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- Tres organizaciones dedicadas al trabajo social y la defensa de derechos humanos explicaron a El Diario cómo podrían verse afectadas sus actividades con la nueva ley del Parlamento oficialista. Foro Penal, Alimenta la Solidaridad y Espacio Público advirtieron que la obligación de compartir su información con el Estado no solo viola el derecho a la libre asociación, sino también la confidencialidad de las víctimas que atienden
“Las ONG que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización”, declaró Diosdado Cabello en la última sesión de la Asamblea Nacional electa en 2020, el 24 de enero. Bajo este argumento, presentó el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamientos de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y afines, el cual fue aceptado en su primera discusión.
De aprobarse esta ley, todas las organizaciones civiles sin fines de lucro deberán inscribirse en un registro obligatorio, en el que deberán brindar toda la información correspondiente a su administración y financiamiento, así como sus benefactores. De no cumplir con los requerimientos exigidos, las autoridades tendrán la potestad de imponer diferentes sanciones como multas de hasta 12.000 dólares, e incluso la disolución inmediata de la organización.
Para Cabello, muchas organizaciones reciben financiamiento de países como Estados Unidos, con el fin de apoyar a los partidos opositores en su lucha política. Esto al grado de supuestamente participar en planes de sabotaje y terrorismo contra el régimen de Nicolás Maduro. Incluso mostró una lista de 62 ONG que, a su juicio, están involucradas en ese tipo de hechos. Estos señalamientos han provocado una fuerte preocupación en organismos como Amnistía Internacional, el cual se declaró en alerta ante la posibilidad de que se censure e ilegalice a las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.
Esa misma inquietud es compartida por las ONG venezolanas. El director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, declaró a El Diario que para la redacción del proyecto de ley ninguna organización conocida fue consultada. Considera que su propósito, lejos de garantizar la transparencia de sus finanzas, parece escrito con el fin de neutralizar la labor de estos grupos. Especialmente los más incómodos para el régimen, como los defensores de derechos humanos. Una opinión en la que más tarde coincidieron los representantes de otras ONG activas en diferentes áreas.
Estigma político
El proyecto de ley establece, en su artículo 15, cuatro prohibiciones que las ONG deberán acatar para operar en Venezuela. Las dos primeras apuntan que no podrán involucrarse en actividades políticas ni recibir recursos destinados a partidos. Tampoco podrán permitir o promover “actuaciones que atenten contra la estabilidad de la República y sus instituciones” ni cualquier otro acto vedado por la legislación venezolana.
Un aspecto que la mayoría de las organizaciones resalta es la ambigüedad con la que se expresa el concepto de “actividad política en la ley”. Himiob señala que en regímenes autoritarios esto suele hacerse así a propósito, para que estén abiertas a la libre interpretación de los funcionarios y tengan un amplio margen de maniobra al momento de sancionar.
Una opinión similar tiene Misle González, representante de Espacio Público, una organización dedicada a la promoción del derecho a la libertad de expresión. Alertó que lo que hace más peligrosa a la ley es que pretende estigmatizar no solo el trabajo de ONG dedicadas a la movilización ciudadana y la documentación de irregularidades cometidas por el Estado. También afecta a aquellas dedicadas a labores humanitarias y que, en ciertas situaciones, pueden incomodar al poder al evidenciar sus fallas, haciendo que sean tachadas como políticas.
“Esta interpretación mete a todas las organizaciones en un mismo saco, cuando todas las organizaciones de la sociedad civil buscan trabajar con derechos humanos. Aunque cada una desde su área y no todas lo ejercen desde el ámbito político”, afirma.
Libre asociación
Esta facultad que permite la ley para actuar a discreción de lo que se considere o no político. También constituye una violación del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. Así lo cree Alberto Kabbabe, director general de Alimenta la Solidaridad. Esta ONG, creada en 2016, precisamente nació como una iniciativa ciudadana para atender la crisis alimentaria en comunidades vulnerables.
Si bien la ley afirma en su artículo 4 que el Estado venezolano garantizará la participación ciudadana y la libertad de asociación, también la condiciona a cumplirse estrictamente “bajo la supervisión, auditoría y control de las autoridades competentes”. Sin embargo, las ONG coinciden en que este principio se contradice con el artículo 15, que condena todo tipo de actividad política. Entendiendo la política como la capacidad humana para tomar decisiones que beneficien al colectivo y contribuyan a su desarrollo.
“Lo público es político. Cuando tenemos un hueco en la calle, que es un problema de todos, si el gobierno actúa o deja de actuar, es una decisión política. Y si los ciudadanos se organizan para reparar ese hueco, también es algo político. Y eso es básicamente lo que hacen las ONG: reunirse y organizarse para solucionar problemas que los gobiernos no logran dar”, explica González.
