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- En su primer día como gobierno, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, presentó al Congreso la nueva ley. Aunque mantendrá sin cambios el IVA, se enfocará en cumplir las metas de recaudación con impuestos a los contribuyentes con mayores ingresos, así como a las empresas y productos que afecten la salud o el medio ambiente
En su primer día como presidente de Colombia, Gustavo Petro ya anunció una medida económica de gran envergadura. El 8 de agosto, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, presentó a la Cámara de Diputados del Congreso la propuesta para una nueva reforma tributaria.
Sería la 13° vez que Colombia modifica sus leyes de recaudación fiscal en los últimos 22 años. Una de las últimas fue impulsada en abril de 2021 por el entonces presidente Iván Duque, en un intento de saldar los gastos provocados por la pandemia de covid-19. La medida, que incluía un aumento de los impuestos sobre la renta y productos básicos, fue sumamente impopular y provocó una ola de protestas que casi escala a un estallido social. Esto obligó al gobierno a dar vuelta atrás y plantear un nuevo proyecto.
Desde su campaña electoral, Petro había prometido eliminar varias de las leyes hechas por su antecesor, empezando por la reforma tributaria. Aunque para lograrlo necesitaría la aprobación de ambas cámaras del Congreso, en ambas posee mayoría, por lo que no representaría un problema. Aun así, Ocampo aseguró que está dispuesto a aceptar modificaciones del texto durante el debate. Principalmente para atraer la confianza de los sectores más conservadores o de centro.
“Los impuestos no serán confiscatorios. Simplemente serán justos, en un país que debe reconocer como aberración la enorme desigualdad social en la que vivimos”, aseguró Petro en su discurso inaugural tras tomar posesión el domingo.
Subir la recaudación
Ocampo indicó que el objetivo del nuevo gobierno es recaudar 26 billones de pesos adicionales en 2023, alrededor de 6.000 millones de dólares. Esto representa un 1,78 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. De acuerdo con el portal BBC Mundo, Colombia es actualmente uno de los países que menos recauda impuestos entre las economías grandes de América Latina. Apenas recibe el 13 % del PIB, cuando la media regional es de 16 %.
Con la nueva reforma, se intentará elevar este porcentaje de recaudación entonces al 14,78 % del PIB para 2023. El ministro va más allá, y señala que para 2026 podría subir otro 1,7 %, logrando nivelarse al promedio. En total, esperan subir los ingresos fiscales a 11.000 millones de dólares anuales para el fin del periodo presidencial.
En sus cinco secciones y 69 artículos, el proyecto de ley propone una simplificación del sistema tributario con el fin de evitar la evasión de impuestos. Entre otros puntos, contempla la unificación del impuesto por ingresos, que ahora engloba cualquier tipo de ganancias, bien sea por salario, donaciones, patrimonio u otros medios. También reformará los deducibles del Impuesto sobre la Renta (ISLR) y la tributación de las empresas internacionales.
Por otro lado, y a diferencia de legislaciones anteriores, esta ley no modificará el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que actualmente es del 19 % del precio del producto. También elimina los días sin IVA, que son jornadas decretadas por el gobierno para que los ciudadanos puedan adquirir productos básicos con descuentos.
Impuestos a los ricos
Al no tocar los impuestos de venta, el gobierno de Petro pretende generar la mayor parte de sus ingresos fiscales con más tributos de las grandes empresas y las clases más acaudaladas de Colombia. De acuerdo con Ocampo, al menos 34.000 personas que están entre las más ricas del país “no están contribuyendo lo suficiente” a las arcas de Hacienda.
Indicó que los “superricos” perciben salarios realmente bajos en sus empresas, algunas veces incluso simbólicos. Estos al ser declarados al fisco se pagan de manera norma. Sin embargo, quedan fuera del sistema todos los ingresos percibidos por dividendos, donaciones o primas. Parte de esto se solucionará con la unificación del impuesto por ingresos, que subirá un 2 % para todas las personas que ganen más de 10 millones de pesos ($2.300 mensuales). También se creará un impuesto permanente de patrimonio para personas con más de 3.000 millones de pesos ($694.000) de capital.
Se contemplan cargas adicionales para empresas de sectores específicos con el fin de promover el cuidado del medio ambiente o de la salud de los consumidores. Por ejemplo, propone un impuesto de 10 % del valor del producto para bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Además habrá otros para bebidas alcohólicas, plásticos de un solo uso o por emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.
También habrá un impuesto del 10 % para al sector extractivista, específicamente a las exportaciones de petróleo, carbón y oro. Además, plantea volver permanente el recargo de 3 % al sector financiero, una medida tomada por el gobierno de Duque con carácter temporal durante la pandemia.
Con esto, el gobierno calcula que el 0,56 % del PIB en 2023 vendrá de impuestos recaudados a las clases más altas. El 1,01 % provendrá de las empresas, a través de los impuestos mencionados.
Combatir la desigualdad
En su exposición de motivos, la propuesta de la nueva Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social se plantea como objetivo disminuir los índices de desigualdad social del país. Esto a su vez es una de las promesas de campaña que Petro reiteró durante su primer discurso como presidente.
