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- Obreros de la planta Casima aseguraron que han enviado 15 comunicados a las nuevas autoridades y denunciaron que continúan las irregularidades en la administración de la empresa estatal. Sin embargo, no han obtenido respuesta, mientras los despidos y recortes salariales se mantienen
A más de un mes de la intervención de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) por parte del régimen de Nicolás Maduro, sus trabajadores dicen haber perdido la esperanza en que se produzca algún cambio positivo. Durante ese tiempo, obreros del Complejo Siderúrgico Nacional (CSN) en Casima, estado Bolívar, han enviado a la junta interventora alrededor de 15 comunicados, entre físicos y digitales, sin obtener ninguna respuesta.
Desde noviembre de 2022, los trabajadores de la planta, dedicada a la fundición y producción de palanquillas de acero, han denunciado el continuo acoso laboral que sufren por parte de sus directivos. Esto sumado a la suspensión de sus prestaciones y beneficios laborales, recortes de sueldos y la exigencia de pagar horas extras no remuneradas.
“Acá en la planta hay abusos, terrorismo, maltrato contra los trabajadores. El principal ejecutor ha sido el gerente general de operaciones, Juan Díaz. De esto está al tanto la junta interventora y no hace nada por sanear, poner orden y devolver la paz a los trabajadores”, dijo un vocero de los trabajadores al periódico Correo del Caroní.
Precariedad laboral
A lo largo de sus comunicados, los obreros de la planta Casima señalan que la directiva ha continuado con sus políticas de acoso y explotación, además de reprimir a aquellos quienes alcen su voz. Declararon al Correo del Caroní que en el último año se han registrado 34 despidos injustificados. Otros 4 fueron expulsados de la planta y 3 tienen medida de separación de cargo en la Inspectoría del Trabajo.
Igualmente, indicaron que el departamento de Recursos Humanos les suspendió la mitad de sus sueldos luego de realizar una protesta en abril. También les quitaron otros beneficios como la bolsa de alimentos, cuya entrega ya presentaba irregularidades desde junio de 2022.
“Parece que la junta no está acá para aportar soluciones, también son parte del problema pues no hacen nada para acabar con tanta injusticia. Consideramos que el dinero que se nos ha descontado de nuestro sueldo es un robo, esa plata deben reponerla inmediatamente”, reclamaron.
En noviembre de 2022, encabezaron también una protesta para exigir el pago de sus horas extras. Además de ser reprimidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fueron despedidos arbitrariamente cuatro trabajadores. Indicaron que en esos casos, la Inspectoría del Trabajo suele ponerse del lado de los patrones y actuar como “brazos ejecutores”. También los han amenazado con enviarlos a prisión si continúan con sus manifestaciones.
Falsas expectativas
A finales de marzo de 2023, el régimen de Nicolás Maduro tomó las instalaciones de la CVG en Bolívar y anunció su intervención. El presidente de la compañía, Pedro Maldonado, fue detenido junto a otros funcionarios como parte de un operativo de la Policía Nacional contra la Corrupción.
Precisamente unos días antes, sindicatos obreros habían difundido un comunicado pidiendo al Ejecutivo investigar las irregularidades cometidas durante la gestión de Maldonado. En abril se anunció una nueva junta presidida por Héctor José Silva Hernández, por lo que los trabajadores de la CVG Refractarios realizaron una nueva manifestación para exigir su presencia en el lugar y manifestarle sus inquietudes.
Así, la planta de Casima fue la primera que la nueva directiva visitó, el 28 de abril. En la reunión estuvo presente el vicepresidente de la junta, Alexis Rodríguez Cabello. Frente a él, los obreros pidieron realizar una auditoría de la CSN, además de investigar a la directiva, la cual era cercana a Maldonado. Rodríguez Cabello tomó nota de cada denuncia y se comprometió con darles respuesta.
Un mes después, la antigua directiva de Casima no solo sigue allí, sino que les recortó los sueldos por eso. Y luego de varias cartas enviadas por correo, e incluso dejadas en las oficinas centrales de la CVG, ya no esperan nada de la junta interventora.
Hospital paralizado
Casima no es el único lugar donde la nueva administración ha tenido que atender denuncias. A mediados de abril, el personal médico del Hospital Clínico de Trabajadores Dr. José Gregorio Hernández, dependiente de la CVG, indicó que el centro corría riesgo de paralizarse, ya que la empresa les debía tres meses de honorarios.
Esto sumado a que las obras de reparación y rehabilitación del hospital se suspendieron en diciembre de 2022 por impagos a la contratista. De acuerdo con Correo del Caroní, las áreas afectadas fueron la emergencia de la planta baja, así como varios quirófanos. Por su parte, cinco especialistas habían renunciado por esa situación, entre ellos cuatro cardiólogos.
Tras la intervención, el gerente general de Salud de la CVG, Marcelo Storino puso su cargo a la orden. Aunque la nueva junta decidió mantenerlo en funciones, sí emprendió un proceso de auditoría del hospital. En ese plazo han mantenido varias reuniones con la directiva en la que han prometido aprobar una partida presupuestaria especial para pagar los honorarios adeudados, así como dotar al centro de insumos.
Los médicos solicitan ser incluidos en estas reuniones, pues consideran que la junta no ha dado una respuesta oportuna luego de hacer esas promesas. Aseguran que la única razón por la que todavía van al hospital es para atender a los pacientes que los necesitan. “Nosotros no producimos acero, pero tratamos de garantizar salud”, indicaron.
