen en la adjudicación de una serie de contratos públicos luego de su llegada al poder. nnLa duda acerca de los contratos públicos surge debido a que los empresarios beneficiados con estos negocios habrían participado durante la campaña presidencial donando cuantiosas sumas de dinero en favor de Castillo. En este entramado de corrupción también estarían involucrados un exministro y dos sobrinos del mandatario.nnDesde el Parlamento peruano han planteado la posibilidad de acusar al presidente de participar en una organización criminal, de negociación incompatible y aprovechamiento indebido de su cargo.n

Inmunidad presidencial

La justicia peruana investigará al presidente Pedro Castillo por tráfico de influencias
Foto: Referencial

Los argumentos de la defensa de Castillo para que se paralicen las investigaciones en su contra están relacionados con lo establecido en la propia Constitución de Perú. La cual plantea los escenarios en los que un presidente podría ser acusado durante su mandato. De acuerdo con el Artículo N° 117 de la Carta Magna peruana solamente existen tres escenarios en los que la inmunidad presidencial podría estar en riesgo.

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“El presidente de la República solo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”, refiere el Artículo N° 117.

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No obstante, la inmunidad presidencial no limita a los poderes del Estado a no poder llevar a cabo investigaciones en contra de cualquier mandatario, incluso si este se encuentra aún en el poder.

Algo que sí plantea la Constitución peruana es que la vacancia de la presidencia puede ocurrir si el mandatario en ejercicio de sus funciones presenta una incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.

Para que esto pueda llegar a concretarse es necesario alcanzar un mínimo de 87 votos a favor de declarar la vacancia en el Congreso, de forma tal que la propuesta cuente con el apoyo de al menos dos tercios del total de congresistas. Esto solamente sería posible si se produce un acuerdo entre múltiples bloques políticos peruanos. Esto debido a que el Parlamento de ese país se encuentra fragmentado en 14 grupos, muchos de los cuales no superan los 10 congresistas.

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