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- Aunque muchos gobiernos de izquierda en Latinoamérica suelen usar la causa indígena como bandera de sus procesos políticos, existe una contradicción entre la propaganda y la realidad de sus pueblos autóctonos. El politólogo Paulo Sosa explicó a El Diario cómo en Venezuela esta dualidad va a otro nivel, con comunidades vulnerables y al borde de la desaparición
Cada 12 de octubre enciende polémicas sobre lo que verdaderamente ocurrió en esa fecha. Del descubrimiento de América al Día de Hispanidad o de la Resistencia Indígena, es una ocasión en la que se remueven heridas que, a pesar de tener siglos de antigüedad, todavía arden en los discursos de varios políticos latinoamericanos, especialmente de aquellos con tendencias izquierdistas.
Un ejemplo de ello es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien no invitó a su acto de investidura al rey de España, Felipe VI. Esto en protesta porque el monarca no respondió una carta del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la que le proponía una ceremonia en la que España pidiera perdón por los excesos cometidos durante la conquista y colonización del territorio en el siglo XVI.
El desacuerdo generó una fuerte controversia en redes sociales. Por un lado, estaban quienes defienden la actitud de la mandataria y exigen una reparación por la desaparición de culturas autóctonas por parte del Imperio Español, en lo que muchos consideran “un genocidio”. Por el otro, quienes vieron innecesario instigar un incidente diplomático por un suceso ocurrido hace más de 500 años. Hubo también quienes señalaron la sutil ironía de exigir reivindicaciones por los pueblos indígenas, cuando sus descendientes en la actualidad siguen padeciendo los mismos problemas y marginación, ahora por parte del Estado mexicano.
Venezuela no escapa a todo este debate. Durante años, una de las banderas del gobierno de Hugo Chávez fue precisamente dar un papel estelar a la resistencia de grandes caciques como Guaicaipuro o Tamanaco, a la vez que se derribaron estatuas de Cristóbal Colón en varias ciudades del país. Su sucesor Nicolás Maduro, ha mantenido esta narrativa al emprender lo que ha llamado “la descolonización” del país, cambiando nombres de escuelas y plazas que aludían a antiguos conquistadores, e incluso cambiando los símbolos de la ciudad de Caracas.
Desplazados
A pesar de que la narrativa del oficialismo parece reivindicar la cultura indígena en sus propagandas y discursos, la realidad de estos pueblos en la actualidad dista bastante de lo que se ve en los anuncios turísticos. En entrevista para El Diario, el politólogo especializado en derechos humanos Paulo Sosa indicó que una de las mayores contradicciones del gobierno en la actualidad ha sido proyectarse como defensor de los derechos indígenas, cuando en la práctica no solo ha desatendido sus necesidades, sino que dejó sus territorios abandonados y a merced de grupos que atentan contra su propia integridad.
“Si teníamos unos pueblos que estaban aislados porque no tenían electricidad, acceso al agua o a la salud, ahora se enfrentan a una situación de conflicto armado mucho más compleja porque ahora se involucran otros actores. Entonces yo creo que el chavismo lo ha llevado mucho más allá por un tema que ha abandonado a la población y al territorio”, aseguró.
Sosa ha colaborado como investigador asistente en el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes y formador en Derechos Humanos para comunidades indígenas en los estados Bolívar y Mérida. En este sentido, indicó que un factor común que caracteriza a la mayoría de estos pueblos autóctonos es que se encuentran en zonas ricas en recursos estratégicos como el oro, carbón, diamantes o el coltán.
Esta situación ha hecho que sus poblaciones históricamente hayan estado en conflicto con sectores como ganaderos o industrias extractivistas. Sin embargo, en la actualidad se ha incluido a la ecuación la presencia de grupos irregulares como guerrillas colombianas, bandas criminales y carteles de narcotráfico que controlan minas y sectores del sur del país, con el aparente beneplácito de las autoridades venezolanas.
Todo esto ha llevado a los pueblos a ser desplazados de sus tierras, quedando expuestos no solo a la violencia armada, sino a la emergencia humanitaria compleja que se vive en el resto del país. “Es una situación de vulnerabilidad constante por el mismo conflicto por el control del territorio donde se encuentran ubicados”, dijo Sosa.
De larga data
Históricamente el Estado venezolano ha tenido una deuda pendiente con sus pueblos indígenas. Durante el siglo XX los pueblos indígenas no tenían un estatus de reconocimiento, aunque Sosa acota que con la Reforma Agraria de 1960 se beneficiaron en la delimitación de sus tierras, lo hacían bajo condición de campesinos sin una protección especial.
