21.67º
- La organización internacional instó al gobierno chileno a dejar de obstaculizar los procesos para las personas que escapan de la crisis en Venezuela y buscan asilo en Chile
Amnistía Internacional denunció, a través de un nuevo informe publicado el martes 7 de marzo, que el Estado chileno pone en peligro a los venezolanos en calidad de refugiados al incumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
“El Estado chileno fuerza a la mayoría de las personas venezolanas a ingresar por pasos fronterizos inseguros y no habilitados, pero a su vez las penaliza por entrar de manera irregular y obstaculiza que soliciten asilo”, denunció la organización.
El informe titulado Nadie quiere vivir en clandestinidad, es una documentación sobre la desprotección de los migrantes y refugiados venezolanos en Chile.
Migrantes venezolanos en Chile
De acuerdo con cifras oficiales, Chile alberga a unos 444.400 ciudadanos venezolanos, una cifra conservadora, sostiene la ONG, ya que data de diciembre de 2021.
Chile se sitúa detrás de Colombia, Perú y Ecuador, que han recibido a unas 2.500.000, 1.500.000 y 502.000 venezolanos, respectivamente.
Estos cuatro países latinoamericanos albergan a casi el 70 % del total de los 7,17 millones de personas que han huido de Venezuela debido, considera Amnistía Internacional, a la emergencia humanitaria compleja, la crisis de derechos humanos y la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.
Crisis en las fronteras chilenas
En el informe también se destacan los testimonios de mujeres venezolanas viviendo en Chile. Allí se documentan los obstáculos que deben superar para poder ingresar a territorio chileno y luego lograr regularizar su situación migratoria.
La organización hizo un llamado urgente al gobierno chileno a que garantice el acceso efectivo y sin discriminación de todas las personas con necesidad de protección al procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado; a que respete el principio de no devolución, incluyendo la prohibición de rechazos en frontera; y a que elimine el requisito de autodenuncia para cumplir con los estándares internacionales de no criminalización de la entrada irregular.
La investigación de Amnistía Internacional se realizó entre noviembre de 2022 y enero de 2023 e incluyó trabajo de campo en las ciudades de Arica, Iquique y Santiago.
Además de los testimonios de las 12 mujeres venezolanas, entrevistaron a 23 representantes de organizaciones de sociedad civil, cuatro organizaciones internacionales, y nueve entidades gubernamentales.
