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- El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels comentó en entrevista para El Diario que el Saime mantiene una política sistemática de exclusión y discriminación contra los ciudadanos. Acotó que los grupos sin residencia fija, acceso a Internet o reconocimiento de su expresión de género son los más vulnerables
A partir del 18 de marzo, el Sistema Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) implementará un nuevo proceso para sus trámites en línea. Ahora, además del pasaporte, también se deberá solicitar en la página web del organismo la renovación de la cédula de identidad, lo cual desató una lluvia de críticas e inquietudes en redes sociales, debido a los nuevos requisitos que solicita la plataforma.
El nuevo sistema de citas contempla un formulario que ha resultado bastante controversial por exigir información que antes no era necesaria para hacer el trámite. Desde los datos exactos de residencia, hasta el lugar en el que la persona nació y el número de su acta. Incluso una descripción con datos físicos como estatura, peso, grupo sanguíneo y color de ojos y cabello.
Varios expertos coinciden en que este nuevo sistema, además de complicar un proceso que ya en el pasado presentaba varias carencias, resulta restrictivo para un alto porcentaje de la población. Sobre todo porque no solo se debe conocer la información muchas veces difícil de conocer, y para la cual se requiere tener otros documentos como la partida de nacimiento o la carta de residencia.
Para el director de la asociación civil Acceso a la Justicia, Alí Daniels, este accionar del Saime vulnera los derechos humanos de muchos venezolanos que no podrían renovar sus documentos con los nuevos términos impuestos. En entrevista para El Diario, indicó que la identidad es un derecho fundamental amparado por la Constitución y las leyes, por lo que ninguna normativa burocrática puede restringirla.
“El derecho a la identidad hay que verlo como la puerta que abre otros derechos. Si usted no tiene una identidad recogida jurídicamente, usted no puede inscribir a su niño en un colegio. En Venezuela y en ningún país, y ni hablar del trabajo u otros derechos”, declaró.
Viola la ley
El abogado señala que el nuevo sistema del Saime pide muchos más requisitos de los que están contemplados en la ley. Por ejemplo, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos establece en su artículo 6 que se debe reducir al mínimo los requisitos y exigencias a las personas, dejando única y exclusivamente los pasos que sean indispensables para cumplir el propósito del trámite. Igualmente, en su artículo 10, señala que la Administración pública “no podrá exigir requisitos adicionales a los contemplados en la normativa vigente”.
Con esto, menciona también el artículo 19 de la Ley Orgánica de Identificación, que enumera el contenido que debe tener la cédula de identidad. Esto sería solamente los nombres y apellidos, estado civil, nacionalidad, fecha de nacimiento, foto a color, firma y huella dactilar, así como la fecha de expedición y vencimiento del documento, y la firma del funcionario autorizado. Cualquier otro dato resultaría innecesario.
“Cualquier requisito adicional que no sea lo que está en el mencionado artículo sobrepasa lo que la ley está pidiendo”, dijo.
Poblaciones vulnerables
Uno de los requisitos más controversiales es la obligación de poner la dirección, así como de consignar una constancia de residencia. No obstante, el director del Saime, Gustavo Vizcaíno, declaró en una entrevista en la emisora Unión Radio el 20 de marzo que este último requisito fue eliminado. Aclaró que se habría tratado de un error incluirlo en el sistema, por lo que el día de la cita solo se deberá llevar la plantilla que arroja el sistema al hacer la solicitud.
De hacerse aplicado, habría impedido a personas sin un domicilio fijo poder solicitar el documento. Por ejemplo, poblaciones indígenas como los yanomamis, que son nómadas o carecen de una ubicación rastreable. De igual modo, Vizcaíno indicó que muchos de los otros datos todavía deberían llenarse en el formulario.
También aplicaría para otros grupos vulnerables, como personas que viven en la calle o niños desamparados, o personas que no tienen un domicilio fijo por diferentes razones. Esto aplica también con otros datos como el lugar exacto de nacimiento. Acotó que en muchos casos hay personas que no saben el nombre del centro de salud o simplemente desconocen las circunstancias de su nacimiento, ya que son huérfanas o incluso porque el registro donde estaba su acta de nacimiento desapareció o sufrió algún incendio.
