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- La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela y Prepara Familia instaron al Estado venezolano a reanudar el sistema de procura de órganos y tejidos, el cual está por cumplir seis años paralizado. Aunque se han hecho operaciones piloto en algunos centros de salud, advierten que es insuficiente para cubrir la demanda
La emergencia humanitaria compleja de Venezuela se mantiene vigente en muchas áreas, y quizás una de las más afectadas en la actualidad sigue siendo el sector salud. Entre sus problemas y carencias, la suspensión del Programa de Procura de Órganos pone en peligro la vida de miles de pacientes cada año.
La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV) y la organización no gubernamental Prepara Familia exigieron el 16 de mayo que se reactive este programa en todo el país. Durante una presentación organizada por el Observatorio Social Humanitario, indicaron que esto pasa también por invertir en el reacondicionamiento de los hospitales y capacitación del personal médico.
“Parece que nos hubiéramos quedado suspendidos en el tiempo. Las mismas denuncias que hacíamos en el año 2017 siguen teniendo vigencia ahora”, declaró Katherine Martínez, directora de Prepara Familia.
Precisamente el 1° de junio se cumplirán seis años de la suspensión del Programa de Procura de Órganos. Entre 2017 y 2022, Prepara Familia ha contabilizado la muerte de 75 menores de edad por enfermedades renales crónicas. De igual modo, tres han fallecido en el Hospital J.M. de los Ríos, en Caracas, en lo que va de 2023. Esto de acuerdo con el monitoreo hecho por la organización, pues Martínez lamentó que, debido a la opacidad informativa de las autoridades, no existe un registro oficial de cuántas personas mueren anualmente por complicaciones renales en el país.
Centros reducidos
Anabela Arminio, asesora médica de la ONTV, indicó que desde noviembre de 2021, el régimen de Nicolás Maduro ha hecho algunos esfuerzos por reactivar el programa a través del Plan Nacional de Trasplante Renal. Desde entonces, solo se han realizado este tipo de operaciones en la Clínica Popular de El Paraíso, en Caracas. Aunque inicialmente también se incorporó el Hospital Coromoto de Maracaibo, Zulia, ahora se realizan solo en la capital.
El 30 de noviembre de 2022 también fue una fecha clave, pues se realizó el primer trasplante tras varios años en el J.M. de los Ríos. Ángel Da Silva, de 17 años de edad, recibió un riñón donado de su madre, como parte de un programa piloto para pacientes pediátricos.
Igualmente, en la Clínica Popular de El Paraíso se han realizado 26 trasplantes exitosos. Sin embargo, para los activistas esto no es suficiente. Arminio recordó que en el pasado existían muchos más hospitales habilitados para hacer este tipo de intervenciones, pero tras la suspensión del programa perdieron condiciones, en parte también por sus propias carencias internas. Aun así, consideran que el Plan Nacional de Trasplante Renal debe expandirse a más centros de salud a lo largo del país.
“Hacer una que otra operación no es la respuesta, la respuesta es contar con un sistema de salud que permita reactivar el programa”, completó Martínez.
Trasplantes vivos
La directora de Prepara Familia aseguró que, pese a estos esfuerzos, todavía se considera que el Programa de Procura de Órganos está lejos de reactivarse. Una muestra de ello es que todos los trasplantes realizados han sido de donantes vivos.
Este tipo de trasplantes tenía 13 años paralizados para 2022, cuando comenzaron los problemas de suministro de inmunosupresores en el país, medicamento necesario para que el cuerpo del paciente no rechace su nuevo órgano. No obstante, Arminio señala que el programa funcionaba con donantes fallecidos, lo cual hace más fácil para los pacientes tener acceso a los trasplantes.
“Este programa es muy importante porque no todos los pacientes tienen disponibilidad de un donante vivo para poder ser trasplantado. La ley venezolana permite un donante vivo de la familia hasta quinto grado de consanguinidad”, indicó. Y aunque resaltó que el Ministerio de Salud ha sido flexible con el grado de parentesco de los donantes, igual se requiere de una serie de estudios y protocolos que lo vuelven más complicado que al emplear cadáveres.
De hecho, este sistema es necesario para trasplantar otros órganos que actualmente no se procuran en el país, como hígado, pulmones o corazón. Por ese motivo, tanto Arminio como Martínez solicitaron al Estado venezolano específicamente que se reactivan los trasplantes de órganos de personas fallecidas.