Confidencialidad
Desde 2005, Foro Penal se ha dedicado a brindar asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente. Entre sus defendidos no solo se encuentra gran parte de los presos políticos de los últimos años, sino también familiares y víctimas de represión por parte del Estado venezolano. Por ese motivo, al igual que otras organizaciones que trabajan atendiendo violaciones de derechos humanos, ven con preocupación que la nueva ley les exige dar información sobre los beneficiarios de sus proyectos.
“No podemos nosotros, como ONG, estar en una posición en la que legalmente se nos obligue a poner en peligro a las víctimas, dejando en manos de sus victimarios, es decir, del Estado, toda la información relativa a ellas. Eso es algo muy delicado que debe ser tomado en cuenta”, asegura Himiob.
Aunque la ley no tiene un apartado en el que se pida explícitamente información sobre los beneficiados por las actividades de las ONG, nuevamente la forma en que está redactado el texto abre la posibilidad de varias interpretaciones. Por ejemplo, el artículo 14 fija como una obligación de las ONG “entregar a la entidad competente del Estado la documentación e información que les sea requerida de forma completa y clara, incluyendo la que se generare en el futuro como consecuencia de la operatividad de la organización no gubernamental”.
Del mismo modo, se permite que terceras personas ajenas a la organización puedan solicitar formalmente a sus directivas que rindan cuentas sobre sus actividades y registros. El incumplimiento de la obligación de “coadyuvar con el Estado en sus actividades de control y fiscalización” se considera como un ilícito que puede acarrear sanciones.
El tener que revelar información de sus actividades y funcionamiento a cualquier funcionario o ciudadano representa para González una violación del derecho a la privacidad y a la confidencialidad de las víctimas. “Que el gobierno nos pida que hagamos un registro de los beneficiarios, a nosotros nos estaría obligando a decir el nombre de las personas a las que les damos apoyo legal, psicológico o que les damos acompañamiento en distintas áreas. Eso por supuesto pone en mayor vulnerabilidad a las víctimas, y a las organizaciones las pone entre la espada y la pared”, agrega.
Donaciones comprometidas
Uno de los puntos en los que Cabello hizo más hincapié fue en la necesidad de fiscalizar las fuentes de ingresos de las ONG. Sobre todo de aquellas que reciben donaciones o financiamiento desde el extranjero. Esto se ve reflejado en la ley en medidas como la obligación de identificar en cada donativo los datos del benefactor, incluyendo si es venezolano o extranjero, y si es recurrente. El no incluirlo en los registros se castigaría con una multa por el doble del monto original donado.
Esto podría afectar a organizaciones como Alimenta la Solidaridad, cuyo funcionamiento depende de las donaciones recibidas dentro y fuera del país. Kabbabe teme que esta falta de privacidad pueda hacer que muchas personas e instituciones dejen de aportar por temor a represalias.
“Afortunadamente muchas de nuestras donaciones las recibimos directamente en alimentos, y quizás no en temas financieros, pero sin duda esto va a ser que cualquier persona que done a una organización como nosotros lo pueda pensar dos veces”, apunta.
El activista cree que esto fue diseñado así intencionalmente, para reducir la capacidad operativa de las ONG por la fuga de recursos. “Lamentamente una ley como esta va a hacer que la solidaridad de los venezolanos se vea un poquito afectada por justamente violar su intimidad o buscar intimidar a la gente para que no se asocie y cree proyectos de impacto”, lamenta.
Bajo lupa
“Las ONG en Venezuela han cubierto un espacio el cual ha no podido hacer el Estado. En momentos de crisis tan duros como los que estamos viviendo, han sido un suplente muy importante”, apunta el director de Alimenta la Solidaridad. Así como su organización se ha encargado de diferentes programas enfocados en la seguridad alimentaria y la educación, otras también cubren otros aspectos como la donación de medicinas, apoyo para tratamientos médicos o brindar herramientas a los ciudadanos para resolver problemas comunitarios.
Por otro lado, también existen ONG encargadas de velar por la protección de colectivos vulnerables. Por ejemplo, la comunidad LGBTIQ+, pueblos indígenas, mujeres sobrevivientes de violencia de género o niños, niñas y adolescentes desamparados. Kabbabe no cree que la nueva ley suponga un riesgo directo para el trabajo de este tipo de organizaciones, aunque no baja la guardia. Recuerda que a finales de 2020, Alimenta la Solidaridad y otras organizaciones como Caracas mi Convive fueron objeto de persecución y hostigamiento por parte del régimen, pese a estar lejos del rádar político.
En ese momento, su sede sufrió un allanamiento, mientras que sus cuentas bancarias fueron congeladas. Kabbabe cuenta que el detonante fue un programa piloto para otorgar transferencias monetarias no condicionadas, es decir, pagos a personas de bajos recursos para cubrir sus necesidades básicas. “Esto se mezcló con otras actividades y ahí fue donde se aplicó el criterio político de que si no lo hace el gobierno, hay que ponerle una lupa”, comentó.
