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- La Cámara Inmobiliaria de Venezuela reveló que el cálculo de los aranceles para los trámites en notarías representan entre un 5 % y un 40 % de las operaciones, aunque la ley establece que sea del 2 %
Varias organizaciones del sector empresarial en Venezuela expresaron su preocupación ante lo complejo que son los trámites de inmuebles en registros y notarías, tanto para los venezolanos como para los extranjeros, lo cual calificaron como una violación a los derechos humanos.
“En agosto de 2022, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) implantó el Registro para Extranjeros, en el que el ciudadano extranjero debe llenar un formulario a través de la web del Saren. El organismo, por la misma vía, lo habilita para la firma de cualquier tipo de documentos ante cualquier registro o notaría”, destacó el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) a través de un comunicado difundido el 15 de marzo.
Los representantes gremiales que alertaron sobre esta situación tras sostener una reunión fueron Tiziana Polesel, de Consecomercio; Leonardo Luis Palacios, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas; Enrique Madureri, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Construcción (CVC); y Roberto Orta, presidente la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV).
“Los retardos indebidos, los rechazos irracionales y la existencia de formalidades no previstas en el ordenamiento jurídico atentan contra los derechos fundamentales de propiedad y disposición de elementos patrimoniales”, aseguró Palacios durante la reunión con las otras organizaciones.
Asimismo, denunció el “cobro excesivo, confiscatorio y discrecional de los derechos de registros” por protocolización de varios documentos que son necesarios para tener certeza en las operaciones de los empresarios.
La indexación al petro de los trámites en notarías
Enrique Madureri apuntó que en la Ley de Registros y Notarías se incorporó el tabulador en el que se indexan las tarifas con el petro.
“Es muy complicado, por cuanto hay más de 200 renglones de tarifas y por cada concepto agregan un costo adicional en el cálculo de la planilla, en la que se aplica la discrecionalidad del funcionario”, detalló.
Situación compleja para los extranjeros que quieren realizar operaciones en notarías
El presidente de la CIV, Roberto Orta, informó que la organización realizó una encuesta a más de 700 profesionales que reveló que 65,8 % ha tenido clientes extranjeros. De ese porcentaje, el 60,7 % de los extranjeros registrados no han recibido respuesta de los registros públicos inmobiliarios y sus firmas se encuentran paralizadas. Mientras el 51,7 % tiene entre uno y tres meses esperando respuesta por parte del organismo.
La reforma de la Ley de Registro Público, de diciembre de 2021, establece en el ordinal 7 del artículo 83 que el derecho de procesamiento de documentos de ventas, bienes inmuebles y otros derechos para la constitución de sociedades en su ordinal C está fijado en más de 1.000 unidades de petro (1.001 PTR) en adelante el 2 %.
“En la encuesta realizada por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela se reveló que en la realidad el cálculo de los aranceles oscila entre un 5 % y un 40 % del precio de venta. Esto constituye un obstáculo y, en muchas oportunidades, impagables”, indicó Orta.
Por su parte, Polesel insistió en que es necesario la revisión de la política de cálculos y el estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley de Registros y Notarías.
“La universalidad se ve afectada cuando se somete a los extranjeros a tratos discriminatorios referidos a exigencias extensas de documentación, retrasos indebidos e injustificables. Esto viola los principios de celeridad, no discriminación y transparencia exigidos por el artículo 131 de la Constitución de la República”, añadió.
Una medida que es “un golpe al bolsillo” del venezolano
En junio de 2022, la organización no gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia calificó el uso del petro para estos trámites como un “golpe al bolsillo de los venezolanos”. El aumento significativo del pago de las tasas para procesar los distintos trámites que se efectúen en los registros y notarías.
“(La medida) incurre en una grave violación del principio de la reserva legal. La Asamblea Nacional inconstitucionalmente estableció delegar en el Ejecutivo Nacional la función de fijar el importe de las tasas, cuando realmente es una materia del Poder Legislativo”, aseveró en su cuenta de Twitter.
Esta ley no fue consultada con la ciudadanía por la Asamblea Nacional afín al chavismo. Aunque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 211 que el acto de sancionar leyes debe consultarse con la ciudadanía y contar con su participación.
