Email
- El mayor número de casos involucra a los medios y trabajadores de la comunicación, según datos de un informe de Cepaz
Alrededor de 523 casos de “persecución y criminalización” fueron documentados en 2022 contra trabajadores de medios de comunicación, activistas sindicales, trabajadores públicos y personas vinculadas a la política, de acuerdo con el balance anual del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) difundido este 24 de mayo.
“Los datos recabados en el informe de cierre del año pasado, demuestran, una vez más, que estos actos forman parte de una política de Estado aplicada con el fin de garantizar la permanencia en el poder de Nicolás Maduro”, sostuvo la organización en una nota de prensa.
En el mes de junio se reportaron al menos 125 casos, donde se emitieron órdenes de aprehensión contra agentes de la Fuerza Armada Nacional. Esta acción, según la ONG, dejó en evidencia “el control que ejerce el gobierno sobre las instituciones y las fuerzas de seguridad del Estado”.
46 % de las víctimas son trabajadores de la prensa
Por su parte, en octubre se ejecutó el cierre de 57 emisoras de radio, demostrando la tendencia a la persecución a los medios y los trabajadores de la comunicación. El patrón más utilizado son “las amenazas y el hostigamiento”.
“Los trabajadores de la comunicación fueron las personas más perseguidas durante el año 2022, con un total de 239 casos documentados, que representan el 46 % del total de las víctimas”, añadió Cepaz.
Asimismo, los trabajadores públicos, familiares de perseguidos y activistas sindicales vieron vulnerados sus derechos con 148 casos, que representan el 28 % de la muestra.
En el caso de las personas vinculadas a la política, fueron la tercera categoría de personas más perseguidas, con 106 casos (aproximadamente un 20 %), seguido de las ONG y personas defensoras de derechos humanos con 24 casos, lo que representa un 5 %.
Del total de casos reportados, 259 fueron contra hombres (49 %) y 68 fueron contra mujeres (13 %).
¿Quiénes son los victimarios?
Sobre los victimarios, la organización dijo que en el 38 % de los casos están involucradas las fuerzas de seguridad del Estado, y en segundo lugar las instituciones y funcionarios públicos (32 %).
La ONG pidió poner fin a los actos de persecución y criminalización, así como que se investigue y se sancione a cada uno de los responsables, “tanto a los perpetradores como a las cadenas de mando”.
Delitos de lesa humanidad
De acuerdo con Cepaz, los actos de persecución y criminalización documentados constituyen una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales de las víctimas, puesto que vulneran derechos como la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación, entre otros derechos y libertades.
“En Venezuela parecen existir bases razonables para suponer que la política de persecución y criminalización se ha cometido en conjunto con otros crímenes de lesa humanidad, como, por ejemplo, asesinatos, encarcelamientos, torturas y violaciones sexuales”, detalló el documento.
La ONG indicó que en 2020 la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó un exhaustivo informe donde concluyó que las autoridades venezolanas habían cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo el delito de persecución.
Pese a que la Corte Penal Internacional (CPI) aún no ha determinado la responsabilidad por motivos del crimen de persecución, la Fiscalía informó que existen fundamentos razonables para creer que en el país se cometió el crimen de persecución fundada en motivos políticos desde abril de 2017.
A su vez, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos reconoció en sus informes escritos y actualizaciones orales la existencia de actos sistemáticos de persecución y criminalización ejercidos por el régimen de Nicolás Maduro.
También, Cepaz mostró su preocupación por la “falta de independencia del sistema de justicia venezolano” que no ha determinado la responsabilidades penales de las personas que ocupan los niveles superiores de la cadena de mando y de los que se presume que han sido partícipes de violaciones a los derechos humanos.
Con información de EFE
