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- El gobierno interino de Juan Guaidó podría no continuar en 2023, de aprobarse la reforma planteada por PJ, UNT y AD. Para académicos y juristas, esto sería un grave error, pues pone en riesgo la protección de los activos venezolanos en el exterior y sus posibilidades dentro de la mesa de diálogo en México. También consideran que la idea de implementar un gobierno parlamentario es inconstitucional
El 29 de diciembre, la Asamblea Nacional electa en 2015 se reunirá para tomar una decisión que cambiará el rumbo político de la oposición para el próximo año. En su segunda discusión, una facción de partidos encabezada por Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) impulsará la reforma del Estatuto que rige la transición hacia la democracia. Uno de los principales puntos será la eliminación definitiva de la presidencia interina de Juan Guaidó.
La medida ha generado opiniones divididas en redes sociales entre usuarios tanto a favor como en contra de la abolición del interinato a tres años de su creación. Sin embargo, para diferentes expertos y académicos, esta acción podría significar un grave error estratégico que, a la larga, solo beneficiaría al régimen de Nicolás Maduro.
El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bellos (CEPyG-UCAB) publicó el 27 de diciembre un comunicado en el que instó al Parlamento a reconsiderar su propuesta y examinar los efectos que podría tener en el futuro. Sobre todo en el reconocimiento de la comunidad internacional y el manejo de los activos venezolanos en el exterior. Recordó que en el caso de los fondos retenidos por Estados Unidos en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, su ley autoriza únicamente al presidente interino para administrarlos.
“Si bien el gobierno interino no logró los objetivos planteados, su desaparición resta posibilidades a las negociaciones en México y debilita el proceso de primarias (…) Si la primaria se resquebraja, se estaría promoviendo la definición de un candidato camino a 2024 por la vía del consenso, opción que tendrá menos apoyo de los electores”, indicó el texto.
Gobierno parlamentario
El CEPyG también advirtió que, con la reforma del estatuto, la AN no busca disolver al gobierno interino, sino eliminar solo la figura presidida por Guaidó. De este modo, absorberán sus competencias para implantar lo que consideraron un gobierno parlamentario. “No responde a nuestra tradición republicana”, comentó al respecto.
Una opinión similar tuvo el Bloque Constitucional, grupo formado por abogados y exmagistrados. El 24 de diciembre publicó un comunicado en el que advirtió que la derogación del interinato conlleva a un cese del actual estado de excepción constitucional que contempla el estatuto. Por otro lado, consideró como ilegítima la propuesta de formar un gobierno parlamentario, ya que es una figura que no está contemplada por la Constitución. Cualquier intento de modificar lo establecido allí sería extralimitarse de sus funciones.
“Resulta incongruente que, como órgano contralor, (la AN) ejerza las mismas funciones que los órganos sujetos a su control parlamentario”, señaló.
Activos en riesgo
Una vez disuelta la presidencia interina, la reforma del estatuto propone que el nuevo gobierno dirigido por la AN tenga como objetivos iniciar un proceso de reconciliación nacional, a la vez de defender la restitución de la democracia. Su tercer objetivo sería mantener la protección de los activos venezolanos en el exterior, los cuales ahora serían manejados por un Consejo de Administración y Protección de Activos. Para el Bloque Constitucional, este nuevo órgano no solo es “atípico”, sino también “ilegítimo”.
Indicó que esta comisión debilitaría su propia legitimidad como sustituto del gobierno interino, ya que está desconectada de los artículos 233 y 333 de la Constitución, que son los que fundamentan el estatuto. “Lograría un efecto contrario, no solo para los proponentes de la reforma, sino para la ciudadanía democrática del país, como lo es la rehabilitación constitucional del régimen usurpador que encarna Nicolás Maduro”, alertó.
Este panorama afectaría las relaciones del gobierno de transición ante organismos multilaterales, empresas y países aliados. Estos ahora podrían optar por reconocer nuevamente a Maduro como presidente. También afectaría los procesos judiciales vinculados a la protección de recursos, como el juicio por la custodia de las reservas de oro venezolanas en el Banco de Inglaterra.
El Bloque Constitucional incluso citó como ejemplo el segundo acuerdo parcial logrado entre el régimen y la Plataforma Unitaria en México. Este consiste precisamente en un fondo fiduciario con dinero del gobierno interino y administrado por las Naciones Unidas.
Las razones
Ante la controversia causada, el 27 de diciembre salió un comunicado conjunto por parte de los partidos impulsores del nuevo estatuto: PJ, UNT, AD y Movimiento por Venezuela. Allí, ratificaron su decisión de votar a favor de la reforma en la próxima sesión del Parlamento. También justificaron sus razones para cesar al gobierno interino.
“En lo político, el gobierno interino dejó de ser útil en la democratización de Venezuela y no reviste ningún interés para la ciudadanía”, afirmó.
Otros motivos expresados en la nota serían los presuntos escándalos de corrupción en el manejo de los activos en el exterior. En el pasado, ya parlamentarios de PJ habían usado casos como el de la empresa petroquímica Monómeros para intentar limitar el poder de Guaidó.
También argumentaron que, de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, el gobierno interino tenía un plazo de 30 días para convocar a nuevas elecciones presidenciales. Sin embargo, debido al conflicto con el régimen de Maduro, aún en el poder, estas no han podido concretarse después de casi cuatro años.
Los cuatro partidos aclararon que la eliminación del interinato no representa un reconocimiento tácito de la autoridad de Nicolás Maduro. También prometieron que garantizarán la protección de los fondos públicos en el exterior. “Estos nunca llegarán a las manos del régimen. Así lo hemos verificado con nuestros aliados internacionales”, aseguró el texto.
La coalición indicó que confía en su mayoría dentro del hemiciclo para llevar a cabo la reforma del estatuto. En su primera discusión lograron 72 votos, pese al rechazo por parte de otras toldas como Voluntad Popular, la Causa R y Encuentro Ciudadano. De repetirse el mismo patrón de voto en la sesión del 29 de diciembre, es altamente probable que Juan Guaidó ya no ocupe la presidencia interina del país en enero de 2023.
