• El proyecto de ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines se aprobó en la Asamblea Nacional afín al régimen en enero de 2023 y buscará regular las organizaciones de la sociedad civil

93 organizaciones y 147 personas denunciaron en una carta abierta al presidente Gustavo Petro que el proyecto de ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, promovido por la Asamblea Nacional (AN) afín al régimen de Nicolás Maduro, posiblemente incremente las solicitudes de asilo y refugio en Colombia.

La ilegalización de las organizaciones, por otra parte, obligará a sus integrantes a salir de manera forzada del país como ha sucedido recientemente en Nicaragua. Además, sus centenares de beneficiarios dejarán de contar con el apoyo humanitario que han venido recibiendo. Ambas situaciones incrementarán en número significativos las solicitudes de asilo y refugio en los países vecinos”, denunciaron las organizaciones en el documento difundido el 16 de febrero.

Entre las organizaciones venezolanas firmantes están Foro Penal, IPYS Venezuela, Provea, Un Mundo Sin Mordaza, Súmate, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Acción Solidaria, así como agrupaciones de Colombia como el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y Asociación Venezolanos en Chocó.

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Misión Independiente de la ONU se pronunció contra la ley anti ONG

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó el 30 de enero su preocupación sobre las implicaciones que impactarán en las agrupaciones civiles que atienden distintos sectores en el país.

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“De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre de espacio cívico y democrático en Venezuela”, alertó Marta Valiñas, presidenta de la misión de la ONU. Para el Francisco Cox, experto de la misión, de aprobarse la ley anti ONG le daría el poder al Estado de controlar o suprimir las agrupaciones civiles.

Otras organizaciones como Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos se sumaron a la denuncia de las organizaciones venezolanas en una carta divulgada a finales de enero. También señalaron que desde 2021 existe una providencia que obliga a las organizaciones a revelar sus beneficiarios y donantes en una plataforma digital.

En ese entonces, 600 organizaciones venezolanas se pronunciaron en contra de la medida. Además, en 2020 el Tribunal Supremo de Justicia atacó el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil al dictaminar que recibir recursos del extranjero podría implicar “traición a la patria”.

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Ley contra ONG limitará el derecho a la libre asociación

El proyecto de ley, también conocido como ley anti ONG, fue presentado el 24 de enero de 2023 en la AN oficialista. Durante la discusión del documento, se anunció que existe una lista preliminar de al menos 62 organizaciones que serían criminalizadas por promover acciones políticas y contrarias al régimen de Maduro.

Se declara la ‘inexistencia’ no solo de las ONG, sino también de casi todas las formas previstas de asociación sin fines de lucro, sometiéndolas a un nuevo régimen jurídico, para el cual se deben cumplir una serie de requisitos desproporcionados y que no tienen un objetivo legítimo”, señala el documento del 16 de febrero.

Entre las sanciones previstas están la suspensión o disolución de oficio y multas confiscatorias. También involucran responsabilidades civiles y penales por delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Según las organizaciones denunciantes, la ley anti ONG promueve el control de organizaciones críticas por parte del régimen autoritario. 

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Las organizaciones piden al presidente Petro que desestime el proceso en curso de aprobación de la ley, debido a que esta no está creada con base a los tratados internacionales firmados por Venezuela en el año de derechos humanos. Denuncian que, de aprobarse la ley anti ONG, implica la suspensión del derecho a la libre asociación.

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