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- El gobierno estadounidense ha destacado que la AN elegida en 2015 es “la última institución democrática que queda” en Venezuela
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) renovó y modificó, el 9 de enero de 2023, la licencia que permite a los ciudadanos estadounidenses mantener relaciones comerciales con la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, así como con las juntas administradoras o comisiones delegadas que esta designe.
El documento establece que cualquier transacción que involucre a la asamblea nacional constituyente de Venezuela, convocada por Nicolás Maduro en 2017, o la Asamblea Nacional instalada el 5 de enero de 2021, incluyendo sus respectivos miembros y personal, está fuera de la permisología otorgada por la OFAC.
Con esta acción, se modificó la licencia general número 31, que autoriza a la AN a realizar actuaciones mercantiles que están prohibidas debido a las sanciones económicas que pesan contra el régimen de Nicolás Maduro.
La licencia original aplicaba a la AN y a la figura de Juan Guaidó como presidente interino, así como los organismos designados bajo esa administración. Sin embargo, en la última actualización, no se aclara que esté incluida la figura del interinato.
El 30 de diciembre de 2022, se aprobó el proyecto de reforma del Estatuto que rige la transición lo que dio paso a la disolución del gobierno interino de Juan Guaidó. La nueva ley estabeció que a partir del 5 de enero de 2023 todas las competencias de la presidencia encargada pasarán a la directiva del Parlamento.
A través de su cuenta en Twitter, el profesor y consultor José Ignacio Hernández argumentó que la permisología es un paso necesario para que el Parlamento reconocido por EE UU pueda controlar activos de Venezuela en ese país.
Durante la gestión de Juan Guaidó fueron contratados bufetes para llevar los litigios con bonistas y empresas por los dividendos no cancelados de los bonos 2020 de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que tenían a Citgo como garantía.
Es por ello que la refinadora venezolana tiene una protección por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que impide a los acreedores tomar la estatal venezolana en ese país.
Reconocimiento de EE UU a la AN 2015
Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, informó el 4 de enero de 2023 que Estados Unidos sigue reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional electa en 2015, como “la última institución democrática que queda” en Venezuela e instó a Nicolás Maduro para que se reincorpore a las negociaciones en México.
Pese a ello, el régimen venezolano libró órdenes de captura a la Interpol contra la nueva directiva de la AN (de 2015), que fue designada el pasado 5 de enero.
La licencia de Chevron
En noviembre de 2022, la petrolera estadounidense Chevron obtuvo una licencia por seis meses para ampliar sus operaciones en Venezuela.
La licencia otorgada (denominada GL 41) autoriza ciertas actividades relacionadas con la operación y gestión por parte de Chevron Corporation o sus subsidiarias de sus empresas conjuntas que involucran a la compañía petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
En ese sentido, la permisología se extiende a la producción y extracción de petróleo y productos petrolíferos, incluidos el mantenimiento, reparación o servicios relacionados. También, a la venta, exportación o importación a Estados Unidos de petróleo y derivados, siempre que se vendan primero a Chevron.
La norma impide que PDVSA reciba beneficios de las ventas de petróleo de Chevron. La GL 41 autoriza únicamente la actividad relacionada con las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela, y no autoriza ninguna otra actividad con PDVSA.
En concreto, la licencia impide el pago de cualquier impuesto o regalía al gobierno de Venezuela, así como la venta de petróleo o productos petrolíferos venezolanos por parte de Chevron a cualquier país que no sea Estados Unidos; y la expansión de Chevron a nuevos campos petrolíferos en Venezuela más allá de los que tenía el 28 de enero de 2019.
¿Qué prohibiciones se mantienen vigentes?
La OFAC mantiene vigente en sus sanciones algunas prohibiciones de negocios con entidades controladas por el régimen venezolano.
En principio, los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con empresas u organizaciones que cuenten con una participación de la Administración de Nicolás Maduro de hasta el 50 % o más.
Dentro de las instituciones con las que pesan esas restricciones están el Banco Central de Venezuela (BCV) y PDVSA.
