- La ONG instó al Estado a abstenerse de implementar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las organizaciones no gubernamentales | Foto: Provea
El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) exigió al Estado de Venezuela que cese la “criminalización” contra organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas para que puedan cumplir “libremente” con sus actividades en el país.
A través de un informe difundido por la organización no gubernamental (ONG) venezolana Provea el 23 de octubre, el observatorio indicó que el Estado debe reivindicar la autonomía de las organizaciones sociales y eliminar las “restricciones y obstáculos” para que los ciudadanos puedan crear y participar en los grupos que consideren convenientes para la promoción y defensa de sus intereses y derechos establecidas en la Constitución.
Asimismo, pidió al Ejecutivo abstenerse de implementar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines -aprobado en agosto de 2024 por el Parlamento-, porque, a su juicio, representa una amenaza para el trabajo de protección de los derechos humanos y de ayuda humanitaria en el país.
Detenciones de activista por los derechos humanos en Venezuela
Odevida explicó que, en 2024, seis activistas por los derechos humanos fueron detenidos arbitrariamente y están siendo sometidos a procesos judiciales “violatorios del derecho al debido proceso”, acusados por delitos como traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, terrorismo e incitación al odio.
“Nunca en Venezuela se había detenido a defensores de derechos humanos, lo que sin duda es una señal de alerta para la comunidad nacional e internacional”, señaló la organización.
Asimismo, el observatorio subrayó que en el país se han incrementado las amenazas, intimidación y hostigamiento contra organizaciones y defensores de derechos humanos.
También, denunció que luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio se documentó un total de 20 casos de “anulación de pasaportes” a activistas, lo que considera un “patrón de represión”.
Más de 40 pasaportes anulados
La denuncia de Odevida coincide con el reporte de la ONG Laboratorio de Paz, que aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro anuló los pasaportes de al menos 40 periodistas y activistas de derechos humanos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Sin embargo, la organización aseguró que el número podría ser incluso mayor, debido al temor que sienten las personas de denunciar.
“A diferencia del asesinato o la tortura, que tienen un mayor costo político, el gobierno ha descubierto que la cancelación de pasaportes es una forma efectiva de neutralizar y silenciar las voces críticas con un mínimo esfuerzo”, explicó el codirector del Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, en entrevista con el medio británico Financial Times el 13 de octubre.
Las denuncias por anulación de pasaportes se conocieron a través de las redes sociales a inicios de agosto. De acuerdo con la ONG Aula Abierta esta práctica del gobierno, a su juicio, es una “herramienta de hostigamiento”.
“El gobierno de Nicolás Maduro ha adoptado y perpetuado una serie de prácticas represivas que limitan gravemente las libertades fundamentales en Venezuela. Entre las medidas de represión implementadas está la retención arbitraria de pasaportes, una medida utilizada como herramienta de hostigamiento”, dijo en una publicación en su página web el 7 de agosto.