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- Activistas binacionales han registrado violaciones, asesinatos y desapariciones de mujeres en los caminos verdes que conectan al estado Táchira con Norte de Santander, Colombia. Foto: EFE
Organizaciones no gubernamentales (ONG) que hacen vida en la frontera colombo-venezolana han contabilizado que en el departamento de Norte de Santander operan alrededor de 15 grupos al margen de la ley, provocando vulnerabilidad y zozobra a quienes transitan constantemente por las trochas (caminos verdes que conectan a ambos países) por distintos motivos: trabajo, educación, acceso a tratamientos médicos o usar a Colombia como país de tránsito para llegar a otras naciones.
Las ONG han registrado, desde hace varios años, hechos violentos, como desapariciones y asesinatos, principalmente de personas menores de 30 años de edad, en estos escenarios. No obstante, desde el año 2021 notaron que un número importante de mujeres también han perdido la vida en esos pasos o han sido raptadas con diferentes fines.
“Eso nos alarma como organización por ver cómo esta frontera sigue dejando vulnerables a las mujeres”, dijo Desiree Duque, miembro de la ONG Operación Libertad Internacional, que hace vida en Villa del Rosario, Norte de Santander, Colombia.
Para ella, la dinámica de la frontera y la realidad que allí se vive dista mucho del panorama de otros estados del interior del país.
La frontera entre Venezuela y Colombia tiene un tramo de 2.219 kilómetros e infinidad de pasos irregulares que permiten una conexión directa entre ambas naciones y que están fuera del monitoreo de las autoridades, dando paso a la toma de control por parte de grupos irregulares y delictivos.
Dado ese escenario idóneo para la ilegalidad, hombres y mujeres pasan constantemente por las trochas enfrentándose a un camino incierto en su andar entre suelo venezolano y colombiano. Esto le facilita la tarea a redes y delincuentes que cobran “peaje” (una cantidad de dinero determinada para permitirles transitar o pasar mercancía), secuestran y/o asesinan personas e imponen su propia ley y autoridad sin que nadie se los impida.
“Muchas (redes) captan mujeres desde el interior del país con ofertas ilusorias de trabajo y éstas son explotadas sexualmente al llegar”, explicó Desiree.
De hecho, el año pasado descubrieron un caso de gran impacto. Se trataba de una vivienda acondicionada para que mujeres llevadas bajo falsas promesas trabajaran como chicas webcam, en Norte de Santander. Eran abusadas laboralmente, les impedían salir de la casa y no les suministraban alimentos con frecuencia.
“Sabemos que esto sucede cotidianamente en la frontera. Manejamos una data no tan extensa porque somos varias ONG y cada una tiene sus cifras. Hay denuncias y también víctimas (…). En nuestro caso, hemos ayudado a 12 chicas en este tipo de situaciones”.
Precariedad y ausencia de oportunidades
La falta de oportunidades para surgir económicamente es el mayor detonante para que mujeres jóvenes y adultas decidan arriesgarse a tomar empleos que a simple vista parecen atractivos, pero realmente se alejan mucho de ese espejismo.
Madres solteras, jóvenes con pocas opciones para formarse académicamente o con el sueño de ayudar a sus familias a obtener estabilidad financiera son las principales víctimas de estos engaños.
En el caso de las mujeres migrantes que llegan a Colombia en busca de oportunidades laborales, la economía informal es la primera vía que agotan para generar ingresos rápidamente. No siempre les va bien.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), tomadas del primer trimestre del año 2022, Cúcuta (Norte de Santander) es la segunda ciudad de Colombia con más empleo informal, con poco más del 60 %.
Ventas de golosinas en los buses, puestos improvisados con artículos de cuidado personal, alimentos o medicamentos, y cantar en el transporte o vías públicas son solo algunos de los oficios que adoptan rápidamente para laborar, aunque con un panorama incierto respecto al dinero que obtendrán día a día.
“La necesidad las hace tomar decisiones difíciles y después de estar dentro de esas redes es muy difícil que salgan, sobre todo porque a la mujer le da miedo, no denuncia”, argumentó Desiree.
¿Cómo ayuda Operación Libertad Internacional?
Esta ONG (miembro de la Red Panamericana y Caribeña de Organizaciones por los Derechos Humanos) tiene como objetivo la formación en materia de derechos humanos, atención humanitaria al migrante, la construcción de ciudadanía y de mujeres en paz.
Pero dado el contexto que se vive en las trochas con la vulneración a los derechos de las personas, principalmente mujeres, sus fines han mutado y ahora también buscan desarrollar actividades de impacto con las que logren orientarlas, educarlas y hacerles entender que no están solas y que hay opciones más allá de esa realidad que están viviendo.
“Por medio de instituciones activamos rutas para abordar esos casos. Tenemos un proyecto en marcha para darle empoderamiento a la niña, a la mujer migrante, a la que se encuentra en condición vulnerable y a la retornante, para que sepan cuáles son sus derechos, estén alertas y entiendan cómo actúan estas personas”, añadió Desiree.
Pese a que estas iniciativas están en marcha por parte de sus miembros, los recursos económicos son una limitante para desarrollarlas de manera masiva y ayudar a cuantos lo necesiten. Aun así, siguen en pie.
De hecho, los problemas de las mujeres en zona fronteriza no solo recaen en asesinatos, desapariciones o trata de blancas, la explotación laboral e infantil es otra realidad latente.
Según el informe más reciente de Migración Colombia (con cifras tomadas hasta febrero de 2022), 2.477.588 millones de migrantes venezolanos residen en Colombia, y de ellos, 295.038 están en condición irregular. A su vez, el organismo asegura que 51 % de esa población son mujeres y 49 % hombres.
Han documentado escenarios donde mujeres con todos sus papeles al día son contratadas en suelo colombiano y, aún así, les cancelan un salario notablemente inferior al que corresponde por ley. Dada su situación económica aceptan al no tener más opciones.
También hay situaciones en que los mismos padres -cuenta Desiree- se prestan para alquilar a sus hijos y que estos sean expuestos a explotación sexual o mendicidad para el beneficio de terceros.
“Tenemos meses trabajando en este tipo de temas, sensibilizando a la población y entendiendo que la responsabilidad de lo que ocurre no recae solo sobre Colombia, sino sobre Venezuela (…) es una lucha de años, se ha ganado espacio pero los desafíos siguen”, alertó.
Entre sus planes más cercanos como ONG está constituir una mesa de trabajo conformada por mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana que se dedican a la asistencia y protección de población en condiciones de fragilidad. Además desean invitar a que todas las organizaciones de esta parte del continente se sumen a la causa. Esto con el objetivo de seguir fomentando e insistiendo en el tema de las mujeres, sus derechos y evitar que situaciones como esas se normalicen.
