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- La moción permite a la Fiscalía de ese país a actuar penalmente en su contra
El Congreso de Perú aprobó el informe final de una denuncia constitucional que recomienda a la Fiscalía acusar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por corrupción. El documento señala al exmandatario, quien cumple 18 meses de prisión preventiva tras su fallido golpe de Estado, de presuntamente encabezar una organización criminal durante su gobierno para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
“Ha sido aprobada la resolución legislativa del Congreso por la que se acusa al señor Pedro Castillo, en su condición de expresidente de la República”, precisó el jefe del Congreso, José Williams.
De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el hemiciclo dio luz verde al informe final de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación (general) contra Castillo luego de obtener 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones.
En este sentido, el Ministerio Público deberá presentar una acusación formal ante el Poder Judicial.
Acusaciones contra Castillo
El documento recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la Administración pública en la modalidad de colusión.
El expediente se basa en presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
En otras dos votaciones, el Parlamento también aprobó acusar por el mismo caso a los exministros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción Civil y Saneamiento, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente. Estos están señalados de presuntamente cometer delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.
El 10 de febrero, la Comisión Permanente del Congreso aprobó dicho informe tras la denuncia constitucional presentada en noviembre pasado por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el exmandatario y sus exministros.
Defensa de Castillo catalogó la acusación de “absurda”
Durante la exposición del informe, el congresista Diego Bazán, del partido derechista Avanza País, detalló los “elementos de convicción”, que a su juicio son “muy reveladores”, entregados por el Ministerio Público sobre la supuesta existencia de una organización criminal en el aparato estatal.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, resaltó el respeto al debido proceso, así como su “independencia, imparcialidad y legalidad”. Además, acusó a Castillo y a su defensa de realizar acciones “dilatorias y obstruccionistas”.
Durante su intervención virtual, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, solicitó sin éxito que el expresidente pueda ejercer su derecho a la defensa de manera presencial ante el pleno.
Pachas calificó de ”absurda” la acusación e insistió en que el Congreso no observó los decretos cuestionados y dio la confianza a los gabinetes que tuvieron a los exministros imputados, por lo que pidió el archivo de la denuncia.
Luego de pedir que se archive la denuncia contra el exmandatario, fue el turno de la defensa de Silva. Sin embargo, la participación de su abogado fue rechazada por no haber sido acreditado con anticipación. Por su parte, el exministro Alvarado envió un oficio al Parlamento en el que se allanaba a que se apruebe la acusación constitucional para que la Fiscalía pueda continuar y formalizar la investigación.
Durante el debate, que se extendió por al menos cuatro horas, tomaron la palabra decenas de los 130 congresistas que integran el Congreso.
Actualmente, Castillo cumple una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva dictada tras su intento fallido de golpe de Estado, que llevó al Congreso a destituirlo el 7 de diciembre pasado por “permanente incapacidad moral”. En su lugar, quedó la vicepresidenta Dina Boluarte.
Con información de EFE…
