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- La comisión, junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), emitieron un comunicado el lunes 6 de marzo en el que mostraron preocupación por el proyecto
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al régimen de Nicolás Maduro no ratificar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de la Organizaciones no Gubernamentales (ONG), que fue impulsada el 24 de enero en un primer debate en la Asamble Nacional.
Mediante un comunicado, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) mostraron su preocupación por el avance del proyecto de ley y consideraron que esto limitaría la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
Cabe acotar que esta ley, que aún no cuenta con fecha para la segunda votación, además de acortar las actividades que pueden desarrollar las organizaciones, otorga a las autoridades del Estado la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen, en su criterio, de actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República.
“Este no es el primer acto gubernamental que tiene como finalidad controlar y limitar el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil, restringiendo libertades como la de expresarse, asociarse y la de participar en asuntos de interés público”, reza el comunicado.
Otras leyes que atentan contra las ONG
Las organizaciones resaltaron que en 2022 rechazaron el anteproyecto de “ley de Cooperación Internacional” que contemplaba la prohibición, suspensión, restricción o eliminación de las organizaciones de la sociedad civil, “que directa, o indirectamente, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República”.
Asimismo, en 2021 la CIDH y su RELE se pronunciaron en contra de la Providencia Administrativa No. 001-2021, que exigía a las organizaciones sin fines de lucro a inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT).
“En Venezuela existe un entorno hostil contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el que predominan las campañas de desprestigio, estigmatización y actos de hostigamiento como consecuencia de sus actividades de defensa”, agregó la CIDH en el comunicado.
En ese sentido, expresaron que es fundamental que el Estado cuente con organismos competentes para su registro sin limitar arbitrariamente la libertad y funcionamiento de estas organizaciones.
La CIDH pidió además que el régimen se abstenga de aprobar cualquier ley o reglamentación que limite arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés público. Al mismo tiempo expresaron que urgen medidas que ayuden a reconstruir la democracia y el Estado de derecho.
