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  • El hijo del diplomático, Alejo Morodo, acordó una pena de dos años y medio de cárcel por el mismo delito 

El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo aceptó el 14 de octubre una condena de 10 meses de prisión por el delito contra la Hacienda pública de ocultación de ganancias de casi 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo, Alejo, en negocios con Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre 2013 y 2014.

En la presentación, que comenzó en la Audiencia Nacional española, Alejo Morodo aceptó una pena de dos años de cárcel por el mismo delito que su padre, en virtud de un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación ejercida por el colectivo Manos Limpias.

La Fiscalía pedía tres años y medio de cárcel para Raúl Morodo y ocho años y medio para su hijo, pero finalmente rebajó su solicitud en virtud de dicho pacto, al aplicarles las atenuantes de confesión de los hechos y de reparación del daño, por haber ingresado ambos un total de 1.410.000 euros de la deuda contraída con la Hacienda española.

Las penas asumidas por Morodo y su hijo Alejo no suponen ingreso en prisión, pero la esposa de este último, Ana Catarina Varandas, para quien la Abogacía del Estado retiró la acusación, se enfrenta a una petición de la fiscalía de ocho años y medio de cárcel y sigue también acusada de dos delitos fiscales por Manos Limpias, un autodenominado sindicato con un largo historial de denuncias por corrupción, la mayoría archivadas.

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Foto: EFE

De esta forma, el juicio continuará respecto a Varandas, que manifestó ante el tribunal que no se declara culpable de dichos delitos.

Decomiso de ganancias de PDVSA

De acuerdo con la sentencia, seguirá siendo objeto del juicio la petición del fiscal de decomiso de ganancias supuestamente obtenidas de manera ilícita por Alejo Morodo en 2011 y 2012 por más de 340 mil euros y de un inmueble de Madrid, ya que es una cuestión que no ha sido incluida en los acuerdos de conformidad.

En el marco de los mismos, Manos Limpias retiró las acusaciones de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal para todos los acusados.

En su escrito de acusación, la fiscal relata que Raúl Morodo entabló relaciones con altos cargos de Venezuela entre 2004 y 2007, cuando ejerció de embajador de España, en la época en la que el presidente del gobierno español era José Luis Rodríguez Zapatero.

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Añade que aprovechándose de esta circunstancia, su hijo Alejo inició en 2007 una supuesta relación contractual con PDVSA para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional presuntamente falsos, que se extendió hasta 2014 y que le generaron cuantiosas rentas.

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Foto: EFE

“Interpuso tres empresas instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo así tributar sus rentas por el IRPF -Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas- para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el impuesto de sociedades”, explicó la fiscal sobre el caso de Alejo Morodo.

Agregó que Raúl Morodo y Ana Varandas participaron de la ilícita actuación y el exembajador, además, también ocultó a la Hacienda pública las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades.

Sistema fraudulento

El dinero supuestamente se blanqueó mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador y dos socios venezolanos; uno de ellos, Juan Carlos Márquez, quien fue hallado ahorcado en su domicilio en Madrid, en lo que fue considerado un suicidio, poco después de prestar declaración en la Audiencia Nacional por estos hechos.

El sistema empleado por el hijo del exembajador y en el que habrían participado los otros acusados consistió en usar tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente los supuestos servicios de asesoramiento legal y consultoría que habría prestado entre 2011 y 2014. 

La actividad prestada para PDVSA, según la Fiscalía, le reportó más de 6,6 millones de euros, “de los que en parte” se benefició Raúl Morodo.

Anticorrupción describe a lo largo de su escrito el sistema de cobro de fondos de PDVSA por las empresas “interpuestas” de Alejo Morodo y el cruce de transferencias entre estas y su padre, y también menciona la sociedad que ambos crearon en 2007, Morodo Abogados, “carente de medios personales y materiales, así como de actividad comercial” con idéntico fin de interponerla para desplazar la carga fiscal.

Esta sociedad declaró entre 2013 y 2014 ingresos por 467, 832 euros “desconociéndose” los servicios que prestó, señaló la fiscal.

Con información de EFE

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