• El presidente de Fedeunep, Antonio Suárez, explicó a El Diario las carencias que actualmente atraviesa el sector público en cuánto a su seguridad social y asistencia médica. Aseguró que urge una reforma total de los fondos para la salud y pensiones, además de las contrataciones colectivas

Venezuela pasa otro Día del Trabajador en la calle. El 1° de mayo diferentes gremios y sindicatos se concentrarán en varias ciudades del país para reiterar un reclamo que en los últimos años ha sido una constante: la exigencia de mejorar condiciones laborales y un sueldo capaz de garantizarles una vida digna.

De hecho, el tema salarial es el que ha ocupado el centro de las luchas sindicales recientemente. Actualmente el salario mínimo es de 130 bolívares, lo que equivale apenas a 3,29 dólares a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Organizaciones como la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Red Sindical Venezolana (RSV), principales convocantes de las marchas de este año, estiman que actualmente el salario mínimo debería ser de entre $200 y $500.

Sin embargo, existen otros temas que también inquietan a los trabajadores más allá del salario. Deudas pendientes que el Estado venezolano, o los patronos privados, han dejado al aire en el contexto de la crisis económica y la emergencia humanitaria compleja que sacude al país. Derechos sin cumplir que afectan la calidad de vida de los trabajadores, quienes a diario deben soportar diferentes carencias para poder cumplir sus jornadas sin ver su esfuerzo reflejado en sus beneficios de ley.

Salud

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Foto: IVSS

De acuerdo con el presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, uno de los elementos que más afecta a los trabajadores, tanto privados como estatales, es la deficiencia de sus beneficios relacionados a la salud. En entrevista para El Diario, indicó que en los últimos años han visto mermar derechos como el acceso a una asistencia médica directa, tratamientos especializados y suministro de medicamentos. 

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“Fue muy común en los años 2020 y 2021,durante la crisis del covid-19, la imposibilidad que teníamos los trabajadores de cumplir con tratamientos adecuados en la pandemia, y eso era precisamente motivado a la ausencia de un sistema de salud sólido, fuerte, que nos ayudara a superarlo”, relató.

Además del deterioro del sistema de salud público, que incluye al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) en el que cotizan todos los trabajadores indistintamente de su sector, el sindicalista señala que gran parte del problema recae en los seguros por Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM). Esto principalmente por la falta de inversión en los fondos de salud.

“Eso estaba funcionando muy bien hasta yo diría el año 2013 o 2014, cuando empezaron los problemas de tipo económico. Empezaron los seguros a no recibir recursos para aumentar la prima, y al no aumentar la prima no aumentaron las coberturas. Nos fuimos quedando en el pasado. Entonces eso sucedió con los fondos administrados, los autoadministrados y los seguros a riesgo. Bueno, hoy día nos encontramos con que esa es la mayor debilidad que tenemos. Es necesario hacer una reingeniería general de todo”, señaló.

Propuestas

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Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

Suárez afirmó que desde la Fedeunep se ha intentado llegar a un acuerdo con el Estado venezolano para recuperar la calidad de sus seguros médicos. Indica que han enviado cartas a la Vicepresidencia de la República, Ministerio del Trabajo y demás organismos. En ellas, el sindicato ha planteado sus propuestas para una reestructuración progresiva de los fondos, comenzando por los servicios esenciales como la medicina preventiva.

“En la actualidad lo que nos encontramos es con la figura de ayudas médicas que en muchos casos son decisiones unilaterales de un tercero, porque no tiene un condicionado, no tiene un contrato que regule la utilización de esa ayuda médica en la medida. Y que eso no exista entonces queda a la discreción de que te aprueben o no una ayuda por parte de un funcionario del Estado”, afirmó.

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Entre las propuestas, resalta la necesidad de hacer una “reingeniería” sobre la estructura que rige la Seguridad Social en Venezuela. El sindicalista planteó la posibilidad de un modelo similar al usado en países como Dinamarca, donde la salud es pública y los ciudadanos cuentan con una amplia cantidad de prestaciones y pensiones por vejez o invalidez, pero que son financiados tanto por el Estado como por los impuestos y contribuciones de los trabajadores. 

“Estos países tienen sistemas fuertes de seguridad social que están basados precisamente en el aporte, pero en la reinversión de esos aportes de la seguridad social que hacen los trabajadores y patronos, porque es necesario que sea un negocio rentable. Si la salud no se convierte en un negocio para los actores que intervienen, difícilmente nadie se va a involucrar”, dijo.

