Fiscal general confirmó la detención de Aldo Roso Vargas y Ricardo Albacete Vidal

• Tarek William Saab aseguró que ambos estarían presuntamente implicados en un plan para sabotear el sistema eléctrico de Venezuela | Foto principal: Archivo El Diario

El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó la detención de los ciudadanos Aldo Roso Vargas y Ricardo Albacete Vidal por supuestamente formar parte de una conspiración para sabotear el sistema eléctrico de Venezuela.

“Tras reunir suficientes elementos de convicción, el 9 de julio se solicitó ante los tribunales competentes órdenes de aprehensión contra Aldo Roso Vargas y Ricardo Alberto Albacete Vidal”, declaró Saab en rueda de prensa.

El funcionario añadió que también se emitieron órdenes de allanamiento a varios inmuebles ubicados en Caracas, Táchira y Mérida, y que presuntamente están vinculados a los acusados.

“Al realizar los allanamientos, se pudo verificar que estos ciudadanos tenían en su poder gran cantidad de material estratégico, perteneciente a Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec); una empresa estratégica del Estado venezolano para ofrecer un servicio básico como la electricidad”, sostuvo.

Aldo Roso Vargas fue detenido el 10 de julio en El Valle, Caracas; mientras que Ricardo Albacete fue arrestado el 11 de julio en la avenida Libertador de Caracas.

La denuncia del partido Vente Venezuela

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela denunció el 11 de julio que el empresario Ricardo Albacete fue detenido por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Albacete había hospedado a la líder opositora María Corina Machado en su casa, ubicada en el estado Táchira.

“Ricardo Albacete Vidal fue detenido por funcionarios del Sebin en Caracas, la tarde de este 11 de julio. Horas antes, le fueron allanadas sus propiedades en el estado Táchira, entre ellas, la casa donde se hospedó María Corina Machado, durante su visita a la entidad”, escribió la tolda política en su cuenta de X (antes Twitter).

El abogado penalista y defensor de derechos humanos, Omar Mora Tosta, calificó el arresto del empresario Albacete Vidal como una medida “arbitraria” y exigió su pronta liberación.

La organización no gubernamental (ONG) Un Mundo Sin Mordaza condenó el allanamiento a una de las viviendas y los galpones industriales de Ricardo Albacete y exigió al Estado el cese de las “persecuciones, detenciones y allanamientos arbitrarios de las viviendas de los ciudadanos que piensen distinto”.

Asimismo, pidió una investigación sobre el allanamiento de la vivienda donde se hospedó Machado, y exhortó al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros organismos internacionales, a “tomar nota del asunto y condenar las nombradas agresiones”.

Las peticiones del alto comisionado de la ONU para los DD HH

El 3 de julio, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó durante un diálogo interactivo con los Estados miembros del organismo su nueva actualización sobre la situación en Venezuela, en la que aseguró que la violacion de los derechos humanos en el país sigue exacerbada debido a las acciones de las autoridades venezolanas.

El alto comisionado hizo referencia a la detención de los activistas Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas, quienes no han tenido acceso a abogados de su elección para su defensa. En este sentido, exigió la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, incluyendo a Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien tiene tres años detenido “injustamente”.

“Desde mayo de 2023 hemos documentado 28 detenciones de personas con posturas disidentes. Estas prácticas deben terminar inmediatamente. Insto se realice una rendición de cuentas de las personas víctimas de represión”, aseveró.

El funcionario sostuvo que hay problemas con el derecho a un juicio justo. En este ámbito, han documentado 29 casos de personas enjuiciadas en el último año. Además, indicó que los detenidos no tienen contacto con abogados o parientes, lo que supone la perpetración de una desaparición forzada. 

“Las personas siguen siendo acusadas de cargos de terrorismo que no cumplen con las normas de derechos humanos”, añadió.