• De acuerdo con el texto, los responsables cumplirán 10 año de cárcel, más una fianza por cometer este delito

La Cámara Baja del Parlamento de India, Lok Sabha, aprobó el 6 de febrero un proyecto de ley que establece penas de hasta 10 años de cárcel y fianzas por hacer trampas en exámenes y pruebas de acceso público, en un intento por frenar esta extendida práctica en el país asiático.

El proyecto de ley, que todavía necesita la aprobación de la Cámara Alta, tiene como objetivo frenar las filtraciones, los vicios y las malas prácticas organizadas en los exámenes de contratación y pruebas de acceso gubernamentales, según indicó el gobierno indio precursor del borrador de la norma.

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La Ley de Exámenes Públicos (prevención de medios desleales) contempla penas de entre tres a cinco años de prisión para estudiantes que utilicen medios desleales o fraudulentos para sus pruebas.

Las personas involucradas en grupos organizados para la venta de exámenes o crímenes para vulnerar el sistema de evaluación se enfrentarán a cinco a 10 años de prisión y una multa mínima de unos 12 mil dólares.

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Parlamento de la India aprueba proyecto de ley para encarcelar a quienes hagan trampa en exámenes públicos: de qué trata la medida

Una lucha de larga data en India

La trampa masiva en pruebas escritas para la admisión a cargos y públicos o gubernamentales es una práctica extendida que las autoridades indias han tratado de evitar pese a la ausencia de mecanismos jurídicos que ayuden a atajar estos casos.

“No existe una ley específica a nivel nacional para abordar los medios injustos adoptados o los delitos cometidos por personas, grupos organizados o cualquier otra organización que afecte negativamente la realización de exámenes públicos”, dijo el lunes 5 de enero durante la presentación del proyecto el viceministro de Reclamaciones Públicas, Jitendra Singh.

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El gobierno del estado norteño de Assam ordenó en agosto de 2022 el corte de Internet en varias zonas donde se llevaba a cabo un examen de contratación para ocupar casi 30 mil puestos de trabajo gubernamentales, al que acuden más de un millón de estudiantes.

El país asiático reporta todos los años casos de arrestos, filtraciones de cuestionarios o repeticiones de pruebas escritas tras descubrirse las trampas, que a menudo implican a centenares de personas.

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Muchos estados han tenido que cancelar o no han podido declarar los resultados de sus exámenes públicos debido al impacto adverso de prácticas y medios desleales adoptados por elementos criminales antisociales”, alertó el viceministro.

Por lo tanto, consideró que es imperativo que los elementos, tanto dentro como fuera de los sistemas de examen, que explotan estas vulnerabilidades sean identificados y tratados eficazmente mediante una legislación central integral.


Con información de EFE

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