También propuso reformar el IVSS para que opere de forma independiente al sistema de salud público y la red de hospitales, de modo que se centre en atender solo a los trabajadores registrados allí. 

Tú puedes hacer asistencia primaria básica, después con los prestadores de salud convenir la especialización y con el Seguro Social puedes llegar a albergar incluso las intervenciones quirúrgicas. Por supuesto, todo sufragado por ese seguro, pero hay que hacerlo, hay que empezar de cero y hacer grandes transformaciones que tendrán algún costo político, pero hay que hacerlo”, opinó.

Convenciones colectivas

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Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

Para muchos gremios y sectores, la convención colectiva es el pacto primordial que rige la relación patrono-trabajador. Allí se estipulan las condiciones de trabajo y las garantías que tendrá el personal, desde sus sueldos ordenados en escalafones por jerarquía, antigüedad o nivel educativo, hasta las bonificaciones y demás beneficios previamente acordados. Todo esto con un rango de ley que hace obligatorio su cumplimiento a cabalidad.

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Suárez aclaró que, en su mayoría, las instituciones públicas actualmente cumplen con sus contrataciones colectivas. Esto a pesar de las protestas y críticas que hubo en 2022 por el  instructivo emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). Esta orden limitó los presupuestos de varios organismos, afectando sus escalas laborales y otros beneficios como las primas salariales o los bonos vacacionales, especialmente en entidades como el Ministerio de Educación o el de Salud. Las protestas por este instructivo llevaron el 15 de agosto de 2022 a la remoción del director de la Onapre, Marco Polo Cosenza, sustituido por Jennifer Quintero.

Para Suárez, el problema actualmente no radica en el cumplimiento de la convención colectiva, sino en su insuficiencia al estar anclado al salario mínimo. “La prima por antigüedad, por ejemplo, si tienes más de 22 años trabajando, es del 30 % del salario. Pero entonces, ¿A cuánto está el salario? Si el salario no aumenta, tienes el bono, por supuesto, pero esa prima antigüedad se va quedando también rezagada”, aseveró.

Por eso, al igual que la seguridad social, el licenciado en Administración resalta que la lucha actual de muchos sindicatos en el sector público se basa en una reestructuración de sus contrataciones colectivas. Indicó que es necesario establecer una mesa de diálogo con las autoridades para negociar medidas prácticas que permitan mejorar sus ingresos, al menos coyunturalmente. Por ejemplo, propone fijar el valor de las primas no solo al sueldo, sino a los bonos que paga el gobierno de Nicolás Maduro. 

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También el cambiar algunas asignaciones anticuadas como el código de vestimenta por uniformes más adecuados a la modernidad, y que los recursos ahorrados se inviertan en la capacitación de los trabajadores en nuevas tecnologías como manejo de redes sociales e inteligencias artificiales. 

Soluciones 

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Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511

A diferencia del año 2022, cuando incluso se adeudaba a los trabajadores de la salud el bono para uniformes, Suárez admitió que se han logrado algunos avances en las continuas mesas de diálogo sostenidas con el gobierno. Por ejemplo, destacó que en algunos ministerios ya se reactivaron las especialidades médicas, mientras que en el interior del país algunas instituciones han mejorado su cobertura para la asistencia primaria. Sin embargo, acotó que esto aún no es la realidad de la mayoría de trabajadores públicos. 

“Eso ha ido avanzando, hay que reconocerlo, pero no es un sistema único y universal, que esté integrado, y eso hace que alguna gente tenga un mejor servicio que otros. Yo creo que esa no es la solución, pues hay que hacer un sistema universal,que sea para todos por igual y hay que hacer grandes transformaciones”, apuntó.

Indicó que tiene expectativas sobre potenciales anuncios por parte del gobierno el 1° de mayo, pues para él, la expectativa es tan incierta como una lotería. En cambio, señala que Fedeunep continuará presionando de forma pacífica para establecer puentes de diálogo y negociación, que es donde cree que está la verdadera oportunidad de un cambio. 

“Nosotros tenemos que seguir trabajando, impulsando los cambios, impulsando reformas para poder lograr consolidar las cosas y que el país pueda mejorar en cuanto a la producción, la capacitación. En la medida que sigamos en el rumbo que estamos con el tema empresarial, con el tema de producción, nosotros vamos a mejorar los ingresos de los trabajadores”, aseguró.

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