De hecho, la búsqueda de los gobiernos de la era democrática de progreso y modernidad en muchos casos trajo severas consecuencias para estos pueblos, más allá de la deforestación y pérdida de sus costumbres ancestrales. Por ejemplo, en 1965 se construyó un dique en el caño Mánamo, en Delta Amacuro, para un proyecto agroindustrial a gran escala. Sin embargo, esto trajo consigo la salinización de las aguas del río, lo que provocó un desastre ecológico y la pérdida de tierras fértiles usadas por la población warao. En la actualidad, el no disponer de su agricultura ha dejado a las comunidades a merced de hambrunas y crisis económicas.
Sosa reconoce que la conquista de derechos para los indígenas ha sido bastante gradual. Por ejemplo, no fue hasta la Constitución de 1999 que finalmente se les reconoció como parte de la nación, cuyas prácticas, cultura y lenguas deben ser protegidas. Menciona también la aprobación de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas de 2005.
No obstante, el politólogo resalta que el hecho de que las principales leyes de reconocimiento a los pueblos indígenas ocurrieran durante el gobierno de Hugo Chávez solo enfatiza sus contradicciones.
Instrumentalización
El especialista en Políticas Públicas y Filosofía Políticas señala que históricamente la lucha de los pueblos indígenas ha sido una de las banderas de la izquierda latinoamericana. Una casi a la par de otras como el ecologismo o las reivindicaciones de la clase obrera. Sin embargo, todo cambia una vez que aquellos grupos antisistema se convierten en gobierno, como ocurrió la denominada “maria rosa” de principios del siglo XXI, y que se reflejó en países como Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia o Argentina.
“Ya cuando se llega al gobierno, se llega a manejar el Estado, lo cierto es que la izquierda se comporta casi de la misma manera de lo que critica de parte de la derecha, porque también tiene una lógica extractivista en la que se sigue extrayendo petróleo, minerales y gas. Esa fue una de las grandes contradicciones que tuvieron todos estos gobiernos de izquierda que gobernaron en Latinoamérica desde los 2000”, asegura.
En este sentido, señala que el discurso indigenista que hasta la actualidad mantienen figuras como Sheinbaum, López Obrador o Maduro solo busca ganar simpatías entre su población u otros movimientos izquierdistas internacionales, aunque en la práctica los mismos problemas continúen. “Es una instrumentalización política de una causa para movilizar una parte de la población o de la opinión pública”, agrega.
Cambios superfluos
El 12 de octubre de 2004, un grupo de activistas chavistas realizó un “juicio simbólico” a la estatua de Cristóbal Colón ubicada en Plaza Venezuela, en Caracas. Después de declarar al explorador genovés “culpable” por su rol dentro de la conquista del Nuevo Mundo, derribaron la obra de bronce del escultor Rafael de la Cova. Luego la arrastraron hasta el Teatro Teresa Carreño, donde la bañaron en pintura roja y colgaron para exhibirla como un preso ejecutado.
Años después, Nicolás Maduro inauguró en fechas diferentes tres estatuas en el antiguo pedestal de Colón dedicadas a los caciques Guaicaipuro, Tiuna y Urimare. En 2018, la alcaldesa de Caracas, Érika Farías, retiró de la autopista Valle-Coche la estatua del León de Caracas, símbolo de la ciudad, por una estatua de Apacuana, cacica que luchó contra los españoles en los actuales Valles del Tuy. Luego, en 2020, Maduro ordenó modificar el nombre de la autopista Francisco Fajardo, mestizo hijo de una líder guaiquerí y que fungió como promotor de la coexistencia entre indígenas y blancos. Se rebautizó como Gran Cacique Guaicaipuro.
Para Sosa, todos estos actos “descolonizadores” del gobierno carecen de significado mientras los indígenas reales y de la actualidad están entre los grupos más vulnerables a la crisis humanitaria venezolana.
“Esas acciones no contribuyen en nada, o son superfluas, si no estamos ayudando de verdad al que está afectado por la situación histórica, que en este caso son los pueblos indígenas. Creo que el tema de tumbar estatuas, de cambiarle el nombre a las autopistas, a una calle, a una plaza también pasa por reconocer lo que realmente somos. No resuelve ningún problema, como dice la canción de Rubén Blades: 500 años de cotorreo y sigue el saqueo”, comenta.
