- La ONG Redes Ayuda informó ya les confirmaron a los familiares de los arrestados sobre el traslado a Yare
La organización no gubernamental (ONG) Provea denunció que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) trasladaron a un grupo de detenidos, quienes fueron arrestados durante las protestas, en tres camiones desde la Zona 7 en Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda.
El coordinador de la ONG Redes Ayuda, Luis Serrano, informó en su cuenta de X el 1° de agosto que en total trasladaron a 75 personas, todos hombres. El hecho se registró durante la noche del 31 de julio.
Redes Ayuda denunció que a estas personas se les impidió el acceso a abogados privados y las obligaron a aceptar defensores públicos.
https://x.com/akaLuisSerrano/status/1819021787125998002
De acuerdo con el Foro Penal, en la sede de las PNB en la Zona 7 de Boleíta había alrededor de 160 detenidos por protestar.
Presentación ante tribunales sin defensa privada
Miembros del Foro Penal han denunciado que las autoridades han impedido que los detenidos, en el contexto de las protestas que se registran en el país desde el 29 de julio, reciban asistencia jurídica privada.
El abogado Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en el estado Carabobo, informó el 31 de julio que hasta esa fecha había más de 100 personas detenidas durante las manifestaciones.
Aseguró que el tribunal impuso a estas personas abogados públicos.
Una situación similar reportó el 30 de julio el coordinador de la ONG en Cojedes, Néstor Gutiérrez. Denunció que las autoridades impidieron que un menor de edad fuera representado por su mamá.
Las cifras de detenidos en protestas
Entre el 29 y 31 de julio el Foro Penal ha confirmado un total de 429 personas detenidas en medio de las protestas poselectorales.
La mayoría de estas detenciones ocurrieron en el estado Anzoátegui (99), Distrito Capital (80) y Barinas.
Por su parte, el Ministerio Público contabilizó 1.062 detenciones en toda Venezuela en el contexto de las protestas que se desarrollan en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales que ofreció el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 28 de julio.
El fiscal general, Tarek William Saab, informó el 31 de julio que el Ministerio Público iniciará una investigación de cada caso. Afirmó que aquellos en los que se pruebe que no estuvieron involucrados en las protestas serán liberados, mientras que las personas que se verifique su participación, “quedarán privados de libertad por muchos años”.
