• La Administración del presidente Joe Biden anunció la medida a través de un mensaje enviado al Congreso

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió el martes 5 de marzo un mensaje al Congreso en el que informa que su país extiende la Orden Ejecutiva 13692, en la que se declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”.

El documento aclara que la Sección 202 de la Ley de Emergencias Nacionales establece la terminación automática de una emergencia nacional a menos que, dentro de los 90 días anteriores a la fecha de aniversario de su declaración, el presidente informe sobre su continuación.

“La situación en Venezuela continúa planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Por esta razón, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692 con respecto a la situación en Venezuela”, detalla el texto.

De esta manera, la orden “se extenderá más allá del 8 de marzo de 2024”.

Decreto de Obama

En el año 2015, el entonces presidente Barack Obama firmó la orden ejecutiva en la que declaraba una “emergencia nacional” por la amenaza “inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y a la política exterior causada por la situación que se vivió en Venezuela durante las protestas antigubernamentales de ese año.

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A través de estas sanciones, se congelaron bienes y cuentas bancarias de oficiales y altos funcionarios del gobierno a los que se les prohibió además ingresar a EE UU o hacer negocios con ciudadanos estadounidenses.

Estamos comprometidos por hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, al proteger las instituciones democráticas y el sistema financiero de EE UU de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela”, indicó el gobierno estadounidense.

La Casa Blanca explicó en ese momento que se trataba de un procedimiento “legal normal” que había sido usado en otros países como Irán, Siria y Birmania.

En 2016 el presidente Nicolás Maduro pidió que no prolongaran las sanciones. Sin embargo, la Administración de Obama no accedió a la solicitud y las extendió por un año más, tras considerar que durante ese año se mantuvo  la persecución contra políticos opositores; y las limitaciones a la libertad de prensa y a los derechos humanos.

En 2018, Estados Unidos aumentó la presión sobre Venezuela a mandos militares a los que acusó de “corrupción y represión”. Tras la reelección de Maduro ese año, el entonces presidente Donald Trump prohibió a las empresas estadounidenses y a todos los ciudadanos del país comprar bonos o títulos de deuda del gobierno venezolano.

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En 2019, Trump firmó  una orden ejecutiva que congelaba todos los activos del gobierno de Venezuela en territorio estadounidense.

 “(Estos activos) están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de ninguna otra manera”, expresaba la orden.

Durante el mandato de Donald Trump se firmaron seis decretos (desde agosto de 2017 a agosto de 2019) aplicando sanciones al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

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Alivio de sanciones

Con la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca, la emergencia nacional que considera a Venezuela como una “amenaza extraordinaria” se ha mantenido; aunque en 2023 EE UU alivió las sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela, luego los acuerdos alcanzados entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en Barbados.

Sin embargo, el gobierno estadounidense advirtió que “tomaría acciones” si el presidente Nicolás Maduro no cumplía con la ruta política marcada en los Acuerdos en Barbados.

Qué son los Acuerdos de Barbados

Los Acuerdos de Barbados son un pacto firmado el 17 de octubre de 2023 entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.

En este pacto, las  partes acordaron que la elección presidencial se realice en el segundo semestre de 2024. También se solicitó una actualización del Registro Electoral dentro y fuera del país. Además, de incluir la invitación a la Unión Europea, Centro Carter y Panel de Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la observación del proceso electoral en 2024.

“Instamos a Nicolás Maduro y a sus representantes a cumplir los compromisos que asumieron al firmar el acuerdo de hoja de ruta política en Barbados”, afirmó el Departamento de Estado en 2023.

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En enero de 2024, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela cuestionó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ratificó las inhabilitaciones por 15 años contra la líder opositora María Corina Machado y el exgobernador de Miranda Henrique Capriles.

Indicaron que la decisión del Poder Judicial “socava” la realización de unas elecciones presidenciales justas y competitivas en Venezuela y anunciaron que el gobierno estadounidense revisaría su política de sanciones contra el gobierno venezolano.

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“La decisión del TSJ de Venezuela de mantener las inhabilitaciones de María Corina Machado y Henrique Capriles socava una elección presidencial competitiva. Basado en esto y por las acciones en contra de la oposición y la sociedad civil, EE UU está revisando nuestra política de sanciones”, escribió la embajada en su cuenta en la red social X (antes Twitter) el 27 de enero.

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Foto: Cortesía

El 29 de enero, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que renovó las sanciones contra la empresa estatal venezolana CVG Minerven, dedicada a la explotación y comercialización del oro venezolano.

El portavoz del Departamento de Estado de EE UU, Matthew Miller, anunció en redes sociales el 30 de enero que “en respuesta a las acciones antidemocráticas” del gobierno venezolano, Estados Unidos “ha revocado el alivio de las sanciones para el sector del oro de Venezuela”.

El anuncio del 30 de enero sobre el sector del oro implica que todas las empresas que están realizando operaciones con la minera estatal venezolana Minerven deben liquidarlas antes del 13 de febrero, detalló el Departamento del Tesoro de EE UU en un comunicado en esa oportunidad.

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