• La presidenta del Parlamento, Dinorah Figuera, adelantó las reformas que el organismo tomará para la protección de los activos en el extranjero. También informó que se reducirá el número de embajadas de 60 a 5, aunque mantendrán representantes ad honorem en los países con alta población de migrantes venezolanos

La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, informó el 9 de enero sobre cuáles serán los objetivos de la nueva junta directiva para este periodo legislativo. A pesar de aclarar, que todavía no se ha instalado la comisión delegada del Parlamento para discutir la forma en que se ejecutarán varios de sus puntos, sí adelantó algunas de las reformas que realizará tras la disolución del gobierno interino de Juan Guaidó.

“En primer lugar, la legítima AN se enfocará en sanear y consolidar la unidad interna. En segundo lugar, se irá hacia la despartidización de los activos mediante una comisión con integrantes independientes de los partidos políticos”, declaró.

Indicó que la transparencia será la bandera de su gestión, para lo cual involucrará a actores de la sociedad civil en los mecanismos de rendición de cuentas. Para esto, anunció la creación de un Consejo Ciudadano del cual no dio mayores detalles, más allá de que trabajará junto a los diputados en labores de contraloría. También se encargará de informar al país sobre la administración de los activos y empresas estatales en el extranjero que antes eran manejadas por el gobierno interino, y ahora por el Parlamento.

Cuentas claras

#TeExplicamosElDía | Jueves 5 de enero
La presidenta de la AN electa en 2015, Dinorah Figuera. Foto: Cortesía

Durante su primera rueda de prensa como presidenta de la AN, Figuera explicó que se reformará la estructura existente durante el gobierno interino. Sobre todo en lo concerniente al manejo de los activos venezolanos protegidos en el exterior. Por eso informó que antiguas figuras como la Comisión de Administración de Gastos y la Procuraduría Especial serán eliminadas.

En cambio, las funciones y competencias de estas instancias serán asumidas por el Comité de Administración y Protección de Activos. Esta figura ya había sido presentada en la reforma del estatuto que rige la transición a la democracia, que se aprobó el 30 de diciembre de 2022. Este estará conformado por cinco miembros, encabezados por un coordinador, y que serán nombrados por la comisión delegada de la AN. Figuera reconoció que todavía no tiene una fecha para esas designaciones.

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Esto puede marcar un punto importante, ya que mientras se concreta la transición de mando entre instituciones, actualmente se desarrollan importantes querellas en el extranjero por parte de equipos legales que respondían a la Procuraduría. Entre ellos, el juicio por la custodia de 32 toneladas de oro venezolano guardados en el Banco de Inglaterra. También la disputa por el control de las acciones de la petrolera estadounidense Citgo, reclamadas por un grupo de bonistas por los impagos del régimen de Nicolás Maduro.

El manejo de todos estos juicios y sus representantes legales ahora serán dirigidos por el Comité de Administración y Protección de Activos. Sin embargo, Figuera aclaró que por el momento, su entrada en vigencia depende de que el Parlamento conozca el estado de las cuentas del gobierno interino y sus registros de la forma en que se llevaron a cabo tanto esos juicios, como la gestión de las empresas bajo su jurisdicción. A pesar de que en los últimos años la Procuraduría tenía el deber de presentar a la AN un informe mensual de sus actividades, Figuera reconoció que desconocen el estado de todos estos procesos.

“En este momento no tenemos conocimiento de muchas acciones porque no se han presentado las cuentas, las estamos esperando, los funcionarios del gobierno interino manifestaron que van a rendir cuentas”, dijo. De acuerdo con el estatuto que rige la transición, las autoridades salientes tienen hasta el 18 de febrero para presentar sus informes.

Nuevas figuras

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Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos, es controlada por una junta ad hoc que respondía al gobierno interino. Foto: Cortesía

Otra de las competencias que asumirá el nuevo comité será el nombramiento de las juntas ad hoc de las empresas estatales bajo control de la AN. La presidenta del Parlamento acotó que el cambio o la ratificación de sus directivas actuales dependerá de un proceso de evaluación del estado de las compañías. 