0,514
es el coeficiente Gini actual de Colombia.0, 491
es la cifra a la que aspira reducirlo Petro.Parte de esto se evidencia con la proporcionalidad de los impuestos, que ahora recaerá más sobre los contribuyentes con mayores fortunas. Una medida similar a la que adoptó el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos en marzo de 2022. Propuso aplicar un 20 % de impuestos anuales a los multimillonarios de ese país. Igualmente, el gobierno de Petro aspira utilizar el dinero de la recaudación para proyectos sociales y programas de atención a las clases más pobres.
Ocampo afirmó que actualmente Colombia tiene un índice de pobreza de 35,7%. También aseguró que la idea es reducir el coeficiente Gini, que es el indicador de los niveles de desigualdad de un país. Este se mide con una escala donde 0 es un ideal de igualdad absoluta, mientras que 1 representa un sistema donde toda la riqueza se concentra en manos de una persona.
Proyectos diferentes
En su primer año de gobierno, en 2018, Iván Duque propuso su primera reforma tributaria, la cual fue declarada inexequible (imposible de aplicar) por el Congreso. Al igual que Petro, contemplaba un impuesto adicional para ingresos mayores de 5000 millones de pesos, aunque apenas de 1,5 % de su valor patrimonial. También un pago de tributos de hasta 39 % para personas con ingresos mensuales mayores a 90 millones de pesos.
Su segunda reforma, conocida como Ley de Crecimiento, se aplicó en 2019. Esta buscaba aplacar el impacto de los impuestos en los hogares más vulnerables, con medidas como los tres días sin IVA o una reducción de aporte por parte de los pensionados. Sin embargo, con las consecuencias económicas de la pandemia, Duque se dio en la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para costear la deuda.
Entre las medidas más controversiales de este proceso estuvieron la inclusión del IVA a servicios públicos como el agua y la electricidad, así como rubros que estaban exentos como los servicios funerarios (en plena pandemia) o dispositivos electrónicos. También el cobro del impuesto sobre la renta a personas con ingresos mensuales superiores a 663 dólares, cuando el salario mínimo en Colombia es de $ 234.
Todo esto, junto a otras reformas y al manejo de la vacunación contra el covid-19 por parte del gobierno, desencadenaron el paro nacional de 2021. Este, entre policías y manifestantes, dejó 83 muertos y más de 2.000 heridos, así como 19 oficiales retirados y 1.300 detenidos. El 3 de mayo el gobierno de Duque pidió declinar la propuesta de la reforma tributaria, que aún estaba en discusión. En cambio, en julio propuso la Ley de Inversión Social, aprobada en septiembre por el Congreso. A diferencia de la anterior, esta protegía a la clase media mientras subía 35 % al impuesto de renta corporativa y extendía el 3 % de sobretasa para el sector financiero.
No tan conformes
El gobierno de Petro tiene el mismo objetivo de recaudación que en su momento se propuso la Administración de Duque (2 % en su caso). Sin embargo, la diferencia radica en la forma en que se planea obtener ese dinero. Mientras la gestión anterior aspiraba aumentar la base de contribuyentes, Petro concentra la carga fiscal principalmente en las grandes empresas y millonarios.
En entrevista a W Radio, el especialista en derecho tributario, Carlos Rodríguez, reconoció que el IVA era un problema que afectaba a toda la población. No obstante, cree que centrar todos los impuestos en las clases altas también sería contraproducente. Señala que el impuesto corporativo de 35 % ya contempla lo que perciben los accionistas de una empresa por dividendos, por lo que al agregar el 10 % del nuevo impuesto al patrimonio más otros planteados en la nueva ley, se podría llegar incluso al 70 % de impuestos para una persona.
Indicó que estas medidas también podrían afectar a personas que no necesariamente sean ricas, pero que en algún momento reciban un ingreso superior a los 10 millones de pesos, bien sea por una herencia o incluso por ganar algún premio o lotería. “Si por ejemplo yo tengo un salario de 8 millones de pesos, pero vendo un bien o me gano algo, como entra en el mismo bolsillo resulto afectado. Como la tarifa es progresiva, resultaría afectado con las ganancias ocasionales”, dijo.
Igualmente, en el caso de los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos procesados, señaló que esto repercutirá en la canasta básica. Aseguró que los hogares colombianos aún dependen mucho de estos productos, lo que afecta a los sectores más vulnerables. La industria tampoco está preparada para transicionar hacia la producción de alimentos más orgánicos.
Rodríguez advirtió que los cálculos no son suficientes para llegar a la meta de recaudación del gobierno. Igualmente, está la preocupación por el excesivo gasto que podría suponer la gran cantidad de programas sociales que planea lanzar el Ejecutivo. Al respecto, el ministro Ocampo, quien es considerado como una de las figuras más respetadas dentro del gabinete de Petro, ya adelantó que su prioridad será mantener “la estabilidad fiscal como un pilar inequívoco para lograr la provisión sostenida de bienes públicos”.
