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- El Centro para Defensores y la Justicia (CDJ) alertó que el Estado venezolano continúa promoviendo una política represiva y de criminalización en contra de las organizaciones de DD HH. foto: José Daniel Ramos
Los defensores de derechos humanos en Venezuela fueron objeto de 214 ataques durante los primeros seis meses del año 2022. El Centro para Defensores y la Justicia (CDJ) publicó un informe en el que quedaron documentados los casos.
La organización no gubernamental (ONG) explicó que entre enero y junio se evidenció que el Estado venezolano avanzó en la ejecución de patrones para obstaculizar, afectar y limitar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos de los ciudadanos.
Algunos de los mecanismos empleados por grupos oficialistas o instituciones estatales fueron amenazas, hostigamiento, intimidación y campañas de estigmatización. El CDJ advirtió que esto sigue ocurriendo de forma constante.
En comparación con el mismo periodo del año 2021, los ataques se redujeron en 43 %. En ese momento se registraron 374 casos de este tipo. Pese a esta disminución, la ONG alerta que aún representa un alto riesgo ejercer la defensa de los derechos humanos en el país.
Detalles del informe
De los incidentes, 146 respondieron a estigmatización contra defensores y organizaciones, 45 fueron situaciones de hostigamiento, 14 representaron amenazas, hubo dos judicializaciones, dos ataques digitales y también cinco hechos no identificados.
En el mes de marzo se documentaron 51 casos, por lo que fue el periodo con más situaciones violentas contra defensores de DD HH, seguido de los meses de mayo, con 46 incidentes y de junio, con 43 hechos. También se registraron 33 casos en febrero, 27 de abril y 14 en enero.
La organización especificó que 29 % de los ataques (63) fueron directamente contra personas defensoras, mientras que 71 % de los hechos (151) afectaron a organizaciones de derechos humanos.
El CDJ responsabilizó a funcionarios públicos por 30 % de los ataques, a medios de comunicación gubernamentales por 22 % de los hechos, a instituciones públicas por 10 % de los incidentes y a organismos de seguridad por 7 % de los casos. Añadieron que el resto de los ataques fueron ejecutados por otro tipo de personas o instituciones.
Criminalización contra los defensores de DD HH
El informe advirtió que el régimen de Nicolás Maduro ha llevado una política de criminalización contra las organizaciones y defensores de derechos humanos en Venezuela.
La organización señaló que en el primer semestre de 2022 se siguió calificando a quienes trabajan por la defensa de los derechos como “enemigos internos que buscan desestabilizar la paz de la nación”. Alegaron que por esto el Estado empleó medidas restrictivas para el ejercicio de esa labor.
Entre las acusaciones que recibieron los defensores por parte de grupos oficialistas están las de trabajar en función de intereses extranjeros, promover actividades injerencistas o publicar información falsa sobre la situación del país.
El CDJ incluyó en su informe un llamado al Estado para cesar con la política represiva y permitir las actividades de los defensores en el territorio nacional. Además, pidió la derogación de leyes y normas que criminalizan a quienes defienden y exigen los derechos fundamentales de los venezolanos.