Aclaró que la situación logró resolverse satisfactoriamente luego de comprobar la transparencia y autonomía operacional de la organización. Aunque eso no impidió que continuara el hostigamiento. Sobre todo contra el cofundador y exdirector de Alimenta la Solidaridad y Mi Convive, Roberto Patiño, a quien Cabello señaló públicamente en su programa de televisión por su militancia con el partido Primero Justicia. Por esa época otras organizaciones como Azul Positivo también sufrieron de acoso por funcionarios gubernamentales, e incluso la detención de cinco de sus activistas.
Trabajo importante
Si tras la aprobación de esta ley, Alimenta la Solidaridad fuese ilegalizada, Kabbabe advierte que afectaría a más de 16.000 niños y niñas, quienes se benefician de sus 186 comedores repartidos en 14 estados del país. Esto sin mencionar sus otros programas destinados a la educación, emprendimiento y desarrollo de espacios libres de violencia.
Por su parte, Himiob también teme que las nuevas disposiciones harán muy difícil el trabajo del Foro Penal para llevar la cuenta de los presos políticos en Venezuela y documentar violaciones de sus derechos humanos. “Si el Estado es el que vulnera los derechos humanos, pareciera ser absurdo que uno tuviera que pedirles permiso para realizar las actividades de defensa de DD HH. Uno no le pide permiso a un victimario para que le deje defender a la víctima”, exclama.
Precisamente las organizaciones más afectadas serían aquellas que, en los últimos años, han asumido la tarea de recolectar todas las estadísticas y cifras que el Estado ha omitido, pese a ser de interés público. Por ejemplo el trabajo de diferentes observatorios que publican de forma independiente los índices de muertes violentas, inflación o deterioro de los servicios básicos.
En este sentido, González resalta la labor hecha desde Espacio Público desde hace 20 años para documentar los casos de censura y cierre de medios de comunicación en Venezuela. Acota que, para ellos la defensa de la libertad de expresión es fundamental, ya que es un derecho puente que permite a la ciudadanía visibilizar sus problemas y exigir otros derechos vulnerados.
Acorde a la ley
En el caso de organizaciones que reciben apoyos desde el exterior, resulta redundante la cantidad de permisos e informes que deberán presentar para rendir cuentas. Varias ONG consultadas por El Diario indicaron que, en la mayoría de los casos, sus ingresos provienen de instituciones altamente reconocidas como embajadas, iglesias y organismos internacionales encargados de recaudar fondos, principalmente de donantes particulares.
Cada una de estas estructuras se rigen bajo protocolos bastante rigurosos para recibir los fondos. Por este motivo, los encargados de las organizaciones deben dejar constancia del uso que dan a cada centavo, y presentar informes detallados a los responsables de su manejo, quienes ejercen su propia contraloría.
De igual modo, consideran que la creación de una ley especial para regular a las ONG es, cuando no excesiva, innecesaria. Himiob precisa que la legislación venezolana ya contempla varias leyes, normativas y regulaciones con las que deben cumplir, como la haría cualquier forma asociativa con o sin fines de lucro. Incluso, también en materia fiscal y tributaria. El director de Foro Penal asegura que, por el contrario, actualmente es el propio Estado el que les impide cumplir sus deberes legales al obstaculizar la presentación de actas relacionadas a ONG ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).
“De facto ya hay como una suerte de prohibición de aceptar estos documentos en muchos registros. No se nos permite mantener al día nuestros estatutos ni nuestras asambleas o actos de desarrollo en general de nuestras actividades. Así que lo que esta legislación está haciendo es de alguna manera legalizándolo”, indica.
En la lucha
González aclara que esta no es la primera vez que la AN afín al régimen de Maduro intenta aprobar una ley que regule a las ONG. Desde 2006 el chavismo ha tratado de impulsar en el Parlamento una ley de cooperación internacional, un proyecto en esencia similar a la ley de fiscalización actual. Aunque en su momento fue archivada tras su primera discusión, se buscó revivir en 2010, 2015 y 2022.
En mayo 2021, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz también emitió la providencia administrativa No. 002-2021, la cual obligaba a las organizaciones civiles a registrarse ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Todo esto previo a los episodios de estigmatización y hostigamiento contra Azul Positivo, Alimenta la Solidaridad, entre otras.
Ante este nuevo intento, Kabbabe señala que su organización espera articularse con otras ONG para tomar una decisión conjunta respecto a las próximas acciones a tomar. Espera que se pueda entablar un canal de comunicación con la AN oficialista, en la cual puedan escuchar sus inquietudes y derribar los prejuicios hacia su trabajo social.
La visita a Venezuela del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se convirtió en la oportunidad perfecta para denunciar esta situación. Poco después de su llegada el 26 de enero, sostuvo una reunión con un grupo de activistas y víctimas de violaciones de DD HH. Allí, recibió una carta firmada por 90 ONG en la que se pidió abogar para se frene la aprobación de la ley. Aunque por el momento no ha exhortado al Parlamento oficialista a desistir de su plan, sí se pronunció en su cuenta de Twitter, en la que escribió: “Todos los países necesitan y merecen un espacio cívico libre y vibrante”.
