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- La organización señala que en lo que va de año Conatel sacó del aire cerca de 78 estaciones radiales, aunque otros conteos, como el del SNTP, apuntan a más de 100. Igualmente, durante noviembre documentaron 33 violaciones de libertad de expresión
La organización no gubernamental (ONG) Espacio Público denunció el 5 de diciembre que 78 emisoras de radio han cerrado en Venezuela en lo que va de 2022. En una entrevista con la agencia EFE, su director, Carlos Correa, precisó que salieron del aire por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
“El cierre de las estaciones de radio este año es el mayor desde que nosotros hemos hecho registro de violaciones de este derecho (libertad de expresión) en Venezuela”, dijo.
Indicó que la cifra supera a otros años de fuerte censura como 2017, cuando 55 emisoras fueron cerradas en el contexto de las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro; o 2009, cuando se registraron 30 cierres por parte del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.
Otras instancias como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) manejan cifras mucho más altas. A principios de octubre se registró el cierre de 79 estaciones de radio, aunque para el 3 de noviembre ya se había elevado a 100. Esta discrepancia podría deberse a que, en su mayoría, se trata de emisoras locales.
De acuerdo con el SNTP, Zulia es por lejos el estado más afectado, con 23 estaciones clausuradas solo en 10 meses del año. Le sigue Sucre con 11 y Táchira con 10, además de Falcón y Cojedes con 6 cada una. No obstante, al ser unl informe de octubre, actualmente estos números son mucho mayores.
🚨 Al cierre de este #30Oct, el #SNTP ha documentado la clausura de 95 estaciones de radio entre enero y octubre de 2022. Se sumaron 9 en Falcón.
— SNTP (@sntpvenezuela) October 30, 2022
Protestamos esta acción masiva que vulnera los derechos a la libertad de expresión, de información y al trabajo.
Balance del mes
Correa aseguró que durante noviembre se contabilizaron cinco cierres de emisoras. Si bien apuntó que es una disminución considerable con respecto a las 35 intervenidas en octubre, se mantiene la política de censura y persecución por parte del régimen de Maduro a través de Conatel.
Sin embargo, en su informe Noviembre: intimidación y censura, Espacio Público detalla que en realidad serían siete las emisoras cerradas en el último mes. Efectivamente, las primeras cinco ocurrieron en un procedimiento realizado en Zulia, y ordenado desde Caracas por vía telefónica. Así, el 2 de noviembre sacaron del aire a Activa 88.3 FM, Buenísima 106.3 FM, Fiesta 101.1 FM y Sabrosa 102.3 FM, todas de la ciudad de Cabimas; y a Citojense Stereo 94.3 FM, de Ciudad Ojeda. Las otras fueron Deportiva 104.3 FM y W Radio 99.7 FM, de La Grita, estado Táchira, cerradas el 5 de noviembre.
Correa explicó que, en noviembre, los cierres se produjeron por “elementos estructurales de hostigamiento” contra periodistas y medios de comunicación independientes. Un patrón de persecución que no solo se aplicó en la radio, sino también en otros formatos. El informe señala que al menos 15 medios de comunicación fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión durante el mes. Esto se suma a otros 33 casos documentados, en su mayoría de hostigamiento y amenazas por parte del Estado venezolano.
Persecución
Espacio Público precisó que durante noviembre documentaron violaciones de libertad de expresión contra cuatro periodistas. El primero ocurrió en Nueva Esparta el 3 de noviembre. La periodista de Reporte Confidencial, Ana Carolina Arias, cubría una protesta de pescadores en el municipio Península de Macanao, cuando un hombre sin identificar comenzó a tomarle fotos. Al preguntarle por qué lo hacía, el sujeto solo respondió “por si acaso”.
El 11 de noviembre, la reportera del diario local El Informante y corresponsal de La Patilla en Lara, Yanitza Martínez, fue desalojada por un vigilante de la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Carora. Ella había sido invitada por un grupo de militantes de la tolda que desean expresar su descontento con las elecciones internas de la Unidades de Batalla Bolívar-Chávez.
El tercer caso involucró al periodista Alberto Torres y la fotógrafa Tairy Gamboa, de Crónica Uno. El 17 de noviembre, ambos realizaban un recorrido por el mercado Guaicaipuro, en Caracas, cuando fueron hostigados por funcionarios de la Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca), ente adscrito a la Alcaldía de Libertador.
Las agresiones no se han limitado solamente a los trabajadores de la prensa. La organización también incluyó el caso de Denys Custodio y Roberto Yánez, detenidos el 13 de noviembre por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Aparentemente, a ambos se les aplicó la Ley contra el Odio luego de publicar mensajes en redes sociales contra el presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), Antonio “El Potro” Álvarez.
También estuvo el caso de cuatro estudiantes de la Universidad de los Andes (ULA), quienes fueron agredidas por simpatizantes del oficialismo durante una protesta en Mérida. Las jóvenes realizaron un pancartazo para exigir mayor autonomía universitaria, aprovechando un acto proselitista del PSUV en la plaza de Toros de Mérida, justo frente al campus universitario.