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En esa línea, recordó que aún sigue pendiente la designación de tres miembros de la junta ad hoc de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Aseguró que se encuentran en conversaciones con algunas personas de importante trayectoria y credenciales para armar el proceso de postulaciones. No descartó que, de este modo, los nombramientos se den próximamente.

Para el correcto funcionamiento de estas juntas ad hoc, Estados Unidos modificó el 9 de enero su licencia general número 31 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). Esta autoriza a sus ciudadanos a participar en transacciones con la AN electa en 2015, aun en operaciones prohibidas por las sanciones hacia Venezuela. Esto incluye a la comisión delegada del Parlamento y sus órganos derivados, como el Comité de Administración y Protección de Activos.

Este es un paso importante para la AN, pues anteriormente la única figura reconocida por el gobierno estadounidense para estas actuaciones era el gobierno interino de Juan Guaidó. Con su eliminación, ahora reconoce al Parlamento para operar en su lugar en el país, lo que le permitirá asumir el control de sus activos en ese país.

Reconocimiento internacional

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Embajada de Venezuela en Washington DC, Estados Unidos. Foto: Cortesía

Figuera también anunció que la AN reducirá la cantidad de misiones diplomáticas que operan en el extranjero. Recordó que al comienzo del gobierno interino, se llegó a contar con 60 embajadas en los países que reconocían a Guaidó como presidente de Venezuela. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de esas delegaciones perdieron autoridad o capacidad de acción. 

Por ese motivo, ya que actualmente muchas de las embajadas se encuentran limitadas en sus operaciones, informó serán cerradas para reducir gastos. Señaló que solo se mantendrán cinco embajadas, las cuales funcionarán de manera ad honorem. Es decir, que sus enviados diplomáticos trabajarán sin recibir pago por sus servicios. La diputada no especificó cuáles serán los países que conservarán sus embajadas, aunque barajó algunos nombres como Francia y Canadá. Solo confirmó Estados Unidos, cuyo representante, Carlos Vecchio, notificó el cese de sus funciones el 5 de enero. Figuera afirmó que la ratificación de Vecchio también dependerá de la evaluación de su gestión por parte de la AN.

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A pesar de esta reducción de su aparato diplomático, Figuera destacó que en los países con una gran población de migrantes venezolanos, como Colombia o Brasil, se nombrarán representantes ad honorem que velarán por su protección. Esto más allá de que su cargo será simbólico, pues tanto el gobierno colombiano como el brasileño restablecieron sus relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro, teniendo el primera ya su propio embajador, mientras el segundo próximamente enviará a Caracas un encargado de negocios.

Persecución

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El fiscal general del régimen, Tarek William Saab. Foto: Cortesía

El 8 de enero, el tribunal 49 de control de Caracas dictó una orden de detención contra la junta directiva de la AN de 2015. Esto por los cargos de usurpación de identidad, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales. La medida fue confirmada el 9 de enero por el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, quien ordenó congelar todos los bienes y cuentas de las parlamentarias en Venezuela. 

El fiscal también emitió alerta roja a Interpol, ya que actualmente todas las miembros de la directiva de la AN residen en el extranjero. Figuera vive en España, al igual que la segunda vicepresidenta Auristela Vásquez. Por su parte, la primera vicepresidenta, Marianela Fernández, vive en Estados Unidos, país que reconoce y apoya al Parlamento opositor.

Aunque la orden de captura internacional se produjo después de la rueda de prensa, Figuera ya confía en que las autoridades españolas garantizarán su protección. Recordó que cuenta con asilo político en ese país, luego de haber sido perseguida por el régimen por denunciar la detención y asesinato del concejal Fernando Albán. Por eso defendió que la nueva directiva esté en el exilio, fuera del alcance de los órganos judiciales. “Si la dictadura pretende realizar acciones contra nosotros, sencillamente no van a poder”, aseveró.

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