• Los registros comprenden 298 hechos de estigmatización, intimidación y hostigamiento, amenazas, ataques digitales, judicialización, detenciones “arbitrarias” y otros cuatro no especificados. Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

En Venezuela se registraron 524 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos en 2023, un aumento del 32 % con respecto a 2022, cuando se documentaron 396, denunció este miércoles 24 de enero la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) en su informe anual.

Del total, 394 agresiones fueron contra organizaciones y las 130 restantes contra “personas defensoras de derechos humanos”, indicó la ONG.

Según el informe, el año pasado estuvo marcado por una “profundización de la política de criminalización” y un “aumento de las acciones represivas y de control a las organizaciones y personas defensoras”.

En este sentido, señaló que aumentaron las “vulneraciones a los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa” de DD HH.

Fue un “año de amenazas, hostigamiento, intimidación y uso de la persecución penal como mecanismos para criminalizar y atemorizar a la sociedad civil”, subrayó la ONG.

Según estos registros, 298 fueron hechos de “estigmatización”, 133 de intimidación y hostigamiento, 67 amenazas, 10 ataques digitales, 8 de judicialización, 4 detenciones “arbitrarias” y otros cuatro no especificados.

Sobre los responsables, el CDJ señaló a funcionarios públicos en 223 casos, medios de comunicación estatales en 109, personas o agrupaciones “afectas a los intereses políticos del Estado” y “afiliados al (gobernante) Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)” en 93, a instituciones públicas o entes gubernamentales en 75 y a “organismos de seguridad” en 24 de los hechos.

La organización advirtió que en la medida en que se acerquen las elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de este año, aún sin fecha definida, aumentarán “las restricciones al espacio cívico y democrático”, así como la “criminalización, la represión y el control social a la sociedad civil”.

Además, alertó de la elaboración, por parte de la Asamblea Nacional de 2020, de un proyecto de ley para fiscalizar a las ONG, que tiene el objetivo, según el CDJ, de “limitar y obstaculizar el trabajo” de la “sociedad civil en general”.

ONG de Venezuela en “grave riesgo”

El viernes 19 de enero, Amnistía Internacional (AI) emitió una alerta por el “grave riesgo para las ONG de Venezuela”, ante la “inminente” aprobación del proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de estas organizaciones y cuya discusión fue retomada la semana pasada por la Asamblea Nacional de 2020.

Denunciaron que ataques contra defensores de DD HH en Venezuela aumentaron un 32 % en 2023
La aprobada junta directiva de la Asamblea Nacional de 2020, donde se discute aprobar el proyecto de ley contra las ONG. Foto: EFE
La Asamblea Nacional (de contundente mayoría oficialista) retomó el tratamiento de un proyecto de ley que busca restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela”, detalló en ese entonces AI en su cuenta en X.

De aprobarse, prosigue el escrito, “todas las ONG tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Dichas medidas violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus personas beneficiarias en grave riesgo de criminalización y represalias”.

La organización compartió una carta enviada al presidente de la AN oficialista, Jorge Rodríguez, en la que le manifiesta su preocupación ante el reimpulso a este proyecto, preaprobado en enero de 2023, pero aún en espera de una discusión pormenorizada para su aceptación definitiva, que tendrá lugar luego de una consulta pública que inició el pasado 9 de enero.

AI urgió a la AN a que “ponga fin de inmediato” a este proyecto de ley”, así como a “todos los ataques a la sociedad civil”.

El proyecto inicial de esta ley, compartido por algunos legisladores el año pasado, contempla multas de hasta 12 mil dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

Esta propuesta ha sido rechazada, entre otros, por decenas de ONG y por la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Con la aprobación definitiva de este instrumento “se despojaría a la sociedad venezolana de sus capacidades y libertades para asistirse, organizarse, expresarse, defender sus derechos, participar en asuntos públicos y acudir a la solidaridad, protección y cooperación internacional”, advirtieron -en febrero de 2023- unas 400 ONG en un comunicado conjunto. 

Con información de EFE

Noticias relacionadas