• La Sala de Cuestiones Preliminares deberá evaluar el documento con las conclusiones presentadas para brindar una decisión 

La Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) finalizó la evaluación de las denuncias presentadas por representantes legales y víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Este organismo presentó un informe en el que detallan que entre las víctimas de estos delitos habría más de 8.000 individuos, 2 organizaciones y más de 600 familias. 

La Sala de Cuestiones Preliminares primera de la CPI había invitado a las presuntas víctimas y sus representantes legales a completar las planillas y enviarlas entre el 18 de noviembre de 2022 y el 7 de marzo de 2023, aunque la recepción comenzó en diciembre. En ese plazo se recibieron más de 2.000 formularios de denuncias, pero fueron analizadas 1.746. 

Toda esta información es estrictamente confidencial y está en la base de datos a la que solo tiene acceso el personal de la CPI. La corte aclaró que el Estado venezolano no podrá conocer los datos de los denunciantes ni ver ninguno de los formularios consignados. De hecho, en el informe presentado no hay ninguna información que permita identificar a las víctimas.

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El próximo paso es que la Sala de Cuestiones Preliminares evalúe las conclusiones del documento para decidir si autoriza al fiscal Karim Khan para continuar con la investigación en Venezuela. 

Los delitos denunciados 

Los crímenes de lesa humaidad mencionados en el informe son: asesinatos, encercelamientos, privación grave de libertad fisica, torturas, tratos inhumanos, violaciones u otras formas de violencia sexual, desparición forzada, desplazamiento forzado y persecuciones por motivos políticos. 

Sobre el delito de asesinato, la Sección de Reparación y Participación resaltó aquellos que fueron cometidos durante protestas y manifestaciones antigubernamentales, ejecuciones extrajudiciales a hombres jóvenes en barrios de bajos recursos y en el contexto de detenciones. 

Con relación a los homicidios durante protestas, el documento señala que se reportó un gran número de agresiones cometidas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). 

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Con respecto a la persecución política y el desplazamiento forzado, el documento indica que se recibieron denuncias de trabajadores que tuvieron que dejar el ejercicio de su profesión por el hostigamiento. 

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Entre los denunciantes hay trabajadores petroleros, personal judicial, personal militar, periodistas, profesores universitarios, personal de salud y políticos. Todas las opiniones recabadas respaldan la solicitud del fiscal Khan de continuar con la investigación en Venezuela. 

Grupos vulnerables

La Sección de Reparación y Participación de las Víctimas mencionó a periodistas, la comunidad universitaria, los pueblos indígenas, los mineros, los trabajadores petroleros y los pensionados entre los grupos más vulnerables y afectados por crímenes de lesa humanidad.

El documento señaló que al menos desde el año 2013 el régimen de Nicolás Maduro muestra una actitud violenta contra los trabajadores de la prensa. Los periodistas son víctimas de agresiones verbales y físicas, mientras que los medios enfrentan mecanismos de censura. 

El informe indicó sobre los pensionados que el Estado venezolano paga una suma irrisoria a las personas jubiladas y que el Ejecutivo se niega a otorgar pensión a supuestos o reales opositores a Maduro, lo que los denunciantes calificaron como crímenes contra la humanidad. 

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Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

Las comunidades indígenas, por su parte, denunciaron ante la CPI que el Estado viola los derechos especiales que protegen a los pueblos originarios. Entre ellos el de la jurisdicción en territorio indígena. Esto que establece que los crímenes cometidos allí deben juzgarse dentro del territorio y con autoridades legítimas indígenas. 

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Algunos testimonios 

El documento incluyó fragmentos de los testimonios. Los extractos omiten algunos detalles para evitar la identificación de las víctimas. 

Los dos niños presenciaron el asesinato de su padre, que ocurrió dentro de su casa. Estos actos de violencia han afectado emocionalmente al núcleo familiar y han causado traumas psicológicos. En 2022, uno de los niños, de 8 años de edad, verbalizó ideas asociadas a la posibilidad de acabar con su vida en repetidas ocasiones, intentando en dos ocasiones autolesionarse. Estas verbalizaciones y conductas se manifiestan, según lo que le explicó a su abuela, con el fin de ‘reencontrarse con su papá’, señaló uno de los testimonios de ejecuciones extrajudiciales. 

Las denuncias también incluyen opiniones sobre la necesidad de que la CPI investigue de forma independiente. Alegaron que las autoridades venezolanas no les han dado respuesta a las víctimas. 

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“Mi hijo fue asesinado durante una manifestación pacífica, como consecuencia de la excesiva represión por parte de la policía que los consideraba opositores y en consecuencia enemigos y dispararon contra personas desarmadas e indefensas. Mi hijo recibió un disparo en la espalda. Además, la oficina del gobernador ordenó a la clínica que no atendiera a ninguna persona herida en la manifestación, lo que provocó la muerte de mi hijo”, señaló otra de las denuncias.

Algunas de las víctimas mencionaron que además de los hechos que denuncian hay una serie de situaciones en el país que les impide vivir con tranquilidad como la persecución política, la inseguridad, la crisis económica y social. 

Mientras escribo, me emociona contar mi historia y revelar lo que me ocurrió a mí, a mi familia y a mis amigos, por una vez olvido que no he comido y que tengo mucha hambre, no se lo deseo a nadie, la muerte es preferible a nuestra situación actual”, dice un testimonio.
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