“No es raro que haya personas que no tienen partida de nacimiento. Solo en el estado Bolívar hay más de 200 casos de personas que no la tienen porque viven en zonas alejadas y no se les ha dado la posibilidad de ir a los sitios donde están los registros para presentar al niño. Entonces esto no es una situación extraña y única, es algo que ocurre sobre todo en las zonas más apartadas del país”, aseguró.
Acceso limitado
Más allá de la información solicitada, el solo hecho de que ahora se deba pedir la cita para la cédula en una plataforma digital excluye a miles de personas que no cuentan con recursos para hacerlo. “No solo es un tema de la cédula. El Saime en general es discriminatorio porque parte de la premisa de que todos los venezolanos contamos con Internet. Esto cuando las estadísticas del propio Conatel señalan que la mitad de la población no tiene acceso”, explica Daniels.
Acotó que desde el punto de vista logístico, los más afectados serían los habitantes del interior del país, sobre todo aquellos en estados donde apenas hay una o dos oficinas del Saime operativas. Pone como ejemplo Amazonas y Bolívar, donde a veces hay que recorrer cientos de kilómetros para ir a la oficina más cercana. O Delta Amacuro, donde un viaje a la capital Tucupita puede significar varios días de viaje en bote. Agregó que esto se agrava por el hecho de que ya no se realizan jornadas especiales de cedulación que permitían llegar a comunidades remotas.
“El hecho de que el Saime entienda que hay una única vía para tener acceso al derecho a la identidad es violatorio del principio de no discriminación e igualdad de todos ante la ley. Precisamente porque no todos somos iguales, el Saime debe establecer mecanismos de identificación para las diferentes modalidades de población que existen”, indicó.
Proceso excluyente
“El tema de la exclusión y la discriminación en el Saime es algo sistémico”, advierte el activista. Fuera del polémico sistema digital, señaló que los funcionarios del Saime han impuesto reglas arbitrarias para condicionar los trámites, sin estar respaldadas por ninguna ley. Menciona los códigos de presencia y vestimenta ampliamente criticados en redes sociales, en los que varios usuarios relatan cómo se les negó la entrada a las oficinas o la continuación del proceso por tener el cabello teñido, escotes, vestidos cortos o bermudas.
“El tema justamente que va con el derecho a la identidad es precisamente que somos diversos. Como somos diferentes, el Estado debería reconocer esas diferencias y recogerlas en el documento de identidad. Si yo me pinto el pelo de verde, eso no debería ser un obstáculo para que pueda sacarme la cédula”, señala.
Resaltó que esta situación es incluso más grave en el caso de las personas trans y no binarias, a las cuales se les niega el derecho de expresar su verdadera identidad. Recordó que en 2009 se aprobó una reforma del artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil, la cual les permitía figurar en sus documentos de identidad con su expresión de género. Sin embargo, el Estado venezolano jamás ha aplicado su propia norma, violando el derecho a la identidad de este colectivo.
“Me contaron el caso de una persona trans que fue a pedir la bolsa CLAP y cómo en la cédula aparecía con una foto y un nombre que no se corresponden con la forma en que se identifica, el funcionario se la negó diciendo que era otra persona. Hay una discriminación y una arbitrariedad del Estado de no querer aceptar la diversidad de los seres humanos. El Estado no puede imponer a las personas cómo tienen que identificarse”, afirmó.
¿Qué dice el art. 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil?
“Toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador o registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad.
Si se tratare de niño o niña, el cambio se efectuará mediante solicitud del padre, madre o representante; si es adolescente mayor de catorce años podrá solicitar personalmente el cambio de nombre propio; una vez alcanzada la mayoría de edad podrá volver a solicitar el cambio de nombre por una sola vez.
En los casos de colocación familiar de niños, niñas y adolescentes, no se permitirá el cambio de nombre propio sin autorización judicial previa. El registrador y registradora civil procederá a la tramitación del cambio de nombre propio, mediante el procedimiento de rectificación en sede administrativa”.
Sin derechos
De acuerdo con la Ley Orgánica de Identidad, la cédula de identidad “constituye el documento principal de identificación para los actos civiles, mercantiles, administrativos, judiciales y para todos aquellos casos en los cuales su presentación sea exigida por la ley”.
