- La respuesta gubernamental se dio luego de que el embajador de Guatemala en México solicitara la reparación para los deudos de los migrantes de su país que murieron en el hecho
El gobierno mexicano se comprometió a garantizar la reparación de daños a los familiares de los migrantes que murieron en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, informó el secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López.
El hecho ocurrió el 28 de marzo de 2023, cuando al menos 40 migrantes quedaron atrapados entre el humo y las llamas. El recinto era utilizado como centro de detención para extranjeros que mantenían encerrados tras las rejas con candados.
Quienes escaparon del fuego denunciaron hacinamiento, falta de agua y comida, así como extorsiones por parte de los funcionarios de migración.
López explicó que a través de la subsecretaría de Derechos Humanos y de la Comisión de Atención a Víctimas se entablará la comunicación con las familias para garantizar una respuesta oportuna.
La acción se dio luego de que el embajador de Guatemala en México, Marco Tulio Chicas Sosa, solicitó al gobierno mexicano la reparación del daño para los deudos de 19 migrantes guatemaltecos que murieron en el incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM).
El secretario afirmó que desde que tuvieron conocimiento de los hechos las autoridades prestaron auxilio tanto a los familiares de quienes fallecieron como a los heridos.
Sostuvo que hasta ahora permanecen hospitalizados nueve migrantes, y en la atención de esas personas intervinieron diversas dependencias del gobierno federal.
Procesos judiciales contra autoridades migratorias de México
Un juez federal decidió el 25 de abril de 2023 iniciar un proceso judicial contra el director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Antonio Molina.
El director es acusado por el ejercicio ilícito del servicio público, de acuerdo con datos suministrados por el Consejo de la Judicatura Federal.
El juez solicitó que se le impida a Molina la salida del país y determinó que debe presentarse mensualmente ante las autoridades. Asimismo, concedió cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria que adelanta la Fiscalía de ese país.
En la audiencia, una fiscal federal declaró que el centro donde ocurrió el incendio no tenía las condiciones para albergar a los migrantes y que Garduño tuvo acceso a esta información, reseñó La Verdad de Juárez.
Según el Código Penal Federal mexicano el delito de ejercicio indebido de funciones acarrea castigos que van de uno a siete años de cárcel.
Con información de EFE