Problema integral
Martínez aseguró que actualmente la mayoría de los centros de salud de Venezuela no están en condiciones para hacer trasplantes de órganos. Explicó que la mayoría no cuenta con laboratorios o equipos de imagenología funcionales, además de tener severas carencias en servicios tan básicos como suministro continuo de agua o comidas balanceadas (los pacientes trasplantados requieren de una dieta especial estricta).
“Necesitamos que el Estado invierta en políticas públicas claras. No se pueden hacer operaciones de alto nivel en un hospital venezolano en las condiciones en que se encuentran actualmente”, apuntó.
Agregó que las fallas en el suministro de agua también afecta a los pacientes renales que se encuentran en salas de diálisis. Indicó que la mayoría sufre, además de sus familias, debido a otros factores vinculados también a la emergencia humanitaria compleja, como dificultades para conseguir alimentos o para movilizarse hasta los centros de salud, que en muchos casos tampoco cuentan con ambulancias.
Arminio suma a esto el déficit de personal médico y enfermeras, quienes han renunciado por los bajos sueldos y pésimas condiciones laborales. Acotó que muchos de los especialistas en trasplantes en el país han emigrado, por lo que otro reto que deberá asumir el Estado para reactivar el programa será el entrenamiento de personal nuevo, así como la recapacitación de quienes aún siguen ejerciendo.
Responsabilidad del Estado
Debido a la falta de datos oficiales, Martínez dijo que no se sabe con exactitud cuántas personas requieren trasplantes de órganos en Venezuela. Sin embargo, conteos independientes hechos por diferentes ONG estiman que actualmente existen alrededor de 7.000 pacientes en diálisis. De ese total, calculó que aproximadamente el 40 % podría ser candidato a recibir un trasplante.
Aunque desde el régimen de Nicolás Maduro la versión oficial sobre la paralización de los trasplantes apunta a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, la verdad ya el proceso venía dando tropiezos desde mucho antes. En 2001, el Estado venezolano había delegado la administración del Programa de Procura de Órganos a la ONTV. Sin embargo, en mayo de 2014 se creó la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene). Entonces la administración del programa pasó a manos del organismo, adscrito al Ministerio de Salud.
Desde ese momento se registró una caída en el número de intervenciones, debido a irregularidades en el suministro de inmunosupresores. El 1° de junio de 2017, Fundavene informó sobre la suspensión del programa debido a que las reservas de estos medicamentos se habían agotado. Arminio recordó que en ese momento, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) prometió que en tres meses se normalizaría el suministro, pero eso nunca ocurrió.
Aseveró que es responsabilidad del Estado garantizar la dotación de medicamentos al Sistema de Salud Pública, sobre todo de los más indispensables, como inmunosupresores. Esto pues para los ciudadanos la adquisición de estas fórmulas por su cuenta resultaría imposible debido a su precio y dificultad para conseguirlas. Un caso similar ocurre con la procura de órganos. Martínez afirmó que en centros de salud privados un trasplante de hígado puede costar alrededor 75.000 dólares, lo cual está fuera de las posibilidades de la gran mayoría de venezolanos.
Leyenda urbana
Arminio añade que, una vez se reactive el Programa de Procura de Órganos, será necesario realizar una gran campaña de concientización sobre los beneficios de ser donante de órganos. Principalmente porque, a su juicio, en la sociedad venezolana hay un gran tabú sobre el tema.
La Ley sobre Trasplante de Órganos y Materiales Anatómicos en Seres Humanos, en su artículo 27, establece: “Toda persona mayor de edad, civilmente hábil, a quien se le haya diagnosticado la muerte, se presumirá donante de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, salvo que existiese una manifestación de voluntad en contrario”.
Este artículo en específico generó rechazo en su momento dentro de algunos sectores, quienes cuestionaron la imposición. Arminio se refirió también a varias leyendas urbanas que surgieron sobre este punto, en el que se hablaba de pacientes asesinados en los hospitales para extraer sus órganos. Indicó que, a parte de ser mentira, esto ha provocado que muchas personas se nieguen a la ablación de sus familiares fallecidos, dejando a muchos pacientes sin oportunidades de ser operados.
“Me da mucho dolor que un paciente se quede esperando solo porque una persona escuchó ese mito, lo creyó, y decidió que sus familiares no serían donantes”, dijo.