Doble olvido
El politólogo relata que en 2006, activistas del oficialismo también vandalizaron la estatua de la plaza Colón de la ciudad de Mérida, en pleno casco histórico. Decapitaron su busto e incluso dañaron los relieves indígenas del pedestal. Resalta que, irónicamente, los seis pueblos indígenas que quedan en el municipio Sucre de ese estado (guazábara, quinanoque, orkas, mucumbu, cases y quinaores) están en riesgo producto de la migración y la transculturización.
“Están por desaparecer sus culturas. ¿De qué sirvió tumbar la estatua para reivindicar no sé qué causa? Si al final la cultura de nuestros pueblos ancestrales, que nos sirve para entender muchas cosas y comprender mejor nuestro pasado, nuestros orígenes y entenderlos también a ellos, está en riesgo”, añade.
No son los únicos. A pesar de que la atención mediática sobre la situación de los pueblos indígenas se ha enfocado en las comunidades de la Amazonía venezolana en los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, existen otras etnias en diferentes regiones como el Zulia, el oriente e incluso en el estado Miranda, y que hoy sufren un doble olvido: por parte del gobierno y de la población que a veces ignora por completo su existencia.
“Yo creo que es como una ignorancia inocente de parte de la misma gente, pero no del Estado. Del Estado no hay ignorancia inocente. Y lo importante es saber que tenemos pueblos indígenas, porque además están ubicados en todo lo que es nuestra frontera por tierra. Representan el 2,8 % de la población del país, más o menos unas 300 mil personas que se autodefinen así, se reconocen como pueblos indígenas, y que están bajo una situación de vulnerabilidad”, acota Sosa.
Desplazados
Sosa explica que uno de los mayores problemas que hoy enfrentan muchos pueblos indígenas es la migración de sus tierras ancestrales. En algunos casos por desplazamiento forzado por la acción de grupos irregulares, y en otros por voluntad propia debido al hambre y enfermedades que los llevan a buscar mejores condiciones de vida en zonas urbanas. De acuerdo con la asociación civil Kapé Kapé, para finales del año 2023 más de 6.500 waraos de Delta Amacuro han emigrado a Brasil, la mayoría a campamentos de refugiados en la frontera.
El investigador denucnia que al estado Táchira, en la frontera colombo-venezolana, también han llegado en los últimos años muchos indígenas de las etnias yukpa y wayuú (guajiros), desde el estado Zulia.
Señala por ejemplo, que actividades que tradicionalmente tienen mucho valor para ellos, como la agricultura o la artesanía, no son económicamente rentables en las grandes ciudades. Esto los lleva a caer en un “círculo de precariedad” por el que muchos terminan dedicándose a pedir en las calles, o son fácilmente manipulados por redes de tráfico sexual. Otros incluso, terminan trabajando en las mismas minas que contaminan sus hábitats, en condiciones precarias que organizaciones como Provea califican como esclavitud.
La verdadera reivindicación
Sosa considera que la relación de los pueblos indígenas con el gobierno de Maduro es un vivo reflejo de lo que ha sido la propia dinámica del país en las últimas décadas. “Yo creo que con quien más se ha sentado a conversar y hacer acuerdos el Estado venezolano es con los pueblos indígenas. Ya quienes más han dejado a la deriva son los mismos pueblos indígenas”, comenta.
Cita el conflicto con los indígenas yukpas de la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, quienes desde 2023 mantienen una disputa con las autoridades por el pago de sus artesanías. Sin respuesta gubernamental, han llevado su protesta a diferentes escalas, bloqueando carreteras, cerrando el paso por el puente sobre el lago de Maracaibo, e incluso viajando a Caracas para manifestar frente al Palacio de Miraflores.
Siguiendo la misma lógica de Sheinbaum y López Obrador, el gobierno venezolano tiene muchos motivos para pedir perdón a los pueblos indígenas. Sin embargo, Sosa cree que la mayor reivindicaciones que hoy se puede hacer por ellos es respetar y hacer cumplir las garantías establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
Asevera que allí están contemplados todos los derechos en cuanto al reconocimiento y delimitación de sus tierras, derechos civiles y políticos y protección de su cultura e idioma. Sin leyendas negras ni revisionismos del pasado, el investigador apela al futuro, y a las tareas pendientes que una eventual transición democrática deberá atender también en esta materia.
“La prioridad en un proceso de transición que pueda venir es la ocupación y el uso del territorio de manera debida, en conjunto con los pueblos y las comunidades indígenas. El mayor problema hoy en día es el abandono total por parte del Estado de esos territorios, dejándolos sin atención de servicios públicos, a merced de grupos armados, de enfermedades y hasta catástrofes naturales”, apunta.
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