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- El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 27 ataques e incidentes de seguridad contra activistas en agosto de 2022. La mayoría ocurrieron bajo un contexto de estigmatización e intimidación promovidos desde el régimen de Nicolás Maduro
En Venezuela, el velar por el cumplimiento de los derechos humanos y documentar sus violaciones puede ser un ejercicio de riesgo. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) considera que los ataques por parte del Estado venezolano contra las personas e instituciones que hacen esta labor no solo continúa, sino que se intensifica cada vez más.
En su informe más reciente, titulado Situación de las personas defensoras de los derechos humanos en Venezuela, la organización hace un registro sobre todos los incidentes de seguridad ocurridos durante agosto de 2022. El documento recoge 27 ataques contra activistas, la mayoría promovidos desde el propio seno del régimen de Nicolás Maduro.
El texto precisa que 13 de esos ataques fueron actos de intimidación y hostigamiento por parte de funcionarios y organismos estatales. Del mismo modo, nueve corresponden a campañas de estigmatización contra el trabajo de los defensores, y cinco fueron amenazas directas a su integridad física.
“El derecho a defender, promover y exigir los derechos permanece bajo ataque. El Estado venezolani intensifica las acciones represivas y de control social que afectan la operatividad y seguridad de las personas y organizaciones de derechos humanos”, declara.
Víctimas y victimarios
De acuerdo con el informe, 18 de los casos documentados (67 %) ocurrieron de forma individualizada contra activistas. Entre los afectados mencionan al abogado Alonso Medina Roa, quien el 27 de agosto fue retenido por tres horas en el aeropuerto de Maiquetía luego de notificarle que tenía prohibido salir del país. Sus compañeros de la Coalición por los Derechos Humanos como Ana Leonor Acosta y Kelvi Zambrano, también han sido víctimas de hostigamientos por su labor defendiendo a presos políticos en tribunales.
Los nueve ataques restantes (33 %) han sido contra organizaciones no gubernamentales (ONG). Una de ellas es Fundaredes. Sus activistas Rafael Tarazona y Omar García siguen bajo régimen de presentación en tribunales, lo que consideran como hostigamiento judicial. Igualmente su director, Javier Tarazona, lleva casi año y medio detenido.
En cuanto a los perpetradores de estos ataques, 12 casos (45 %) son responsabilidad de instituciones públicas u órganos del Estado venezolano. Principalmente el Ministerio Público y los tribunales, a los que el CDJ acusa de operar como “brazos ejecutores de la represión”. Otro grupo grande son los cuerpos de seguridad, con siete casos (26 %). Entre los más destacados figuran el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Además de estos, cuatro ataques (15 %) se realizaron desde medios de comunicación estatales, así como sus cuentas de redes sociales. Dos casos (7 %) corresponden a funcionarios públicos que hicieron amenazas o declaraciones hostiles desde estos medios. Finalmente, un porcentaje similar de 7 % va para individuos o grupos afectos al oficialismo, quienes cometieron principalmente acciones de intimidación y amedrentamiento. El informe los vincula a estructuras como el Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3).
Sobre este punto, comentaron el caso de activistas de la Fundación para los Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan). Sus miembros fueron acosados durante una jornada de calle en Apure por integrantes de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh). “Alertamos sobre el uso de estos grupos para ejercer labores de inteligencia social para obstaculizar, atemorizar y neutralizar la labor de quienes defienden los derechos humanos en el país”, acotó.
El enemigo interno
Un elemento que se destaca a lo largo del texto es el recrudecimiento de la criminalización de las actividades de las ONG por parte del régimen. Esto mediante campañas mediáticas y discursos descalificatorios o de odio, en los que se les acusa de conspirar junto a partidos políticos opositores y gobiernos extranjeros para desestabilizar el país.
Como principal responsable de esta campaña se apuntó al Sistema Nacional de Medios Públicos. Este abarca a todo el aparato mediático y propagandístico del régimen, desde canales de televisión y emisoras de radio, hasta portales digitales y cuentas en redes sociales.
Específicamente, durante agosto los discursos contra las organizaciones y activistas provinieron del portal Misión Verdad. También del programa de Venezolana de Televisión (VTV), Con el mazo dando, conducido por Diosdado Cabello. Desde allí han partido los principales señalamientos con el fin de amedrentar o restar credibilidad a los defensores.
Apoyo internacional
A pesar de la represión en Venezuela, el informe resalta que las organizaciones no están solas. Diferentes actores de la comunidad internacional se pronunciaron durante agosto para condenar los diferentes actos de persecución contra los activistas. Varias personas exigieron al Estado venezolano cesar sus agresiones y acatar sus convenios de protección de los derechos humanos.
En el caso de Javier Tarazona, diferentes personajes como el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, o la Embajada de Canadá en Caracas manifestaron su preocupación por su estado de salud. La Unión Europea también se sumó al llamado para que el profesor y activista reciba libertad absoluta.
Del mismo modo, organizaciones como Amnistía Internacional reiteraron su repudio hacia la criminalización del trabajo humanitario en Venezuela. Se pronunciaron contra el hostigamiento contra los abogados de la Coalición por los DD HH, así como del uso de las leyes antiterroristas para perseguir a disidentes políticos.
Persistir y exigir
La reducción del espacio cívico y democrático, a la par que la represión y estigmatización de los agentes sociales que no se acoplen a la narrativa oficialista, son las principales amenazas que el CDJ registra en Venezuela para agosto de 2022. Instan al Estado venezolano a derogar sus políticas de hostigamiento y la campaña de “enemigo interno” contra aquellas personas que solo tratan de actuar frente a la crisis humanitaria que sufre el país.
De igual modo, reiteró el derecho de los activistas de promover y exigir el cumplimiento de las garantías fundamentales de la población. También el de documentar cualquier incidencia sin que ello represente un riesgo para su integridad o con posibilidad de represalias.
“Ante las complejidades que rodean el entorno sociopolítico venezolano, reiteramos que el trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos, así como la acción humanitaria, son primordiales para la protección de la dignidad”, expresó el informe.
