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- William Saab dio la noticia durante una rueda de prensa que lleva a cabo este 4 de agosto
Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, anunció este 4 de agosto que el Ministerio Público abrió una investigación contra la periodista Carla Angola Rodríguez, con motivo de que públicamente en un programa de televisión instigó a la supuesta perpetración de un magnicidio contra Nicolás Maduro.
Durante una rueda de prensa, William Saab informó que la investigación fue encomendada a la Fiscalía 8ª del Área Metropolitana de Caracas y fiscales nacionales.
La declaración por la que acusan a Carla Angola
Durante una transmisión de su programa Aló, Buenas noches, Carla Angola se refirió al asesinato del líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, ultimado por Estados Unidos, y compararlo con la situación de Nicolás Maduro.
“Cada vez que matan a un líder criminal como ocurrió hoy, del segundo al mando Al Qaeda; Estados Unidos manda un dron y desaparecen a este hombre a quien estaban cazando desde hace 21 años (…) Y qué es lo que dice el venezolano en redes sociales ¿Por qué no hacen lo mismo con Maduro? Y aquí no estamos haciendo apología a su asesinato, pero es una pregunta válida”, estas fueron las palabras de Angola durante una entrevista que le hizo a Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends.
Por estas declaraciones, Tarek William Saab señaló que “Carla Angola está convicta y confesa”.
El esposo de Angola también está bajo investigación
En esta misma rueda de prensa, el fiscal general del régimen informó que el Ministerio Público también abrió una investigación contra Luis Alejandro Arévalo Troconis, esposo de Carla Angola, supuestamente propietario de un inmueble en El Cafetal, en el municipio Baruta.
Saab detalló que en este inmueble viven actualmente cuatro familias, en distintos anexos. Dos de ellas, presuntamente en el año 2014, le pagaron a Troconis una alta suma de dinero para obtener la titularidad de dicho inmueble. Sin embargo, el fiscal general del régimen indicó que “al no haberse formalizado su condición jurídica ni protocolizado dicha venta, se evidencia que estos ciudadanos fueron burlados de su buena fe y habrían sido víctimas del delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal”.