Por ese motivo, ha causado inseguridad este nuevo proceso, ya que al no poder renovar la cédula, los ciudadanos podrían quedar incapacitados para realizar muchos otros trámites. Especialmente debido a que el Saime tampoco ha aclarado si, en el caso de los datos menos indispensables, si tienen un carácter opcional o si, por el contrario, son obligatorios para continuar el proceso. “El derecho a la identidad es básico en una sociedad como la venezolana donde para cualquier cosa necesitas presentar la cédula”, comentó Daniels.
La eliminación de la carta de residencia del proceso fue una medida necesario. De lo contrario, los usuarios se habrían vuelto inmersos en un bucle burocrático. Esto porque, para pedir esa constancia en los registros, irónicamente es obligatorio consignar la cédula vigente, lo cual bloquea el trámite por completo. “Creas un proceso circular, yo lo definiría como algo kafkiano, donde el ciudadano queda a merced de la arbitrariedad de los funcionarios”, señaló.
Otra situación en la que se debe tener la cédula vigente es para viajar en un aeropuerto nacional. No aceptan el documento vencido ni el pasaporte, el cual técnicamente está reconocido por la ley como un documento de identidad válido que puede sustituir a la cédula. “Con el pasaporte puedes salir del país, pero puedes viajar dentro del territorio”, lamentó.
Bases de datos
En redes sociales uno de los comentarios más recurrentes es que la cantidad de datos, la mayoría de ellos considerados absurdos, oculta fines más oscuros. Expertos temen que el régimen de Nicolás Maduro, a través del Saime, intente crear enormes bases de datos de sus ciudadanos, con la mayor información sobre sus vidas posible. Esto con fines de control social, como ya se pudo observar con experimentos como el carnet de la patria.
Sin embargo, aunque para Daniels es una tesis bastante probable, se inclina a pensar que lo ocurrido en el Saime denota todo lo contrario: una incapacidad del Estado para guardar información y documentos que, en teoría, ya tiene.
“El Estado tiene las partidas de nacimiento. Si no lo tiene en una base de datos, eso no es problema de los ciudadanos, pero una vez más las carencias e ineficiencias del Estado quieren ser suplantadas por la actividad del ciudadano”, apuntó.
Indicó que, históricamente, el aparato burocrático gubernamental se ha caracterizado por no asumir la responsabilidad de su falta de bases de datos, por lo que delega en los ciudadanos consignar copias de documentos que podrían ser fácilmente consultables para el funcionario si ya estuvieran en un sistema digitalizado. “Estás pidiendo un documento que ya tienes, y si no lo tienes, no es responsabilidad mía”, sentenció.
En el caso de la invasión de la privacidad de los ciudadanos al solicitarles información bastante personal sobre su nacimiento y rasgos físicos, sí ve con preocupación que el Saime no pueda garantizar la protección de esos datos ante posibles hackeos o vulneraciones de seguridad. “El Estado no garantiza la protección de esos datos. ¿Cuál es la garantía con un Saime que el año pasado colapsó porque no pudo implementar el nuevo sistema? No hay garantía de que la información no termine en terceros”, indicó.
Venezolanos en el exterior
Desde hace años, los migrantes venezolanos son los más afectados por la vulneración del derecho a su identidad por parte del Saime. Primero por las limitaciones en la emisión de pasaportes, los cuales quedaron totalmente paralizados en los países donde no hay relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, por una condición del organismo que obliga a los ciudadanos en el exterior a volver al país para tramitar su cédula.
Sin cédula, y en algunos casos con el pasaporte vencido, los venezolanos se convierten en suertes de parias sin identidad reconocida. Algo que vuelve cuesta arriba la gestión de sus procesos de regularización, o procesos tan sencillos como alquilar una vivienda o inscribir a sus hijos en una escuela. Daniels señaló que la Declaración de Cartagena, establece muchos de los venezolanos que salen del país lo hacen porque hay una violación masiva de derechos humanos, y en consecuencia tienen carácter de refugiados independientemente de que no hayan recibido amenazas directas.
Por ese motivo, instó a los gobiernos de la región a ser compresivos y tolerantes con aquellos venezolanos indocumentados. Explicó que los tratados internacionales recomienda brindarles un estado de y protección jurídica para facilitar su regularización, permitiendo que puedan solicitar su solicitud de residencia o cualquier otro trámite con sus pasaportes vencidos.
