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- La propuesta de los expertos es que se deben dar condiciones justas a la ciudadanía para que puedan abonar los tributos y hacer que crezca la base de contribuyentes
El Estado venezolano somete a una tributación excesiva tanto a las empresas como a los ciudadanos. Este proceso ha sido catalogado por el gremio empresarial como “voracidad fiscal”, un problema que no solo afecta a empresas, sino a los consumidores.
A propósito de ello, el Ejecutivo anunció el proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las potestades tributarias en estados y municipios del país, que buscaría regularizar esos aranceles. Al respecto, el especialista en derecho tributario y financiero, Juan Carlos Valdez, calificó como “contraproducente” que el proceso de armonización vaya de la mano con el aumento de los tributos municipales.
Argumentó que de llevarse a cabo la medida también va a aumentar la morosidad y en muchos casos la evasión.
En entrevista para Unión Radio, indicó que es inentendible la premisa de hacer una ley nacional que estipule el cálculo de los tributos municipales, sobre todo tomando en cuenta que cada municipio tiene realidades diferentes.
De igual forma, Valdez aseguró que hay riesgo en que los tributos se vuelvan tan elevados que los contribuyentes no los puedan pagar.
Propone como solución dar condiciones justas a la ciudadanía para que puedan abonar los tributos y hacer que crezca la base de contribuyentes.
Imposición nacional vs voracidad fiscal municipal
En respuesta a ello, el abogado tributarista y profesor universitario, Leonardo Palacios, señaló que pretender armonizar y coordinar el sistema tributario es difícil en el contexto actual debido a que el régimen de Nicolás Maduro no cree en la descentralización y mucho menos ha respetado la autonomía de los municipios en la materia.
De acuerdo con Palacios, la visión gubernamental apunta a que la armonización buscaría poner límites a las alícuotas de los impuestos municipales, sin limitar la carga arancelaria que significa actualmente los impuestos nacionales. “En consecuencia, tenemos una vorágine imposición nacional vs voracidad fiscal municipal”, explicó a través de la red social Twitter.
Palacios advirtió que este anuncio se trata de una “quimera”, ya que no existe una transparencia real en materia de las relaciones fiscales intergubernamentales.
Para Palacios, no habrá armonización si no se elimina el Impuesto Grandes Patrimonios (IGP), pues las alícuotas correspondientes al “derecho de frente” local (impuesto inmobiliario urbano) y su coexistencia con el IGP lo hacen injustificado.
El abogado insiste que el Ejecutivo y la Asamblea Nacional (AN) deben establecer un régimen simplificado de tributación para contribuyentes de difícil control. Añadió que actualmente la gestión tributaria es impositiva y un número cada vez menor de empresas formales fomenta la evasión de impuestos.
“Contribuciones irracionales”
Señaló que el gobierno debe sincerarse, pues auspiciar comunas y mantener contribuciones irracionales para financiarlas, desnaturaliza la esencia de los tributos que coexisten con impuestos locales y profundiza su irracionalidad.
Llamó a sincerar la designación de contribuyentes especiales que ha fomentado la “perversidad” de los municipios al crear formas indebidas de retención y percepción de tributos.
Unidad Tributaria única
El también profesor universitario dijo que es necesario establecer un sistema de ajuste por inflación en el Impuesto sobre la Renta (ISR) de la mano con una Unidad Tributaria Única.
Además, detalló que es necesaria garantizar tanto la seguridad jurídica como el derecho a una buena administración tributaria. Denunció que se deben impedir que continúen los abusos en registros (Saren) y otros organismos de recaudación de impuestos nacionales.
